Los diputados de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio acordaron este jueves presentar la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema, luego de que aprobaran otorgar el beneficio de libertad condicional a siete militares en retiro condenados en el penal de Punta Peuco por casos de violación a los derechos humanos.
Acompañados de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, adelantaron que la acción será presentada contra los tres magistrados de la segunda sala de la Corte Suprema: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama.
De esta manera, la Democracia Cristiana (DC) no descartó firmar la petición.
El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, cuestionó el otorgamiento de este beneficio, ya que de esta manera se están “dando señales muy graves de impunidad”. “En este sentido, queremos señalar de manera muy clara: hay que frenar y parar la impunidad en nuestor país. Este no es un problema entre Gobierno y oposición, de izquierda o derecha, aquí se trata de que el país debe decir siempre respeto a los derechos humanos”, indicó el diputado PS, agregando además, que los ministros no respetaron los tratados internacionales, un argumento central que estará presente en la acusación.
Es así como Naranjo también se mostró seguro de conseguir los votos suficientes y expresó que “no tengo dudas que probablemente no faltará el parlamentario de derecha que pueda incluso respaldar y apoyar esta acusación constitucional”
Por su parte, el diputado del Partido Humanista (PH), Tomás Hirsch, indicó que “hemos manifestado con toda claridad que el Frente Amplio y todas las bancadas de oposición vamos a presentar esta acusación constitucional, porque aquí ha habido una gravísima falta por parte de los jueces de la Corte Suprema”.
El diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, explicó que desde ayer que se está trabajando en el documento y que esperan que dentro de 7 o 10 días peuda ser presentado en la Sala.
“En el gran acuerdo que tuvimos hoy las bancadas de oposición, hay un fundamento ético y moral que es fundamental y por eso nuestro llamado es a que toda la sociedad chilena se manifieste y apoye esta acusación”, comentó el diputado Núñez.
PARTICIPACIÓN DC
Si bien la bancada DC definió esta semana no sumarse a la ofensiva contra los miembros del máximo tribunal -y esperar hasta la votación en sala-, en la oposición valoraron que el jefe de bancada de la falange, Matías Walker, junto al diputado Gabriel Ascencio, se sumaran a la reunión con agrupaciones de DD.HH. en la que se analizó el curso que seguirá la acusación constitucional.
A esto se sumó la participación de otro diputado DC: Raúl Soto, quien incluso resolvió respaldar desde un comienzo el libelo acusatorio. El respaldo de este partido es relevante para el éxito del libelo, que requiere 78 votos a favor. La oposición en total tiene 83 parlamentarios, de los cuales 14 son de la DC.
La cita estuvo marcada también por la participación del exministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Gabriel de la Fuente, quien asesora a la bancada PS y se desempeña, además, en el Instituto Igualdad, dependiente de dicha colectividad. De la Fuente, junto al abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, representarán a los socialistas en el equipo de juristas de la oposición que tendrán a cargo la redacción el libelo acusatorio.
Hasta ahora, el grupo lo conforman también Luis Cuello, del PC; Francisco Castillo, del PPD; Javiera Ascencio, del Frente Amplio, y Xavier Palomino, de la Federación Regionalista Verde Social, en la que milita el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet.
El grupo espera reunirse periódicamente y trascendió que la redacción del escrito no estaría finalizada antes de dos o incluso tres semanas.
Esto, pese a que los diputados han puesto celeridad al tema, considerando que algunos ven con preocupación que coincida con las Fiestas Patrias, lo que podría afectar mediáticamente la ofensiva opositora.
“Esperamos que esto se ingrese antes de la semana distrital (del 20 de agosto) y realmente sería un homenaje a las víctimas que esto lo pudiésemos votar en sala el 11 de septiembre”, señaló el jefe de los diputados PPD, Ricardo Celis, mientras que su par del PC, Daniel Núñez, sostuvo que “tenemos la expectativa de que en siete o máximo 10 días esté totalmente redactado”.
De momento, los juristas ya dividieron tareas en grupos de trabajos para ir armando la acusación. Entre ellas, analizar jurisprudencia nacional e internacional al respecto, estudiar las sentencias que han dictado cada uno de los magistrados; estudiar a fondo la doctrina de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre otros, así como una revisión histórica de acusaciones constitucionales similares que ha llevado adelante el Congreso.
Esto, junto a la matriz del tema: la construcción en la que se fundamentará el notable abandono de deberes.
En tanto, en el encuentro de hoy se abordó la necesidad de que las agrupaciones lideren movilizaciones que permitan mantener en alto el rechazo por el fallo de los ministros.
ABOGADO HÉCTOR SALAZAR: «ES DISPARASE A LOS PIES»
«Si Miguel Krasnoff dijera hoy que está arrepentido, ¿usted le creería?»
La pregunta la hace el abogado Héctor Salazar, con una larga trayectoria en la Vicaría de la Solidaridad en tiempos del régimen militar.
Dedicado a la docencia y el ejercicio privado de la profesión, Salazar todavía tiene causas por violaciones de los derechos humanos. Es abogado, por ejemplo, de Carmen Gloria Quintana, la mujer quemada por una patrulla militar.
Por eso, habla con propiedad de las libertades condicionales otorgadas recientemente.
Separa dos etapas. En la primera, camino a la condena, recuerda que los delitos de lesa humanidad tienen un trato más severo. Se declaran imprescriptibles, son inamnistiables, tienen una penalidad más drástica y hay jurisdicción universal para juzgarlos.
«Una vez sentenciado el acusado, entramos a una segunda etapa que es el cumplimiento de la pena», afirma. «Ahí hay que tener presente un conjunto de derechos internacionales que son muy importantes y que están reflejados en nuestro ordenamiento penal interno. Por ejemplo, el derecho a guardar silencio».
Menciona también la libertad de conciencia. «En mi opinión, a nadie se le puede exigir arrepentimiento porque entra en la esfera interna y viola otro derecho humano, que es la libertad de conciencia. Ahí se está afectando un derecho fundamental; por tanto, el arrepentimiento no debería ser requisito».
Además, advierte, «si la persona está postulando a un beneficio, puede decir que está arrepentida. Pero, ¿hay certeza que ese arrepentimiento es genuino? Si mañana Krasnoff (vinculado a más de 90 causas por DD.HH.) dijera que está arrepentido, ¿cree que alguien le va a creer? Nadie. Entonces no tiene ninguna eficacia práctica respecto de rehabilitación y resocialización».
«ME DUELE QUE QUIERAN ACUSAR A KÜNSEMÜLLER»
Se queda pensando y luego indica: «Fíjese que a mí me duele que quieran acusar a Carlos Künsemüller porque aprobó las libertades condicionales. Él era abogado colaborador de la Vicaría de la Solidaridad en tiempos duros. Se jugó por los perseguidos. El ministro Hugo Dolmestch también es sensible a los derechos humanos».
-¿Usted cree que va a prosperar una acusación constitucional contra los supremos?
«No, porque la acusación constitucional es un juicio político que se zanja en el Congreso y, el Senado en este caso, es el que dicta sentencia, mientras la Cámara de Diputados es la que investiga y acusa».
Acota: «En la Corte Suprema ha ido subiendo con bastante fuerza toda la normativa internacional. No estamos en el óptimo, pero hemos ido avanzando. Disparar para allá, contra los ministros de la Suprema, es dispararse a los pies«. (La Tercera-El Mercurio)
