En medio de las recriminaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición, con los primeros acusando “obstrucción” en el Parlamento y los segundos una sequía legislativa de La Moneda, el domingo 8 de julio el ministro del Interior, Andrés Chadwick -en ese minuto vicepresidente de la República-, recibió en su residencia en Vitacura a un grupo de senadores de distintos partidos políticos buscando distender las relaciones.
“Quedamos de seguir conversando y fortalecer la coordinación legislativa”, resumió a la salida el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, recogiendo el tenor del encuentro en el que participaron Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI), Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y José Miguel Insulza (PS), además de Jorge Pizarro y Yasna Provoste, ambos DC.
En la residencia de Chadwick, sin embargo, hubo también otro tema sobre la mesa: cuestionamientos a la acción de la fiscalía en indagatorias vinculadas al mundo político.
De acuerdo con diversas fuentes que participaron y conocieron de la reunión, fue Chadwick el que planteó que dicha materia había sido solicitada como parte de la tabla cuando la oposición le pidió el encuentro. Otros, en tanto, afirman que el diálogo se dio más bien a nivel de “comentarios” en el curso de la conversación.
El hecho es que durante el encuentro los senadores realizaron una serie de cuestionamientos al Ministerio Público y a fiscales en particular.
En esa línea, se efectuó un crítico diagnóstico de las diligencias que comenzó a realizar la PDI -a solicitud de la fiscalía- a centros de estudios vinculados a partidos políticos, lo que algunos calificaron como una ofensiva “discriminada”.
Además, algunos parlamentarios agregaron que la fiscalía había actuado en los últimos años “dilatando” gestiones en casos que involucran a personeros políticos, perjudicando la imagen de instituciones como el Congreso Nacional.
De acuerdo con uno de los presentes, uno de los legisladores puso como ejemplo el caso del exsenador Fulvio Rossi, acusado de delitos tributarios. Esto, dos días antes de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de la defensa del exparlamentario decretando su sobreseimiento definitivo.
No fue el único caso puntual. En medio de los cuestionamientos, uno de los senadores de la ex Nueva Mayoría puso sobre la mesa el nombre del fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. “Parece asesor del ministro de Interior”, ironizó frente a Chadwick.
Semanas atrás, La Tercera había dado a conocer detalles de la relación entre el jefe de gabinete y Guerra, quienes se conocieron en 2013 cuando el fiscal se desempeñaba como autoridad regional en Iquique y se coordinó con Chadwick por la detención de tres militares bolivianos y que ahora, durante este gobierno, mantienen comunicación fluida por temas vinculados a la agenda de seguridad.
Hoy Guerra, como fiscal, lidera la solicitud de entrega de los informes de asesorías externas al Senado, en el marco de la indagatoria sobre el pago de asesorías parlamentarias, que abarca a las dos cámaras del Congreso.
La solicitud ha sido resistida por las bancadas y ha tensionado las relaciones con la mesa de la corporación que lidera Carlos Montes (PS), quien ha buscado que se liberen los informes del 2015 en adelante y no solo a partir de 2018. Montes no formó parte del grupo convocado a la casa de Chadwick e incluso su postura fue cuestionada por al menos dos de sus pares opositores, quienes aseguraron que si Guerra buscaba indagar en el Senado lo mejor era generar una interlocución con el Ministerio Público. La idea, dicen algunos, fue respaldada por el ministro del Interior.
Justamente esta semana se conoció que el abogado interno del Senado, Javier Norero, tomó contacto con la fiscalía y que la idea de dicha gestión apuntaría a institucionalizar los contactos con el Ministerio Público.
INFORME DE LA PDI SOBRE ASESORÍAS PARLAMENTARIAS
En la última semana la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) intensificó las diligencias que ha venido realizando en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en torno al pago de asesorías parlamentarias desde el 2011 al 2017, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Para la elaboración de dicho informe y los peritajes que se incorporarán a la causa, los funcionarios de la PDI trabajaron en forma paralela solicitando información en los centros de estudio que tienen mayor cantidad de prestaciones en el Congreso, así como con los asesores particulares que reciben los más altos ingresos por los trabajos solicitados.
El documento, pese a no tener una fecha determinada, debería llegar a la fiscalía en un plazo de 30 días. Por ahora, según conocedores del caso, la PDI se encuentra en el proceso de recolección de antecedentes y cruce de la información recibida.
De hecho, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) confirmó a La Tercera que el martes de esta semana entregó la información solicitada por la Bridef.
El documento tendrá las principales conclusiones de los peritajes que ha venido realizando desde mayo pasado a la fecha, los que fueron solicitadas por el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, con el objetivo de comprobar si efectivamente se configuraría o no el delito de fraude al Fisco en el uso de asignaciones parlamentarias por concepto de asesorías externas.
La indagatoria se abrió luego de que en septiembre pasado se conocieran informes elaborados por un asesor externo del excandidato presidencial y senador, Alejandro Guillier, con párrafos copiados textual de la página web del Congreso. Así, la fiscalía solicitó a ambas corporaciones todos los informes de asesorías externas del citado periodo, lo que fue acogido por la Cámara Baja -que entregó toda la información requerida-, aunque resistido por el Senado.
Fue así que el Ministerio Público optó por solicitar información relativa a contratos, respaldo de informes, facturas, boletas de honorarios, entre otros antecedentes, a los propios asesores externos de esa corporación y, asimismo, de la Cámara Baja.
Para ello -explican fuentes de la Fiscalía-, la Bridef elaboró un listado con los nombres de más de cien profesionales.
Así, en los últimos días -según fuentes del Congreso-, funcionarios de la PDI han llegado hasta los domicilios de varios asesores para solicitarles información sobre su labor, entre ellos un asesor del senador Alejandro Navarro, mientras a otros se les ha requerido el respaldo de su trabajo y otros antecedentes contables mediante correo electrónico.
Asimismo, tal como publicó El Mercurio, la PDI solicitó documentación contable e informes de asesorías a sociedades y centros de estudios que prestaron servicios a diversas bancadas y comités.
Entre ellas, además del CED, la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad, el instituto Alejandro Lipschutz, Cieplan, Centro Democracia y Comunidad (CDC) e Igualdad.
Según fuentes de la fiscalía, además se habría solicitado información al think tank ligado al oficialismo Libertad y Desarrollo. Esta información, sin embargo, es descartada desde el instituto, donde aseguran que no realizan trabajos remunerados para el Congreso y que no han sido requeridos en esta investigación.
Con todo, las diligencias de la Bridef ya se encuentran en su etapa final. Ahora, el objetivo será contrastar la información entregada por los asesores y los centros de estudios y ver si efectivamente los pagos que se hicieron tuvieron una contraprestación real.
Según fuentes de la fiscalía, lo relevante es verificar la existencia de los informes, más allá de su contenido.
Las acciones del Ministerio Público han generado inquietud entre los propios asesores y parlamentarios en el Congreso. De hecho, el Senado instruyó en los últimos días al fiscal de la corporación, Javier Norero, a solicitar una audiencia con Guerra, precisamente por esta causa. (La Tercera)
