La violencia desatada y brutal de la noche del 18 de octubre de 2019, y la de los días siguientes en la forma de saqueos, barricadas, incendios y destrucción de la propiedad pública y privada, nos acercaron peligrosamente a la Vía Insurreccional. Solo la primera noche fueron destruidas y quemadas veinte estaciones del metro -100 de 138 fueron dañadas con un costo de recuperación de US$ 240 millones-, empresa estatal que moviliza 2,8 millones de pasajeros al día. El Gobierno decretaba el Estado de Emergencia mientras los principales dirigentes del PC y del Frente Amplio se movilizaron bajo la consigna de “evasión masiva, desobediencia civil y renuncia de Piñera”.
El 25 de octubre vimos una película completamente distinta. Cerca de un millón de personas se movilizaron pacífica y masivamente -generalmente la masividad de ese tipo de manifestaciones va de la mano de su carácter pacífico- en las calles de Santiago y otros cientos de miles en las principales ciudades del país. Fue una fiesta alegre que reunió a las familias, a cara descubierta, sin emblemas partidarios, con banderas chilenas y del pueblo Mapuche, sin oradores ni escenarios, solo la gente movilizada pacífica y masivamente. Se iniciaba así la Vía Institucional como camino para hacer frente a las sentidas y profundas demandas del pueblo chileno.
La Vía Insurreccional volvió a mostrar su peor cara la noche del 12 de noviembre mientras Santiago y las principales ciudades del país ardían en llamas. No es exagerado afirmar que esa noche nos acercamos peligrosamente a una situación pre revolucionaria o pre autoritaria -cualquier cosa menos democracia-, ambas como expresiones de la Vía Insurreccional. Ese día los 14 partidos de oposición, incluidos los 13 partidos de izquierda y la democracia cristiana, dieron a conocer una declaración pública llamando a un plebiscito, una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución.
La Vía Institucional dio un paso decisivo con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. El punto, sin embargo, no era pacífico al interior de la oposición. Mientras la mayoría de sus partidos lo suscribieron, el PC y Convergencia Social, del Frente Amplio, se restaron. Gabriel Boric tuvo que firmarlo a título personal, mientras su propio partido le quitaba el piso. Esa demostración de liderazgo político lo catapultó como candidato del Frente Amplio y fue uno de los elementos que explican su triunfo en las primarias del Apruebo Dignidad (una de las principales imputaciones que le hizo su contrincante, Daniel Jadue, fue precisamente el haber suscrito ese acuerdo).
Las tensiones de mediados de noviembre daban cuenta de distintas estrategias y definiciones políticas al interior de la oposición. Es así como en el hecho más decisivo de todos, como fue la reforma constitucional de diciembre de 2019, que abrió paso al proceso constituyente en marcha, el PC votó por el rechazo. Un año después el centenario partido revelaría su verdadera política al convocar, en su XXVI Congreso partidario (diciembre de 2021), a una “ruptura democrática y constitucional”, que incluye, en las palabras de su máximo líder, “rodear con la movilización de masas” la Convención Constitucional elegida el 15-16 de mayo recién pasado.
Lo que desde un comienzo se planteó como una disyuntiva entre Vía Institucional y Vía Insurreccional, ha ido cediendo claramente en favor de la primera. La amplia mayoría en favor del “Apruebo” expresada en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, de la que se restó ahora la derecha, vino a darle una legitimidad a la gran mayoría de las fuerzas políticas de los partidos y el parlamento que se expresaron en favor del Acuerdo del 15/11 y la reforma constitucional de diciembre. La elección de los convencionales del 15-16 de mayo y la reciente primaria presidencial, en la que participaron más de tres millones de personas, con la inexcusable ausencia de la centro-izquierda, solo vinieron a consolidar la Vía Electoral como expresión política de la Vía Institucional.
A pesar de ello, la Vía Insurreccional no ha desaparecido del todo; no solo porque existe una importante dosis de ambigüedad de sectores de la izquierda en relación a la violencia como método de acción política -subsistiendo las definiciones del PC de su XXVI Congreso como una gran interrogante al respecto- sino porque la Vía Insurreccional muestra su cara más abierta y preocupante en la vía armada adoptada por grupos que desafían las instituciones democráticas en la Araucanía y comunas de las regiones del Biobío, Los Lagos y Los Ríos.
Tal es el caso, principalmente, de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), surgida en 1998, bajo la dirección de Héctor Llaitul, pero también de otros grupos armados tales como la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), organización en la comunidad de Temucuicui que se encuentra activa desde 2016, la Resistencia Mapuche Lafquenche y el Weichan Auka Mapu, grupo surgido como una escisión de la CAM en 2011. Ellos se organizan en torno a los “Órganos de Resistencia Territorial” (ORT), bajo el modelo de las FARC en Colombia, en favor del “weychan” (lucha o guerra) como método de acción política.
Es una paradoja que, mientras sectores políticos de oposición abogan por la “desmilitarización” del Wallmapu, los únicos grupos comprometidos con métodos militares son algunos de los ya mencionados. La CAM ha reivindicado el último hecho de sangre conocido en días pasados, que terminó con la muerte (en combate) del joven Pablo Marchant, reivindicado por la propia organización como una acción de “sabotaje” contra las empresas forestales. Son los mismos grupos que, también en días pasados, han denunciado la participación de Elisa Loncon y los representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional como un “acto de sometimiento al pacto colonial”.
En estos grupos armados de la Araucanía y alrededores, la Vía Insurreccional y el desprecio por la Vía Institucional corresponden a una estrategia político-militar que avala y practica la violencia como método de acción política, ante el silencio cómplice de algunos grupos de izquierda que no han dicho una sola palabra de condena frente a este tipo de hechos -que ya no solo se mezclan con acciones delictivas como el robo de madera y el narcotráfico, sino que se expresan en una estructura militar, un poder armado y un poder de fuego de carácter letal- como no sea para denunciar la “criminalización de la protesta social”. Una mayoría de convencionistas ha suscrito una declaración solicitando la libertad de los presos de la revuelta de octubre y de los imputados por hechos delictivos en la Araucanía desde 2001 en adelante.
Lo que está en juego en esta confrontación entre la Vía Institucional y la Vía Insurreccional es la democracia misma y la capacidad de sus instituciones para procesar pacíficamente las demandas sociales. La responsabilidad principal en favor de una o de otra radica en las fuerzas políticas de gobierno y oposición. Fueron las fuerzas políticas de izquierda las que lograron aislar y derrotar a las Brigadas Rojas en Italia. Fueron el conjunto de las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, las que lograron aislar y derrotar a la ETA en España. Fue el gobierno democrático de Patricio Aylwin, con las armas del derecho y el apoyo de los partidos de la Concertación, los que lograron desarticular al FPMR-Autónomo, las “milicias rodriguistas” y el Grupo Lautaro.
Son las actuales fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, sin ambigüedades de ningún tipo, las que deben aislar y derrotar a los grupos armados y hacer prevalecer, en todos los ámbitos, la Vía Institucional sobre la Vía Insurreccional. El actual proceso constituyente y la seguidilla de elecciones del último año, y las que vienen de aquí a noviembre-diciembre, son el marco en que se tomarán las más importantes definiciones tras el objetivo siempre presente de construir una Patria Justa y Buena para todos. Solo la Vía Institucional es conducente a este objetivo. (El Mostrador)
Ignacio Walker