«Quisiera señalar que efectivamente hay una situación anormal en lo que dice relación con todo el proceso de desafuero que me ha llevado a opinar que es imprescindible terminar con ese privilegio que tienen los congresistas. Y es, de algún modo, lo que yo he hecho presente en las diferentes cuentas públicas».
Con esta afirmación el fiscal nacional, Jorge Abbott, terminó ayer su declaración en la Corte Suprema que tramita la solicitud para su remoción. Y a la vez contestó a uno de los cinco cuestionamientos que le hacen los 10 diputados que presentaron la petición. Uno de ellos es que en abril, durante su última cuenta pública, el jefe del Ministerio Público se refirió a la necesidad de dar celeridad a causas por financiamiento ilegal de la política para no afectar los quórum en el Congreso.
Ayer, ante el ministro Héctor Carreño, explicó que su planteamiento tenía relación con la necesidad de terminar con el privilegio del fuero.
A la salida del máximo tribunal detalló: «Probablemente si tuviera que hacer yo una autocrítica, a lo mejor lo debí haber planteado como una proposición de una modificación legal. Que en definitiva se termine con los privilegios y particularmente con el privilegio que tienen hoy los diputados y senadores con el fuero».
LAS REUNIONES
No solo respondió por su cuenta pública, negando instrucciones particulares a los fiscales regionales en causas por platas políticas, sino también de las reuniones que sostuvo con parlamentarios y defensas en los casos Penta y SQM.
Sobre la cita con el ex senador Hernán Larraín dijo que se hizo bajo Ley de Lobby. En esa línea, señaló que instauró una política para otorgar audiencias y reconoció reuniones con 60 congresistas y más de 300 personas.
Sobre la cita con las defensas de Santiago Valdés y de Patricio Contesse, explicó que le pidieron agrupar ambas investigaciones, pero que se rechazó la solicitud junto al ex fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, el jefe regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez. «Los cuatro tuvimos intervención en esa respuesta», aseguró Abbott.
Sobre la denuncia realizada por la dirigente gremial Paulina Ruiz sobre una supuesta violación a los derechos humanos en la fiscalía nacional, el jefe del Ministerio Público indicó que «resulta una molestia que un dirigente sindical plantee que dentro de la institución se están violando los DD.HH.». Ello, explicó, porque no entregó antecedentes cuando fue citada a declarar como testigo. (El Mercurio)
