Gracias a la suma urgencia que le puso el Gobierno, se espera que hoy la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados despache el Proyecto de Identidad de Género. Sin perjuicio de las opiniones a favor o en contra, resulta insólito que una iniciativa de tanta envergadura y repercusión social se discuta con tales apuros.
Muchos piensan que se trata de un proyecto de ley que se limita a permitir a las personas transgénero modificar su sexo registral; se trataría solo de evitar que sean discriminados. La verdad es que el texto de la iniciativa legal va más allá que adoptar medidas para facilitar la inserción social de las y los trans. Más bien esto último -sin duda justificado- parece un pretexto para imponer en el ordenamiento jurídico una visión única y excluyente sobre el ser humano y el papel de la sexualidad en la construcción de su identidad.
Basta leer el primer artículo del proyecto para verificar lo que afirmamos: «Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna del género, tal como la persona se percibe a sí misma». Se aclara que esta identidad «podrá o no involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos» y que «podrá o no corresponder a otras expresiones de género, tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales».
Se explica, así, que el proyecto no disponga la intervención de un juez, ni que tampoco exija diagnósticos médicos. Cualquier persona mayor de edad podrá pedir, sobre su sola palabra, que se cambie su sexo ante el Registro Civil, y que de masculino pase a femenino o viceversa. No se requiere haberse sometido a una operación de «reasignación» de sexo ni que se tenga la apariencia del sexo pretendido o que se vista conforme a él. Si el proyecto llega a ser ley, usted bien podrá pensar que está conversando con un varón, ya que su apariencia y su vestimenta corresponden a tal sexo, y para el Registro Civil su interlocutor será mujer.
Los derechos de terceros y de la sociedad no han sido suficientemente considerados. El Registro Civil, por ejemplo, corre el riesgo de perder toda fiabilidad respecto al sexo de las personas. Las relaciones de familia, que se basan en el hecho biológico de la procreación y, por tanto, en el sexo biológico, resultarán dislocadas. El proyecto solo se hace cargo del matrimonio, pero nada dice de los hijos. Si una mujer que ya tiene hijos cambia su sexo al de varón, ¿quedarán esos niños con dos padres y sin madre? Más aún, un varón trans (biológicamente mujer), que haya cambiado su sexo legal manteniendo sus órganos reproductivos, puede quedar embarazado(a) y dar a luz a un hijo, ¿será considerado padre o madre?
Pero no solo el derecho de familia quedará trastocado, sino todo el orden social que se funda en la diferencia de los sexos masculino y femenino. Piénsese en las políticas de salud pública que deben distinguir entre hombres y mujeres, en la distinción por sexo en materia de competencias deportivas, de trabajos pesados o de edades de jubilación, de beneficios para la maternidad y la lactancia, de cumplimiento de penas en recintos penitenciarios para hombres o mujeres, de colegios segregados por sexo. La reciente ley de cuotas para promover la participación de la mujer en política y otras medidas contra la llamada «brecha de género» pierden sentido si se acepta que el sexo/género depende de la autopercepción.
Es necesaria una reflexión profunda, dialogante y sin prisas para discernir un equilibrio entre la justa aspiración de las personas trans de insertarse en la sociedad sin discriminaciones y las necesidades del orden social que exigen tener en cuenta la complementaria relación entre hombres y mujeres. ¿Por qué, por ejemplo, no distinguir en el mismo Registro Civil como datos diversos el sexo (biológico) y la identidad de género (social), y acomodar los documentos de identificación a esta última, pero manteniendo para otros efectos -en los que se revele imprescindible- el sexo biológico? (El Mercurio)
Hernán Corral
