Hasta el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas llegó la Presidenta Michelle Bachelet para promulgar dos de los proyectos claves de la agenda de probidad: la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización.
«Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia, estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio del juego limpio. No queremos para Chile una política que se hace a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada por el dinero», dijo la Presidenta.
«Chile merece una política que se hace de frente, que no tiene nada que esconder, que se somete al escrutinio público, a la sana competencia y la transparencia. Una política que se construye en base de ideas y no de slogans, que sabe dialogar, que reconoce la diversidad y crea bien común», añadió.
La Mandataria manifestó que «lo que estamos haciendo es cerrar la puerta a las malas prácticas que se habían arraigado en nuestra actividad política (…) con estas nuevas leyes las reglas del juego der la política chilena cambiaron, son más exigentes, más transparentes, con prohibiciones claras y perdidas de escaño pata quienes cometan delito. con estas nuevas reglas del juego la política se prestigia».
Sobre la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, Bachelet sostuvo que «recuperar la confianza será un proceso complejo y de largo aliento, pero lo enfrentamos con la mayor decisión».
«Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política, abriendo las puertas de los partidos al escrutinio público y estamos consagrando sanciones administrativas y penales como nunca natantes había habido. Estamos poniéndonos todos exigencias mayores que nos deben guiar en todo momento», finalizó.
PRINCIPALES PUNTOS DE LAS LEYES
La primera iniciativa tiene como objetivo regular el financiamiento de las campañas políticas. La nueva ley fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral.
Sin embargo mantiene los aportes anónimos bajo la denominación de “aportes menores sin publicidad”. Adicionalmente, se fijan nuevas restricciones para la propaganda electoral y se consagra que podrán perder su escaño quienes cometan infracciones graves a la ley electoral.
En cuanto a la Ley de Partidos, la norma busca que las colectividades se conviertan en entidades jurídicas de derecho público, encargadas de promover la participación ciudadana, en especial de mujeres, y jóvenes.
Entre las principales medidas se plantea que el Servel actuará como ministro de fe en las elecciones internas de los partidos, y que las directivas de las colectividades se elegirán por sus militantes o por órganos intermedios. En este último caso, dicho organismo deberá elegirse mediante el mecanismo de “un militante, un voto”.
Por otro lado, la ley fija una cuota de género, decretando que los órganos colegiados de cada partido tendrán que contar necesariamente con al menos un 40% de representantes de un determinado género. Adicionalmente, la norma contempla los deberes de probidad, transparencia y rendición de cuentas de los partidos, haciendo efectivo el derecho de acceso a la información para los afiliados y la ciudadanía en general. (La Tercera)
