EN LAS últimas semanas Chile se ha visto expuesto a los incendios más graves de su historia. Estos hechos han causado enormes daños, preocupación y angustia a una cantidad importante de la población. Catástrofes de esta naturaleza son un buen escenario para que florezcan los más altos valores en nuestra sociedad, como por ejemplo la solidaridad, pero también sirven para que se desarrollen otros comportamientos nada de valiosos.
Dentro de estos últimos, uno de los más reprobables ha sido la generación y luego difusión de un conjunto de informaciones falsas por distintas redes sociales y otros medios acerca de la catástrofe. Ellas no solo han causado alarma pública, sino que en algunos casos incluso han tenido el impacto de desviar los recursos y esfuerzos de las instituciones encargadas de lidiar con la emergencia para hacerse cargo de problemas inexistentes, retrasando así la capacidad de las mismas de actuar donde efectivamente era requerido. No estamos entonces, al menos en algunos casos graves, en presencia de bromas inocentes sin consecuencias. Por lo mismo, ellas han recibido rechazo unánime y generado indignación.
En este contexto, el Ministerio Público ha abierto recientemente una investigación penal destinada a examinar si es posible establecer la comisión de algunos delitos. Las conductas más graves de parte de quienes han originado noticias a sabiendas de su falsedad efectivamente estarían sancionadas en diversas disposiciones de nuestra legislación. Por ejemplo, la que regula el delito de dar una falsa alarma de incendio (artículo 268 bis del Código Penal).
Así, parece razonable que frente a estos hechos, especialmente considerando el contexto y gravedad de la situación que ha vivido el país, los fiscales investiguen e intenten establecer la responsabilidad de quienes han sido sus autores. Me parece que es evidente que el Ministerio Público debe actuar cuando se producen hechos graves que afectan la convivencia nacional y se encuentran tipificados como delitos. Nadie debiera sorprenderse de esto.
El no hacerlo no solo sería un incumplimiento de sus deberes básicos sino que también podría generar enormes niveles de frustración en nuestra sociedad acerca de la capacidad de respuesta de nuestro sistema de justicia penal frente a hechos de este tipo.
Lo anterior no significa dar rienda suelta a una cacería de brujas ni mucho menos. Para mantenerse dentro de un contexto de razonabilidad, la investigación debiera estar acotada a los hechos más relevantes y graves y no desviarse a conductas menores o simplemente discutibles.
Debiera también distinguir con mucha claridad entre quienes han generado las noticias falsas sabiendo ello (en principio los potenciales responsables penalmente), de quienes simplemente las han reproducido o divulgado.
Por otra parte, debieran quedar completamente fuera de investigación todas las conductas que constituyen parte de una discusión pública de crítica, aun cuando sea fuerte o no se esté de acuerdo con ella, acerca de cómo se ha enfrentado la emergencia.
Esto forma parte del legítimo debate que se debe dar en una democracia. Por otra parte, durante el desarrollo de la investigación se debe tener mucho cuidado de generar falsas expectativas respecto a las posibilidades reales de esclarecer estos delitos y de la magnitud de las sanciones que eventualmente se puedan imponer.
Finalmente, sería esperable que la Fiscalía apunte a obtener resultados rápidos, de manera que no se trate de una investigación que se extienda indebidamente en el tiempo y consuma de manera excesiva los siempre limitados recursos que dispone la persecución penal en nuestro país. (La Tercera)
Mauricio Duce
