En el año 2015, una ley impulsada por la ex Presidenta Michelle Bachelet reemplazó el sistema binominal para elegir parlamentarios por uno proporcional, que utiliza el mecanismo llamado d’Hondt. Era una de las demandas más insistentes e históricas de la izquierda, desde la DC hasta el PC. Reclamaban que el binominal restringía la participación de partidos políticos, arrastraba a personas con baja votación, sobrerepresentaba a la derecha, que Chile era el único en el mundo que lo usaba, etc. Tan emblemático fue el cambio que la propia ex mandataria señaló en la promulgación de la ley que era “un gran día para la democracia, hoy hemos dejado atrás la condena del sistema binominal que por tanto tiempo limitó a nuestra representación política”.
Todos los sistemas electorales tienen ventajas y desventajas, no existe el sistema perfecto. Todos corrigen de alguna manera los resultados, de acuerdo a las reglas establecidas, y por eso quedan fuera candidatos con más alta votación que algunos de los electos, cuando sus listas no alcanzan los umbrales de elegibilidad. Sin embargo, la experiencia en las democracias consolidadas señala que el sistema que se defina debe facilitar la gobernabilidad, el diálogo entre sectores políticos, la representación en el Congreso de las mayorías y la competencia para la debida alternancia.
El sistema a través del cual se eligió al Congreso en el 2017 (la mitad del Senado y toda la Cámara) ha mostrado los problemas que genera y ha desarmado los mitos que se repitieron durante años, hasta lograr una opinión pública favorable al cambio.
Primero, incentiva el multipartidismo: en la Cámara están representados 16 partidos políticos, en seis coaliciones. Alcanzar acuerdos es difícil, casi imposible, porque cada partido quiere mostrar alguna ganancia, porque pocos están dispuestos a asumir costos y porque cuando 13 de esos 16 partidos están en la oposición, puede más la lógica electoral y la tentación de pegarle al gobierno por donde sea.
En segundo lugar, la misma noche de la elección parlamentaria de 2017 se demostró que era falso que el sistema proporcional impedía la elección por arrastre. En los 20 años anteriores, solo 11 diputados habían sido electos con menos del 15% de los votos y ninguno con menos del 4%. La actual Cámara está conformada por 155 diputados, de los cuales 99 fueron elegidos con menos del 10% de los votos y 29 de ellos con menos del 5%. O, puesto de otra manera, nueve de los 16 partidos con representación parlamentaria tiene el 5% o menos de los votos a nivel país y han elegido a 22 diputados.
Esos datos no son poca cosa cuando una parte del Congreso tiene pequeñas votaciones, tomando grandes decisiones. O cuando se están bloqueando iniciativas que la ciudadanía espera desde hace años (hoy están paralizadas la reforma al sistema de inteligencia, la reforma previsional, la sala cuna para padres y madres trabajadores, entre muchos otros).
En simple: el sistema proporcional dificulta la gobernabilidad y los acuerdos, promueve liderazgos radicalizados que le hablan solo a su base electoral y es falso que sean elegidos los candidatos más representativos de las mayorías políticas del país. La Convención Constituyente puede ser un buen momento para que quienes sean elegidos planteen una revisión de un sistema que hoy distorsiona nuestra política. Un camino puede ser reemplazarlo por un sistema mayoritario, con primarias obligatorias para que los partidos definan a sus candidatos y con segunda vuelta cuando los candidatos no alcancen pisos razonables de representación.
Por favor, no más parlamentarios con el 1% de los votos decidiendo materias de enorme trascendencia, incluso la posibilidad de destituir al Presidente de la República y a sus ministros, cambiar las reglas para la Convención Constituyente o bloquear reformas largamente esperadas por los chilenos. (El Líbero)
Isabel Plá
