Hace más de un año, el 25 de junio de 2018, se anunciaba con bombos y platillos el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Esta instancia tendría como objetivo asesorar al Presidente, en materias de reforma al Estado, actuando como órgano consultivo y aportando una visión de largo plazo, cuya conformación inicial intentó ser de carácter transversal, ya que pudimos ver diferentes sensibilidades en sus 13 miembros.
Durante la última campaña presidencial, todos los candidatos -sin excepción- asumieron el tema de la modernización del Estado como un gran desafío para nuestro país. El Presidente Piñera, por su parte, a pocos meses de asumir su mandato, dio una señal potente creando este Consejo.
El mandato inicial para esta instancia asesora de carácter permanente era “Dentro de los cien primeros días de cada período presidencial, la Secretaría de Modernización del Estado, en coordinación con el Consejo, propondrá al Presidente de la República una agenda actualizada de modernización del Estado” (Decreto 12 2018 – https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1127105)).
A partir de esta definición del Consejo es que aparecen las primeras dudas, me refiero al nivel de autonomía e injerencia que tendría en el diseño y posterior seguimiento de la agenda de modernización. En su definición aparece el concepto “en coordinación”, el cual, por decir lo menos, es un rol más bien light y probablemente se encuentra bastante atado de manos a la hora de poder influir de forma más decidida en la modernización. Si a esto incorporamos los últimos anuncios en la cuenta pública presidencial, en la cual se le entregan atribuciones respecto de la modernización del Estado al Ministro del Interior, aparecen dudas del nivel de coordinación y roles que dada uno de los actores tendrá en este proceso; dejando en un pie bastante incierto el rol futuro del Consejo (http://impresa.lasegunda.com/2019/07/04/A/K53KSDLU).
Llama la atención el modelo de gobernanza definido para el diseño y posterior ejecución de la agenda de modernización, más aún si lo que se buscaba era contar con una instancia transversal, con visión de largo plazo, y con el desafío de hacer propuesta osadas en estas materias, pero que al final no cuenta con poder real, al menos no en términos formales.
Probablemente un reflejo de esto es que ya estamos a un año de su entrada en funcionamiento y aún no hemos visto la agenda de modernización, como tampoco sabemos si esta dará a luz prontamente. No deja una buena impresión que, en su primera tarea, es decir, lo que sería la hoja de ruta de la modernización del Estado para esta administración, se haya excedido en el plazo en más del triple del tiempo comprometido originalmente. Al hacer la pregunta he escuchado de parte de algunas autoridades y consejeros que el plazo se debía contabilizar desde la toma de razón por Contraloría, ¡que dicho sea de paso, tomó 6 meses!, lo cual desde un principio me pareció un argumento más propio de un burócrata que de un ‘modernólogo’. Pero si incluso asumimos ese plazo, el resultado no es mucho mejor, ya que el documento que le dio origen a este Consejo fue formalizado en diciembre del año pasado, por lo que ya han pasado 190 días. O sea, cerca del doble de tiempo presupuestado.
Lo anterior plantea, al menos, dudas fundadas respecto de la estimación de plazos de la hoja de ruta. Para construirla, las estimaciones no estuvieron muy precisas, con un Consejo que, además, tiene pocas atribuciones para influir en ello.
Por otra parte, resulta paradójico que la institucionalidad, la cual, según comentarios que me han hecho varios consejeros, sea tan débil, por lo menos en términos de su soporte técnico y administrativo. Recordemos que estos consejeros son ad honorem y todos ellos personas bastante ocupadas con sus propias tareas, lo cual ameritaba que contaran con mayor soporte a sus funciones. Debo reconocer que el Consejo, de mutuo propio, desarrolló un documento para abordar de mejor forma nuestro proceso descentralizador.
En un panorama como este, no ayuda mucho lo que ha ocurrido en uno de los ejes relevantes en esta materia. Me refiero a la Unidad de Modernización del Ministerio de Hacienda, parte de la Secretaría de Modernización del Estado, entidad bastante disminuida, ya que su equipo de profesionales se ha reducido sustancialmente. Si a esto sumamos que el encargado de llevar adelante la Transformación Digital del Estado, componente muy significativa en los anuncios del Ejecutivo en materias de modernización, renunció a su cargo, el panorama completo no es muy alentador.
Todo esto plantea serias dudas respecto del futuro de la Modernización del Estado y cómo logramos establecer una agenda y arquitectura institucional que apunte a resolver los nudos y desafíos más importantes de nuestra administración pública. Basta darse una vuelta por la prensa para observar varios casos que reflejan la precariedad de nuestro Estado y, por ende, la urgencia de un profundo proceso modernizador.
La Tercera
