El pasado 17 de julio de 2018 se dio a conocer en los medios de comunicación generalizados que un comprador no revelado había realizado un pedido a la corporación aeronáutica europea Airbus de 175 aviones de transporte de pasajeros por un importe total de 21.245 millones de dólares.
Se trata de un gigantesco contrato por 100 aviones A-321neo y 75 A320neo en el que faltaría por confirmar los motores que equiparían dicha flota y que, según las consideraciones que expondremos, será también europeo.
La cuestión que se plantea es: ¿qué cliente puede realizar un pedido de esta magnitud? Porque estamos hablando de una cantidad ingente de aviones de pasajeros que serviría para renovar completamente la flota de cualquier compañía aérea global.
Por una cuestión de imagen de marca una compañía comercial anunciaría inmediatamente este pedido, que le permitiría distinguirse de sus competidoras obteniendo un excelente posicionamiento comercial basado en la disposición de una flota extraordinariamente moderna.
Como se trata de aviones de un solo pasillo y mediano recorrido, está claro que estamos hablando de alcances regionales como, por ejemplo, vuelos europeos, vuelos interiores en los Estados Unidos o China o vuelos regionales en el sudeste asiático o en otras regiones del mundo donde existe un tráfico aéreo denso.
También el monto económico de la operación se torna prohibitivo para una compañía comercial, que estaría al alcance solo de grandes compañías aéreas globales como IAG, Lufthansa, KLM-Airfrance o United Airlines. Lo que nos lleva a pensar que ese comprador no revelado puede ser un Estado. Y un Estado que controla el tráfico comercial de pasajeros en su territorio y en el área circundante. Un Estado que maneja grandes volúmenes de pasajeros. Un Estado que necesita renovar toda su flota de aviones comerciales. Y, finalmente, que dispone de la capacidad financiera para hacer frente a un contrato de más de 21.000 millones de dólares.
Precisamente, la americana Boeing anunció el 6 de junio de 2018 la suspensión de sendos contratos firmados con las compañías aéreas Iran Air y Aseman Airlines para suministrarles aviones comerciales, precisamente por un valor conjunto de 20.000 millones de dólares.
Según el comunicado de la compañía aeronáutica americana todavía no se había entregado ningún avión al amparo de esos contratos y “dado que ya no tiene licencia para comerciar” con Irán tampoco lo haría en el futuro.
Esto se produce en el contexto de la aplicación del nuevo régimen de sanciones económicas y financieras contra Irán aprobado por la Administración Trump tras el anuncio el 8 de mayo de 2018 de retirada del Acuerdo Nuclear de 15 de julio de 2015, denominado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA).
Desde ese momento, los Estados europeos firmantes -Alemania, Francia y Gran Bretaña- junto con la Unión Europea han llevado a cabo intensos contactos diplomáticos con las autoridades iraníes, así como con Rusia, China, India y Japón, para mantener la vigencia del Acuerdo Nuclear sin los Estados Unidos ya que todos lo consideran un instrumento fundamental para garantizar la estabilidad regional en Oriente Medio.
Mientras el presidente Trump anuncia una política de máxima presión sobre el régimen de los ayatolás basada en la idea de que el Pacto Nuclear de 2015 fue un “mal acuerdo” lesivo para los intereses de seguridad de los Estados Unidos, los dirigentes europeos tratan de buscar las vías para evitar la aplicación extraterritorial de las sanciones americanas.
De este modo buscan contentar al régimen iraní mientras abren una vía para negociar un nuevo pacto que se extienda no solo al programa nuclear iraní sino también a su programa de misiles balísticos, que es una de las grandes exigencias del presidente Trump, pero también de los aliados israelíes -quienes no quieren oír hablar ni del Pacto de 2015 ni de ningún entendimiento con Irán-.
Sin embargo, Washington vería con buenos ojos una ampliación del Acuerdo Nuclear a estas materias, pero sin comprometerse formalmente o firmar un nuevo tratado que debería pasar obligatoriamente por el Senado americano para su entrada en vigor y, como sabemos, la forma de hacer política exterior del presidente Trump busca éxitos inmediatos -como hemos tratado en la entrada “La política exterior del Presidente Trump: Irán, Corea, Rusia y China en junio de 2018-.
Como ha dicho recientemente el jefe del Grupo de Acción sobre Irán del Departamento de Estado, Brian Hook: «ahora estamos fuera del acuerdo, tenemos mucha más libertad diplomática para combatir toda la gama de amenazas iraníes.»
Es en este contexto en el que se inserta el anuncio de Airbus del gigantesco contrato por 21.000 millones de dólares. Como la entrada en vigor de las sanciones americanas es gradual, con un conjunto de medidas de aplicación inmediata el mismo mes de mayo, una segunda etapa a partir del 7 de agosto y finalmente la entrada en vigor plena del nuevo régimen el 5 de noviembre de 2018, pronto veremos si se anuncia el “comprador no revelado” o si, por el contrario, se produce la anulación del pedido, precisamente, por el temor a la aplicación extraterritorial de las sanciones que dañaría los intereses de la compañía europea por excelencia. (Universidad de La Laguna, España-Derecho Internacional-NP)
Luis V. Pérez Gil
