El Presidente Piñera ha dado un plazo de 30 días al ministro de Obras Públicas para llegar a un acuerdo con las concesionarias para rebajar las alzas de peajes contempladas en los contratos que estas firmaron con el Estado. Cualquier rebaja de tarifas siempre gozará del aplauso de la población, pues pareciera que todos ganan y nadie paga la cuenta. Desafortunadamente no es así y en realidad se trata de una medida populista, con efectos adversos sobre la calidad de vida en las ciudades y que perjudica especialmente a los sectores de menores ingresos, como argumentamos a continuación.
Como en Chile los contratos se cumplen, el Estado deberá compensar a las concesionarias por los ingresos que dejarán de percibir; por ejemplo, extendiendo el tiempo de las concesiones. Esto significa destinar recursos públicos que habrían favorecido a sectores más necesitados a subsidiar las tarifas de automovilistas de ingresos medios y altos: según la última encuesta de presupuestos familiares, el quintil de ingresos más altos gasta 10 veces más que el último quintil en peajes ($19.000 vs. $1.900 mensuales). Peor aún, la forma en que se lleva a cabo esta renegociación, con un concesionario que no tiene por qué renegociar y un Presidente que ha obligado a su ministro a llegar a un acuerdo en 30 días, deja al MOP en una posición negociadora extremadamente débil, lo cual augura un costo sumamente alto para el fisco y beneficios extraordinarios para las concesionarias.
La renegociación de las concesiones también afectará la calidad de vida de quienes viven en Santiago, que sufren problemas graves de congestión y contaminación y donde muchos trabajadores destinan una significativa cantidad de tiempo en desplazarse, reduciendo el tiempo disponible para sus familias. La menor alza de tarifas agudizará los problemas de congestión y contaminación en las propias carreteras concesionadas, pero aún más importante, en sus áreas de influencia en la ciudad, aumentando los tiempos de viaje y la contaminación.
Finalmente, esta medida crea el precedente de que el Gobierno está dispuesto a revisar contratos con privados respondiendo a la presión ciudadana aun cuando esto tenga un alto costo fiscal, efectos ambientales y de congestión adversos y sea regresivo desde la perspectiva distributiva. Una negociación como esta puede terminar siendo el equivalente a lo que fue Barrancones en el primer gobierno del Presidente Piñera. (El Mercurio)
Eduardo Bitrán
Eduardo Engel
