Desde hace algunas semanas que las secretarías del Senado y la Cámara de Diputados, integradas por abogados, se coordinan para hacer frente a las permanentes controversias de admisibilidad que se han suscitado en el Congreso, las que durante la pandemia han aumentado de forma considerable.
Mandatadas por las mesas de ambas corporaciones, lideradas por el diputado Diego Paulsen (RN) y la senadora Adriana Muñoz (PPD), los juristas se encuentran trabajando en la recopilación de antecedentes para armar un “banco de datos” común que les permita aunar criterios jurídicos a la hora de declarar una admisibilidad o inadmisibilidad.
Así lo confirmó a La Tercera el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros. “Dentro de las conversaciones que hemos tenido con el Senado hay varias medidas que pensamos implementar. Una de ellas es avanzar en una suerte de banco de datos, sobre distintas disposiciones de la Constitución que dicen relación con la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para ver cómo se han ido resolviendo por cada una de las cámaras las situaciones de admisibilidad o inadmisibilidad en su caso. Es decir, cuál es la interpretación que cada secretaría ha ido haciendo sobre los distintos conceptos, que son bastante genéricos dentro de la iniciativa exclusiva”, explicó.
En ese sentido, agregó que “el objetivo es buscar criterios jurídicos comunes de aplicación, basados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las interpretaciones históricas que han hecho ambas cámaras al respecto”.
Respecto de los plazos, el secretario de la Cámara Baja señaló que “estamos en los primeros pasos de cómo lo vamos a diseñar e implementar”, aunque en el Congreso señalan que la idea es que esté listo durante septiembre.
El esfuerzo entre ambas cámaras se da justo en momentos en que se ha instalado en algunos parlamentarios, de todas las bancadas, la estrategia de presionar al Ejecutivo para que patrocine iniciativas en las que ellos no tienen atribuciones. Contexto en el que ha habido, en todo caso, distintas interpretaciones, como ocurrió en el caso del posnatal de emergencia, donde el Senado terminó declarando inadmisible en segundo trámite una iniciativa que había sido aprobada inicialmente por la Cámara Baja.
Asimismo, la coordinación se da en momentos en que el anuncio del Presidente Sebastián Piñera para “perfeccionar” los criterios de admisibilidad del Congreso, tensionó la relación entre ambos poderes del Estado. (La Tercera)
