Luego que fuera notificada formalmente el martes de la acusación constitucional en su contra, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, comenzó a delinear parte de la estrategia que utilizará en su defensa ante el libelo presentado por la oposición.
Y una de las primeras decisiones que tomó la secretaria de Estado fue pedir los servicios del abogado Francisco Cox Vial, experto en derechos humanos, para que asuma su defensa.
Cox estudió en la Universidad Diego Portales y tiene un master en Columbia, y en su trayectoria profesional destaca haber sido el único abogado chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional, en representación de víctimas de la guerrilla en Uganda. Además, fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Esto, además de haber trabajado en el programa de justicia internacional de Human Rights Watch.
En materia de derechos humanos también fue el defensor de la jueza Karen Atala en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile.
Anteriormente, fue socio del estudio Hermosilla y Cía, y actualmente es parte de Balmaceda, Cox y Piña, en el que es descrito como un abogado que se desempeña en diversas causas de litigación compleja tanto a nivel nacional como internacional.
«DIPUTADOS INFRINGEN LA CONSTITUCIÓN»
Temprano esta mañana, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se reunió con el abogado Francisco Cox, en las oficinas del estudio Balmaceda, Cox y Piña, para iniciar el trabajo defensa de la autoridad frente a la acusación constitucional que está impulsando la oposición en su contra.
Cox fue contactado por la propia ministra la mañana del martes para que sea su defensor, cuando los diputados ingresaron el libelo a la Cámara, y por la noche, luego de varias horas leyendo y revisando los antecedentes, decidió aceptar una tarea no menor: impedir que Cubillos tenga el mismo destino que sus antecesores Yasna Provoste y Harald Beyer, quienes fueron destituidos a través de esta herramienta.
En esta entrevista, Cox afirma que está convencido de que la acusación carece de fundamentos. Es más, plantea que la oposición estaría faltando a la Constitución, al extralimitarse en el uso de este instrumento.
¿Qué opina del contenido de la acusación?
No me gustaría anticipar los argumentos de defensa, pero le puedo decir que me parece que se está forzando la institución de la acusación constitucional, porque no se dan los presupuestos de infracción a la ley y a la Constitución, ni tampoco la no ejecución de la ley. Y la razón por la que acepto es que, pese a que no comparto la visión política de la ministra ni de este gobierno, me parece que las instituciones se tienen que cuidar y que la acusación constitucional tiene que ser la herramienta última, la más extrema. La sanción tiene que ser proporcional, porque acá la sanción puede ser la destitución.
De los capítulos que tiene la acusación, ¿hay alguno que puede ser más complejo?
Como se están forzando los hechos, no se satisfacen las exigencias constitucionales como para que proceda una acusación constitucional. Creemos que si se observa jurídicamente y con los estándares legales y constitucionales que exige el ordenamiento jurídico, la acusación no debiera prosperar.
¿Entonces no hay ningún capítulo donde exista al menos una duda de una infracción a la Constitución?
En mi opinión y según los antecedentes que he visto, no hay ninguno. Por eso me parece tan importante asumir la defensa, porque cuando en un Estado de Derecho las instituciones se fuerzan, dejando al margen las razones por las cuales existen, entonces se empiezan a destruir. Y cuando se empiezan a destruir las instituciones, los países empiezan a fracasar.
La ministra Cubillos dijo que esta acusación solo tiene fines políticos, ¿usted lo cree así?
No sé cuáles son los fines, pero acá claramente se está tratando de usar una herramienta jurídica, constitucional, para sancionar una discrepancia de opinión política. Y el lugar donde se resuelve o derrota esa discrepancia es en las elecciones y en las votaciones en el Congreso, no a través de una acusación constitucional.
Desde el retorno a la democracia, dos ministros han sido destituidos por esta vía, ambos de Educación: Yasna Provoste y Harald Beyer. ¿Cree que en esos casos tampoco había fines jurídicos tras sus destituciones?
El caso de la señora Provoste no lo seguí de cerca. En el caso de Harald Beyer me parece que sí hubo una utilización política para sancionar a un ministro y a un gobierno.
Por lo mismo, ¿qué opina de la herramienta de la acusación constitucional? ¿Quizás se debiera regular más para no ser usada sin fines jurídicos claros?
Me parece que si ves el origen de la acusación constitucional, cuyo origen más claro es quizás el sistema británico y el sistema de Estados Unidos, es un control y balance de los poderes del Estado. Pero cuando el Poder Legislativo, como en este caso, ejerce una acusación constitucional, está cumpliendo una función jurisdiccional para sancionar casos graves y extremos de violación a la Constitución y las leyes, y eso tiene que tomarse muy seriamente. Debe usarse como una herramienta jurídica en el contexto del Congreso, pero respetando estándares de debido proceso, de todo lo que debe regular una función jurisdiccional como la que en mi opinión y en la opinión de Corte Interamericana de Derechos Humanos, son los juicios de destitución de otros miembros del Estado.
¿Entonces no habría que quizás modificar la herramienta, sino que tener más criterio para usarla?
Me parece que uno esperaría que, dado que todos los funcionarios públicos están sometidos a la Constitución y a las leyes, ellos también, los parlamentarios, se sometieran a la Constitución y a las leyes y no utilizaran livianamente estas herramientas.
¿Eso quiere decir que los parlamentarios también están vulnerando la Constitución al usar mal una herramienta constitucional?
Ellos tienen las atribuciones para usar la acusación constitucional, pero cuando se extralimitan en esas funciones, están infringiendo la propia Constitución y el sentido de la acusación constitucional.
Dice que no comparte la visión política del gobierno, ¿qué señal cree que está dando la ministra Cubillos al designarlo como abogado?
Quiero creer que me eligió porque considera que soy un buen abogado, y mi trayectoria nacional e internacional en litigios complejos da cuenta de que soy la persona que ella quiso que la representara.
¿Y no cree que Cubillos está enviándole una señal a la centroizquierda?
No sé si es una señal. A mí me contrataron personalmente para esto y lo asumo por las razones que di.
¿Lo asume porque está convencido de que no hay razones jurídicas?
Exacto. (La Tercera)
