Chile, una república solidaria

Chile, una república solidaria

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Una nueva Constitución para Chile es necesariamente un punto de inflexión en la forma como vemos nuestra sociedad actual y sobre cómo queremos comprometernos a vivirla en los años venideros.

Si bien en la discusión que estamos teniendo en la Convención Constitucional hay decisiones complejas y llenas de matices o formas institucionales mejores o peores que otras, hay, creemos ver, bastante claridad sobre la estructura social que queremos decididamente superar. Queremos dejar atrás el Chile del completo individualismo como estrategia de organización social, del rascarse con sus propias uñas, de aquel donde los principales problemas de la vida, como la salud, las pensiones o la educación, son bienes que no necesitan ser pensados colectivamente y que pueden ser simplemente abandonados al pago, al seguro comercial o al plan de la isapre.

Tal como lo han hecho muchas naciones a lo largo del mundo, incluso en sus peores momentos económicos, decidir una existencia más solidaria y fraterna entre ciudadanos es una opción valiosa y un síntoma de desarrollo y progreso.

La idea de solidaridad es antigua, de definición compleja, pero que refiere a una fuerza de alto potencial en las organizaciones sociales donde el reconocimiento de las libertades e igualdades de todos exige esfuerzos comunitarios para que esas aspiraciones se transformen en realidad. Una república solidaria es una organización política que reconoce la horizontalidad de aquellos que la componen y que promueve la fraternidad entre las personas para alcanzar, como comunidad, un horizonte conjunto.

La solidaridad debe pasar a constituir una nueva forma de unión social y política que genere una profunda transformación en el modo de gestión social y de intervención pública, de forma tal de dotar de una nueva legitimidad al Estado. La solidaridad se alza como el fundamento de una nueva ciudadanía compuesta por derechos sociales que acompañan a las personas en toda su existencia y que expresan una inclusión generalizada del otro dentro de una comunidad de iguales.

La solidaridad, así entendida, se encuentra en la base de la idea de Estado social. El Estado social, de hecho, es la forma jurídica —la forma institucional— de la solidaridad.

Por el contrario, la idea de insolidaridad es precisamente la que ha caracterizado a la Constitución que queremos dejar atrás. El neoliberalismo, construido desde ese protagonismo individual, sentó las bases de un sistema donde el sujeto lo es en sí y para sí y donde la forma de participación de los bienes públicos es el mercado. En las condiciones en que el “el otro” casi no existe (sino como posible competidor), el resultado es la desintegración social, toda vez que no todos pueden participar en aquel mercado y no todos los bienes pueden o deben ser transados ahí.

De esta forma, bajo el manto del respeto a las libertades se han escondido demasiadas inequidades. Bajo el supuesto respeto a la propiedad, la libertad de empresa y otras garantías liberales se han adoptado decisiones que no solo han impedido respuestas colectivas a problemas sociales, sino que incluso han fragilizado el mismo mercado que se dice defender. Los ejemplos de las inconstitucionalidades de la ley del Sernac o de las bajas multas aplicadas a fraudes financieros son una prueba de ello.

Que Chile pueda ser una república solidaria no implica que la comunidad sobrepase a la persona o que sea mejor o más importante la perspectiva social que la individual. Por el contrario, una república solidaria es una forma política que se toma en serio la libertad y la igualdad individual y que toma conciencia de que esos valores no pueden ser dejados al simple abandono del mercado. Es completamente necesario un rol activo del Estado en remover los obstáculos que limitan, en el hecho, aquella libertad e igualdad de las personas, que limitan su pleno desarrollo y que obstruyen su participación efectiva y paritaria en la organización política, económica, social y cultural del país.

La perspectiva social, entonces, no pretende eliminar los límites que tiene el Estado y que nos permiten vivir en lo que ya tradicionalmente llamamos un Estado de Derecho. El giro social que una nueva Constitución debiese tomar pretende hacer evidente la contradicción interna que tiene el mismo derecho, en donde no basta afirmar jurídicamente la libertad y la igualdad para que ellas sean reales. Es necesario un rol activo estatal en la provisión y aseguramiento de un estatus social para la ciudadanía con un grupo de derechos civiles, políticos y sociales que nos permitirán afirmar realmente esa libertad e igualdad. Allí es cuando la solidaridad transforma esa antigua referencia a un Estado de Derecho en un nuevo Estado social y democrático de derecho.

María José Oyarzún
Giovanna Roa
Beatriz Sánchez

Constituyentes del Frente Amplio

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