Con el trabajo de las Comisiones de Armonización, Preámbulo y Disposiciones Transitorias, la redacción final del texto está llegando a su fin para ser votado el 4 de septiembre próximo. En mi columna anterior los invité a decidir en conciencia, siguiendo el método “Ver–Discernir–Actuar” para tomar la decisión en el referéndum de salida.
Para ese decidir en conciencia es fundamental la información y la formación, necesitamos conocer muy bien el texto propuesto de nueva Constitución. Eso es lo que estamos haciendo en USEC, Unión Social de Empresarios Cristianos: ofrecer a los empresarios, ejecutivos, emprendedores, colaboradores y a todos quienes se interesen, los antecedentes de diversas aristas del proceso constituyente, analizándolos a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, para que puedan decidir en conciencia ante el proyecto de nueva Constitución. En esta oportunidad nos ha parecido muy importante comentar acerca de la solidaridad.
En el debate público chileno, y particularmente en la discusión constitucional, hemos notado una concepción errada respecto de este concepto, que aparece 29 veces en el borrador. Comúnmente se la ha entendido como un aumento de la acción estatal en la vida social. Sin embargo, la solidaridad no puede estar más alejada de eso: en cuanto principio y virtud, ésta se refiere a “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos” (Sollicitudo Rei Socialis, 1987, 38).
La solidaridad, entonces, se refiere mucho más al despliegue de la sociedad civil al servicio de todos, que de la acción distributiva del Estado. Desde los inicios de nuestra República, se fueron desarrollando asociaciones y acciones en el ámbito de la enseñanza, la salud, el comercio o la beneficencia, entre muchas otras, que han ido dando forma a una sociedad verdaderamente solidaria. Buenos ejemplos al respecto son la Teletón, la Universidad Católica, Techo, Desafío Levantemos Chile o la acción coordinada por los gremios empresariales para hacer frente a los efectos sociales de la pandemia.
La solidaridad no puede ser impuesta ni prohibida, debe ser fomentada y aplaudida. Cuántas veces frente a hechos de catástrofes de la naturaleza, hemos visto el actuar solidario de muchas personas e instituciones que nos llena de orgullo a todos como nación. Somos un pueblo solidario.
Por el contrario, en la Convención Constitucional se impuso una visión que le da prioridad al Estado en la búsqueda del bienestar general, desconfiando aparentemente de las organizaciones entre la familia y el Estado, las cuales, en cuanto más cercanas a los problemas sociales, son las que deben tener preferencia en la resolución de éstos, conforme a una recta comprensión de los principios de solidaridad y subsidiariedad.
Aunque el papel de los privados no fue prohibido en el texto propuesto y en muchas actividades se reconoce la libertad de emprender y asociarse, en los denominados derechos sociales –vivienda, salud, educación y seguridad social– no queda claro el papel que jugarán las sociedades intermedias en el sistema público que se encargue de proveerlos, dejándole la respuesta a las leyes que se redacten en el futuro.
Justamente es aquí donde se juega realmente la posibilidad de una sociedad auténticamente solidaria, donde el sector privado y el tercer sector sean los principales actores en la búsqueda del bien común, y el Estado juegue un rol de fomento, regulación y suplencia –según el principio de subsidiariedad– de las sociedades intermedias.
Son miles de organizaciones, con y sin fines de lucro, las que día a día dedican sus esfuerzos a la consecución del bien común, aportando al desarrollo material, cultural y espiritual de nuestros compatriotas. Esperamos que en el futuro se siga valorando y fomentando el papel que juega la sociedad civil en las acciones solidarias que buscan la construcción de un Chile mejor. (El Líbero)
Francisco Jiménez Ureta
USEC
