Parte importante de la agenda educacional reciente ha girado en torno al nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE). Aunque la coyuntura ha desviado la atención a otros problemas de relevancia, la próxima implementación del mecanismo en Santiago conseguirá que, por primera vez, tengamos un sistema centralizado con cobertura nacional. Esto anticipa una reanudación del debate respecto de los potenciales beneficios del SAE. Una pregunta importante de la discusión es si el cambio a un sistema centralizado ha sido beneficioso y quiénes se podrían haber beneficiado con este nuevo mecanismo.
El problema es ciertamente complejo y puede abordarse desde múltiples aristas como la transparencia, la facilidad de uso y la eficiencia. Uno de los principales desafíos de la evaluación es que, aunque el nuevo sistema registra los datos de admisión de manera centralizada, los datos asociados a los procesos anteriores es fragmentado y mucho más incompleto. Este es un problema relativamente común en la evaluación de políticas públicas, para el cual se han desarrollado métodos que nos permiten aproximarnos de manera sistemática al impacto de este tipo de intervenciones. En esencia, la idea consiste en estimar las preferencias de los ciudadanos sobre los aspectos relevantes asociados a la política y proyectarlos para evaluar el ejercicio contra-factual de la realización de políticas alternativas sobre las que no tenemos datos. Eso es precisamente lo que hicimos con los datos de admisión escolar en una investigación reciente, para así entender mejor cómo las familias elijen los colegios a los que postulan.
Varios de los resultados son intuitivos, pero permiten cuantificar la importancia de los factores. Por ejemplo, nuestras estimaciones indican que mientras la cercanía del establecimiento educacional es transversalmente importante, el efecto de otras características es más heterogéneo y depende del contexto. Este es el caso de la ruralidad del colegio, que es valorada de manera distinta en educación primaria y secundaria, o la valoración por la excelencia académica del colegio que varía dependiendo del desempeño académico del postulante.
Quizás los resultados más interesantes aparecen al evaluar qué pasaría en diferentes escenarios del sistema de admisión. Si miramos por ejemplo el impacto que tendrá el progresivo aumento de la gratuidad, encontramos que la mayoría de las familias se vería beneficiada con la medida. Sin embargo, con respecto a la situación actual, los alumnos que ya cuentan con gratuidad se verán, en promedio, marginalmente perjudicados. Más cercano al reciente debate respecto al proyecto de admisión “justa”, si suponemos que el 10% de los colegios con mejor SIMCE pudieran seleccionar por rendimiento académico, encontramos que solo un 2.4% de las postulaciones se vería afectada y que el efecto total en métricas de bienestar sería menor al 1%. Al mirar quiénes se benefician, los que ganan, por supuesto son aquellos alumnos de buen rendimiento, pero lo hacen en desmedro de los alumnos prioritarios con situación económica vulnerable.
Varios otros actores han empezado a mirar los datos y han provisto evidencia relevante, que ciertamente enriquece el debate. La invitación a las autoridades educacionales, y a la comunidad en general, es a completar la decisión puramente política con evaluaciones fundamentadas del impacto de la política pública. Así, las decisiones que se adopten serán el reflejo no solo de lo que se considera deseable, sino que también de los resultados esperables de cada alternativa.
Marcel Goic/La Tercera
