“Las comisiones son el espacio institucional para plantear ideas para la nueva Constitución”. A mediados de noviembre, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, respondía con esa frase escrita en Twitter a las críticas que había recibido por parte del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. Esto, luego de que el líder empresarial diera a conocer que la máxima autoridad del órgano constituyente había rechazado la audiencia que se le había solicitado.
En ese momento, Loncon argumentó problemas de agenda e instó al líder de la CPC a reunirse con la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, instancia que deberá proponer las normas constitucionales que eventualmente regirán estas materias.
Pero, tras un sorteo realizado este fin de semana, la CPC finalmente quedó excluida. Tras recibir 1.703 solicitudes de audiencia, la instancia creó una subcomisión encargada de definir los criterios para acotar la lista de invitados, pues no tenían la capacidad -principalmente, por los plazos acotados con que cuentan- para recibir a todos los interesados.
Esta subcomisión estableció como criterios, entre otros, que se tratara de actores históricamente excluidos, que hubiera representación territorial -a partir de macrozonas- o el tipo de organización que asistiera, por ejemplo, ONGs, gremios, universidades, personas jurídicas o naturales, etc. Con ese filtro, se procedió a realizar el sorteo que acotó las audiencias a 280 personas u organizaciones, las que serán escuchadas por los convencionales hasta fines de enero de 2022.
El listado final es objeto de críticas, debido a que actores relevantes del sector, como la CPC, el Consejo Minero, varias universidades y expertos en derecho tributario no podrán ser parte del debate, puesto que no cumplían con los criterios, o bien, competían por un cupo con algún otro representante en su misma categoría, sin que -necesariamente- sus visiones coincidieran.
De hecho, el propio Sutil dijo a La Tercera que “lamentamos que la comisión que tiene que redactar los temas económicos y ambientales fundamentales para el desarrollo futuro de Chile, no escuche ni incorpore la mirada del mundo de la empresa. Igualmente preocupante es que nos hayan excluido también de la Comisión de Forma de Estado. El sector privado aporta más del 80% del empleo y del PIB nacional, por lo que vemos con mucha preocupación que se avance a espaldas de los gremios empresariales, de los trabajadores y de los emprendedores. Esperamos que se revierta esta situación y la Convención considere a todos los sectores, para que realmente podamos tener una Constitución de todos y para todos, solo así podrá ser una Constitución que goce de legitimidad y permita un mejor futuro para nuestro país”.
La convencional Constanza San Juan (Independiente-ex Lista del Pueblo) lideró el equipo de audiencias a cargo de acotar la lista de invitados y responde a las críticas afirmando que “nuestra forma de hacer la matriz de las 14 audiencias diarias ha sido por un mecanismo que está sostenido en el Reglamento de Participación Popular y en acuerdos amplios tanto del equipo de audiencias como del plenario de nuestra comisión”.
En esa línea, detalla que esta subcomisión realizó cuatro reuniones, “nos costó mucho ponernos de acuerdo y lograr el mejor mecanismo para sentir que estábamos, de alguna forma, cumpliendo el reglamento, tratando de no dejar a tantas personas fuera y con un proceso que fuera lo más transparente y equitativo posible, comprendiendo que no había organizaciones más importantes que otras ni más expertas que otras”.
En cuanto a los criterios adoptados, remarca que estos “han cruzado a la Convención entera y están en el reglamento”, tales como “priorizar a los grupos históricamente excluidos, entre ellos, mujeres, pueblos originarios, pueblo tribal afrodescendiente, niños, niñas y adolescentes”. A ello, la comisión agregó los criterios de plurinacionalidad y descentralización, y estableció las categorías que se sometieron al sorteo, entre las que destaca la territorialidad, con tres macrozonas -norte, centro y sur- y dos de los 14 cupos reservados para pueblos originarios.
En este sentido, San Juan subraya que “nuestra propuesta se hizo comprendiendo que las audiencias son instrumentos de participación de la Convención, no comprendiéndolas como un foro de expertos”, y agrega que aún quedan algunos cupos por sortear.
Por eso, ante las críticas en torno a la exclusión de “expertos” en distintas áreas, la convencional argumenta que “las comunidades también son expertas en torno a lo que han vivido con este modelo extractivista” y remarca que “aquí no hay ni una intromisión de criterio personal ni específico de alguno de los constituyentes”, sino que “fue al azar”, en base a “una igualdad de condiciones, porque no quisimos ponerle nosotros un sello de expertise a las organizaciones o personas que acudan”.
Según explica el convencional UDI e integrante de la comisión Pablo Toloza, “los criterios que se fijaron, y a lo que yo me opuse, en la práctica, excluyen previamente a muchas organizaciones e impiden que muchas voces diversas sean escuchadas. Por ejemplo, en el tema de minería, se inscribió una organización de pueblos originarios de Antofagasta; al estar inscritos ellos, se dice que está representada la región y quedan fuera todos los demás. Esto significa que, entre otros, queda fuera la Asociación de Industriales de Antofagasta, que es un actor muy relevante en la materia”.
El convencional destaca, asimismo, que “como tenía que ser por categoría, al salir sorteada una universidad, no podía ir otra. Pero las universidades quedaban dentro de otro grupo más grande, que es el de personas jurídicas o instituciones, por lo tanto, no vamos a poder contar con muchas opiniones relevantes para la discusión”.
En ese sentido, Toloza subraya que “es evidente que teníamos que hacer un filtro, pero el filtro es equivocado (…) El criterio de selección no fue el correcto, porque cuando estableces tantos criterios al final se genera un descriterio. Es como si quisieras discutir la regulación laboral y dejaras fuera a la CUT, porque no es un organismo históricamente excluido. No es lógico”.
De hecho, el convencional sostiene que, en materia impositiva, ningún experto en derecho tributario será convocado, sino que esta temática será abordada con un grupo folklórico que se inscribió en esa área y resultó seleccionado.
En opinión del jefe del área de medio ambiente de Elías abogados y excandidato a constituyente, Jorge Andrés Cash, “siempre será complejo definir criterios que permitan satisfacer a todos los interesados en aportar, con mayor razón en un proceso de estas características. Sin embargo, la Comisión está actuando al borde de la arbitrariedad al no permitir que los expertos que realmente saben de temas tan complejos, como medio ambiente y modelo económico, puedan participar”.
“Esta comisión es por lejos la más gravitante respecto al futuro modelo de desarrollo que el país demanda y con este proceder, la Comisión está socavando su base de legitimidad y la solvencia de sus conclusiones finales”, sostiene.
El abogado plantea, asimismo, que “para corregir esto, lo lógico parece ser agrupar las materias sobre las cuales la Comisión requiere recabar opiniones y seleccionar aquellas organizaciones de reconocido prestigio en las distintas áreas en que se requiera opinión. Acá deben opinar todos, pero no se puede dejar fuera al mundo experto que ha dedicado su vida a estos temas. Por ejemplo, es impensable que en materia de tributación minera, protección de glaciares y desarrollo minero en Chile, no esté presente el Consejo Minero. Da cuenta de un peligroso sesgo ideológico que podría marcar tendencia respecto a los invitados que finalmente se seleccionen”. (La Tercera)
