La discusión de la reforma de pensiones -ahora que se separó el proyecto de ley y se aprobó el incremento de las pensiones básicas- parece haber pasado a un segundo y lejano plano. Tal como nos sucede a cada uno de nosotros, existen importantes deficiencias en términos de los incentivos que nos llevan a priorizar los problemas urgentes por sobre los importantes.
A nivel país pasa lo mismo: por más positivos que sean los efectos de largo plazo de algunas políticas públicas, cuando ellas deben someterse al juicio popular, es muy probable que sean postergadas por políticas menos importantes, pero que atacan problemas más urgentes. Ello es especialmente cierto cuando los beneficios están en el largo plazo, y los costos en el corto. Sometidos al juicio popular, los incentivos para que los parlamentarios se jueguen por estas políticas son perversos y, por tanto, suelen ser políticas que quedan por siempre en el baúl de los pendientes.
Esta es la historia de la reforma de pensiones. Para los parlamentarios de cualquier color ha sido siempre fácil implementar políticas para el pilar solidario, donde la mayor parte de los beneficios las reciben sus votantes en el corto plazo. Pero cuando se trata de apretar el cinturón, nadie está dispuesto a perder su voto. En efecto, la gran y más importante crítica al sistema de pensiones de capitalización individual es que éste no ha sido capaz de generar las pensiones prometidas en los años 80 y 90, cuando el sistema aún era muy popular. Las pensiones que reciben quienes han ahorrado largos años de sus vidas están muy bajo lo esperado, generando una justa frustración y rechazo al sistema.
La parte triste de esta historia es que el sistema de capitalización individual no está malo, ni es inadecuado; por el contrario, dadas las condiciones actuales de crecimiento poblacional, este es el único sistema que es sostenible en el largo plazo. Basta con mirar los problemas de los sistemas de pensiones de reparto en el mundo desarrollado para darse cuenta de que un sistema de reparto que mejore las pensiones a futuro es una utopía.
¿Entonces qué pasó? Pasó lo que Darwin llamó evolución… A principios de los 80 la esperanza de vida de un hombre al nacer alcanzaba los 70 años; hoy, supera los 80 años. Lo que implica que el mismo ahorro debe alcanzar para al menos 10 años más de los calculados en principio. Adicionalmente, el mercado laboral demostró no funcionar tan bien como se esperaba: las lagunas previsionales (meses en que los cotizantes no ahorran por estar sin trabajo o en trabajos informales) superó por mucho lo estimado; y las tasas de interés y, por tanto, los retornos de los ahorros han caído consistentemente a nivel mundial durante los últimos 20 años.
¿Tiene este problema una solución? Claro que la tiene. si los fondos ahorrados no alcanzan para financiar las pensiones esperadas, lo que se necesita es aumentar el tamaño de los ahorros relativos al tiempo que se van a ocupar (si quiero comprar una casa más cara mañana, tengo que ahorrar más hoy). Dadas las condiciones del mercado laboral y de las tasas de interés en el mundo, lo que queda como opción para cualquier sistema de pensiones es subir la tasa de contribución o tasa de ahorro para pensiones, que hoy alcanza 10%, pese a que la OECD ha recomendado subirla a 18%, o incrementar la edad de jubilación, que hoy es 65 años en hombre y 60 en mujeres (disminuyendo en forma proporcional la cantidad de años que se debe financiar como pensión); o una combinación de ambas, como lo están haciendo muchos países del mundo desarrollado.
Por tanto, la solución al problema existe, y existe desde el principio del sistema. La discusión de que la tasa de ahorro para pensiones es baja o que la edad de jubilación debería incrementarse se viene escuchando hace más de 20 años, y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque la edad de jubilación, así como la tasa de ahorro, están fijados en el DL3500 y, por lo tanto, cambiar estos guarismos requiere pasar por el Congreso.
Subir la edad de jubilación, así como incrementar la tasa de ahorro obligatoria para pensiones son decisiones que no cuentan con apoyo popular, pues la gente naturalmente valora más el presente que el futuro, y nadie quiere contar con menos ingreso disponible para gastar hoy o ver cómo se aleja la edad en que pueda por fin jubilarse -pese a que todos quieren alcanzar mayores pensiones a futuro-. Apoyar estos cambios no es popular e implica una caída en los votos o el apoyo al gobierno y/o parlamentarios, por tanto, muy pocos están dispuestos a sacrificarse para apoyar estas medidas; tan pocos, que durante 20 años no se hizo nada, sabiendo que esto iba a llevarnos a la situación en que estamos hoy.
De nada sirve ahora llorar sobre la leche derramada, pero sí podemos por fin, cuando nos encontramos al filo del precipicio, priorizar lo importante, para no tener que volver a sufrir sobre lo urgente. Y dado que los problemas de intertemporalidad -es decir que quien asume los costos hoy no será quien se beneficie de los frutos de dichas decisiones el día de mañana-, se me ocurrió una solución en que no sólo se eliminan los costos de elevar los parámetros del sistema (edad de jubilación y tasa de ahorro para pensiones) a futuro, sino que también lo hace para quien apoye esta reforma hoy.
La solución consiste en aprobar por ley cambios a los parámetros a realizarse en forma automática en función de tres factores: la evolución de la esperanza de vida a la edad de jubilación, de la evolución de las lagunas previsionales y de las tasas de retorno de largo plazo de los mercados. Para ello, cada año, la superintendencia de pensiones (con castigo legal en caso de no hacerlo) deberá llamar a un panel de expertos, como el que coopera con el Ministerio de Hacienda, para determinar el crecimiento potencial y el precio del cobre de largo plazo, para proyectar la esperanza de vida a la edad de jubilación, la evolución de las lagunas previsionales y de las tasas de retorno de largo plazo de los mercados. Con estos factores especificados, la ecuación determinará la edad de jubilación y tasa de contribución necesarias para alcanzar el objetivo propuesto de pensión (como porcentaje del salario), y cada vez que los parámetros cambien en más de 0,5, -es decir medio año más o 0.5% más de tasa de ahorro-, se deberán cambiar los parámetros a regir el sistema por el período anual siguiente.
De este modo, hoy el congreso sólo debe aprobar una forma de trabajo futuro; y estos cambios de parámetros, que a nadie le gustan en el presente –y que son vistos como votos negativos por nuestros parlamentarios– ya no dependerán de las decisiones del gobierno y miembros del parlamento de turno, sino de un mecanismo sin sentimientos de corto plazo, pero diseñado para mejorar nuestra vida a futuro. (El Líbero)
Michelle Labbé
