Son religiosos, pero además son funcionarios públicos y por lo tanto, por ley, tienen la obligación de denunciar a la justicia, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad los hechos de carácter irregular de los cuales tomen conocimiento. Con este argumento, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, solicitó al tribunal de Rancagua una orden de entrada, registro e incautación para acceder a los archivos eclesiásticos del Obispado Castrense dependiente del Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
La autorización, que fue aprobada, le permite acceder a todas las denuncias e investigaciones de las que exista constancia en la entidad en los últimos 20 años y que involucren a menores de edad, pero también a adultos. Hasta ahora, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, hay al menos una acusación que permite al Ministerio Público vislumbrar la eventual existencia de otros ilícitos. Como la norma en la Iglesia Católica ha sido no poner en conocimiento de las autoridades civiles los ilícitos, la Fiscalía presume que es altamente probable que exista información resguardada, o que por alguna otra circunstancias los obispos castrenses hayan conocido de otras causas ajenas al mundo militar, pero de que de todos modos, por su condición de funcionarios públicos, debieron denunciar.
Por tratarse de un recinto militar, además de religioso –lo que implica un aviso previo de 48 horas para un registro de este tipo- el ingreso policial fue coordinado previamente con el ministro de Defensa, Alberto Espina y con el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, quienes mostraron disposición a colaborar con la diligencia que está en pleno desarrollo. Hasta el lugar no acudió personalmente Arias, sino un persecutor de su equipo.
Actualmente, el obispo castrense es Santiago Silva Retamales, hoy presidente de la Conferencia Episcopal y quien además figura como eventual sucesor del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Al trabajar con los uniformados su grado es de general de Brigada de Ejército y tiene una remuneración bruta mensual de cargo fiscal de $4.091.671.
Los sacerdotes que cumplen labores con él son también considerados como parte del Ejército y reciben salarios y beneficios de acuerdo a su rango. Así, por ejemplo, el vicario general, Claudio Verdugo Cavieres, es mayor de Ejército con un sueldo bruto de $2.205.184.
Antes de Silva, el obispo Castrense hasta 2015, y por cerca de 10 años fue Juan Barros Madrid, discípulo de Fernando Karadima y quien dejó este año de ser obispo de Osorno, en medio de una de las peores crisis de la Iglesia Católica. Anteriormente había sido acusado como encubridor por parte de las víctimas de Fernando Karadima.
Para la revisión del material, Arias -a quien el fiscal nacional, Jorge Abbott, amplió sus facultades de investigación-, cuenta con un equipo reforzado.
En tanto, el próximo 21 de agosto, el persecutor tomará declaración como imputado a Ezzati quien contará con los servicios del abogado Hugo Rivera.
INCAUTACIÓN
Minutos antes de las 13:00 de esta tarde, equipos del OS-9 y Laboratorio de Criminalística de Carabineros llegaron hasta las dependencias del Obispado Castrense para incautar documentación en el marco de la investigación por abusos sexuales ligados a miembros de la Iglesia Católica.
Ya a unas horas de haberse iniciado la diligencia, uno de los persecutores del equipo liderado por el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, entregó más detalles.
«De momento estamos investigando todo lo que podamos encontrar y ahí vamos a poder remediar en definitiva cuáles elementos, si encontramos algunos, corresponden a investigaciones que se desarrollen bajo el actual procedimiento o cuáles eventualmente podrían ser enviados a la justicia ordinaria del sistema antiguo», partió señalando el fiscal Miguel Ángel Velásquez.
Explicó que dicho obispado es un organismo del Estado que forma parte de las Fuerzas Armadas y que, en definitiva, «la obligación que tiene todo funcionario público es de denunciar y ese es precisamente uno de los tópicos que estamos analizando».
Así, confirmó que la investigación en el recinto ubicado en la comuna de Providencia se realizó por una eventual omisión de denuncias en la calidad de funcionarios públicos. «Estamos primero haciendo el inventario de todas las especies que se encuentran en el interior, qué carpetas nos estamos encontrando y luego vamos a poder ir haciendo las determinaciones temporales para ver si los elementos que se recogen son de la época en la cual el obispo castrense era el actual (Santiago Silva Retamales), era Juan Barros, era Pablo Lizama, Fernando Duarte y así para atrás», agregó.
Barros, formado por Fernando Karadima, estuvo en el cargo hasta 2015 y fue nombrado en octubre de 2004 por el entonces Papa Juan Pablo II. El religioso ha sido fuertemente criticado y señalado como encubridor de los abusos por los que fue condenado eclesiásticamente el ex párroco de El Bosque.
Consultado el fiscal sobre si fue la información encontrada tras los allanamientos en el Tribunal Eclesiástico y la diócesis de Rancagua fueron las que permitieron hacer el vínculo con el obispado, contestó: «La investigación del fiscal Arias tiene distintas elementos que han logrado incautar y precisamente uno de aquellos nos permite llegar al Obispado Castrense». (La Tercera-Emol)
