Después de que la comisión de Trabajo de la Cámara aprobara ayer una indicación con la que se busca aumentar el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores pymes de $350.000 brutos a $550.336 brutos, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, salió a explicar por qué la medida es «discriminatoria» y poco realista.
Así, la titular de la cartera laboral recordó que fue a comienzos de noviembre cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto que pretende complementar el sueldo de los trabajadores más vulnerables a través de un subsidio que irá directamente al bolsillo.
En síntesis, la iniciativa plantea entregar un bono de $49 mil mensuales para todos aquellos que ganen el salario mínimo ($301.000 bruto). Ese dinero no es imponible y sería entregado de manera proporcional hasta los que ganan $370 mil.
«Es el Estado el que está decidiendo entregarle un subsidio a estos trabajadores, un subsidio que no es imponible, que no es parte de la remuneración, que no pasa a través del empleador y que es directamente al bolsillo del trabajador», recalcó Zaldívar respecto al proyecto del Ejecutivo.
En ese sentido, consultada por si es posible subir el subsidio hasta los $550 mil brutos para todos aquellos trabajadores que estén en empresas que ganan menos de 75 mil UF, la ministra respondió: «Aquí yo creo que hay que ser bien claro en que tenemos que actuar con responsabilidad». «Tenemos todos claro la urgencia, tenemos todos claro que los ingresos que tienen tanto nuestros trabajadores como nuestros pensionados son bajos y tenemos que incrementarlo, pero tenemos que hacerlo de una forma que sea sostenible en el tiempo», enfatizó.
Por eso, ante la indicación aprobada y que fue planteada por parlamentarios de la DC, PS, PC, FRVS y el Frente Amplio, Zaldívar comentó: «Plantear aumentos que dicen relación con más de un 100% un 150% de la realidad actual hay que analizar fríamente de si es solamente una promesa o si es realmente posible de cumplir«.
«TRABAJADORES DE PRIMERA Y SEGUNDA»
Ayer otra indicación fue visada en la comisión: que para los trabajadores de empresas cuyos ingresos superen las 75 mil UF sean los empleadores los que aumenten las remuneraciones hasta los $550 mil. Por eso, argumentando que el Estado ya no tendría que subsidiar a esos empleados, los diputados que impulsaron las indicaciones justificaron el aumento del bono para los pyme.
«Los trabajadores son exactamente las mismas personas si trabajan en una empresa grande, en una empresa pequeña o una mediana. Las necesidades de esos trabajadores y sus familias son exactamente las mismas y no importa si yo trabajo en una empresa en una determinada región o de un determinado tamaño», recalcó la ministra del Trabajo.
«Cuando nosotros estamos estableciendo que sólo el Estado va a entregarle un subsidio a trabajadores que están comprendidos dentro de empresas pequeñas o medianas, estamos entonces quitándole la posibilidad a cientos de miles trabajadores que han sido empleados por empresas grandes y no les vamos a estar dando este mismo beneficio«, explicó.
Es que, de acuerdo al detalle dado por Zaldívar, si el monto para subir el ingreso mínimo es de cargo al empleador, entonces eso pasa a ser remuneración y, por lo tanto, va a ser imponible. «No lo va a llegar la misma cantidad de recursos al trabajador», dijo en alusión a los beneficios que sí recibirían aquellos que trabajan en pymes.
«Pero lo más grave de eso es que en la práctica vamos a tener salarios mínimos diferenciados por tamaño de empresa, algo que en general todo el mundo del trabajo se ha opuesto tenazmente porque no podemos tener trabajadores de primera y de segunda», advirtió la ex subsecretaria de Previsión Social.
Así, Zaldívar valoró el que varios empresarios ya hayan dicho que van a subir los salarios que se pagan al interior de sus empresas, pero insistió en que lo que se está discutiendo ahora «no tiene absolutamente nada que ver» con el sueldo mínimo.
«Esto del ingreso mínimo es algo distinto: aquí es el Estado quien ha decidido entregarle un subsidio a aquellos trabajadores más vulnerable». «Es el Estado quien se está haciendo cargo de estos trabajadores más vulnerables, independiente del tamaño de la empresa, independiente de la región, independiente de otro tipo de factores. Nos parece que discriminar entre trabajadores exclusivamente por el lugar donde trabaja, no es lo que corresponde», finalizó.
Cabe destacar que ahora el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde será revisado con las indicaciones aprobadas ayer por 7 votos a favor y 6 en contra.(Emol)
