Durante el segundo gobierno de la ex presidenta Bachelet, nuestro país experimentó un golpe de timón en diferentes ámbitos políticos y culturales. Así, hubo un cambio de ruta en materias tan relevantes como la estabilidad constitucional, la libertad de enseñanza o la protección de la vida del que está por nacer. En algunos de estos temas el gobierno anterior tuvo más éxitos que en otros, pero sin duda nuestro país experimentó un giro importante, giro que todavía es reciente para poder sopesar debidamente sus efectos.
El gobierno actual, por su parte, no ha sabido advertir ni medir cabalmente estos cambios. De ahí que muchas de sus propuestas signifiquen, más que gobernar con ideas propias, administrar un legado que se supone ajeno. Con todo, sí hay áreas en donde se ha hecho un esfuerzo, no solo por comprender lo que Bachelet dejó -o intentó dejar- instalado, sino también por proponer un rumbo distinto. Entre estas áreas, una que resalta entre las demás es la referida a la infancia.
En este ámbito, el gobierno ha demostrado un liderazgo que es importante destacar. Este liderazgo se ha traducido, por un lado, en rechazar la manera en que la administración anterior comprendió la relación filial (como una relación de conflicto y opresión, donde los padres se erigen como vulneradores de los derechos de los niños) y, por otro, en una propuesta política alternativa para aproximarse a estos temas. Y esta alternativa fue poner el énfasis en los niños vulnerables, que deben ser la primera prioridad de cualquier sociedad.
De este modo, el trabajo que se ha llevado a cabo ha sido un ejemplo de la idea de que gobernar es priorizar, y que, en el actual contexto social, lo justo (justicia social) es precisamente poner los esfuerzos en superar la realidad que se vive en el Sename. La importancia, en este sentido, del proyecto de reinserción social (liderado por el Ministerio de Justicia) y del proyecto sobre el servicio de protección especializada (liderado por la Subsecretaría de la Niñez) es crucial. Ambos constituyen no declaraciones vagas de derechos y aspiraciones, sino que medidas concretas y efectivas para superar el círculo de marginalidad en que se ha convertido el Sename. A la vez, las indicaciones formuladas por la Subsecretaría de la Niñez al proyecto de garantías de la niñez, buscan poner el foco en fortalecer el rol protector de la familia, reconociendo que ella es, indudablemente, el mejor lugar para que los niños aprendan y desplieguen sus derechos, bajo el cuidado y formación de sus padres. Así, el Estado no juega un rol de intromisión (al contrario de lo que concibió el gobierno de Bachelet), sino subsidiario: de apoyo a las familias, y no de sustituto en la tarea educativa, que corresponde primeramente a los padres.
Son pocos los motivos por los cuales el gobierno de Piñera podría pasar a la historia, y uno de ellos es lo que logre hacer en el ámbito de la infancia. Felizmente, aquí sí hay un relato y propuestas: la superación de la crisis del Sename y la instauración de una institucionalidad que resguarde los derechos de los niños fortaleciendo la familia y el rol de los padres.
Cristóbal Aguilera/El Líbero
