El Ejecutivo español ha dado «unas horas» para que los anteriores miembros del gobierno regional de Cataluña, destituidos el viernes pasado, puedan recoger sus objetos personales de sus oficinas oficiales y salir de ellos a continuación, aseguró hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
El objetivo es recuperar la normalidad institucional lo antes posible con la «mayor discreción» y el principio de «intervención mínima», explicó en declaraciones a la cadena de televisión Antena3.
Zoido indicó también que, «en ningún momento», en el Ejecutivo se planteó la eliminación de la Policía regional catalana (Mossos d’Esquadra).
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, de todo su gabinete y otros altos cargos, y convocó elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un «Estado independiente en forma de república».
Además, Zoido pidió sensatez al consejero catalán cesado de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, que acudió hoy a la sede oficial de ese departamento a trabajar y a continuar con su agenda «normalmente» -según dijo a través de su cuenta de Twitter – porque eso es lo que le «ha encomendado el pueblo de Cataluña».
La Policía catalana informará al juez y al fiscal en el caso de que los ex consejeros no abandonen las oficinas. Según fuentes policiales, los anteriores responsables de la administración pública catalana pueden acceder a las dependencias oficiales acompañados de un agente de la policía para retirar sus objetos personales.
Después, si se niegan a salir, el agente de la policía autonómica tiene orden de levantar un atestado y remitirlo al juez y al fiscal.
QUERELLA POR SEDICIÓN Y REBELIÓN
La Fiscalía General del Estado español presentó hoy querellas por rebelión, sedición y otros delitos contra los integrantes del destituido gobierno de la región de Cataluña y contra los de la Mesa del Parlamento autonómico por impulsar un proceso independentista.
En una comparecencia ante la prensa, el fiscal general, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes irá a la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos cuenta con foro especial tras haber sido cesados por el Gobierno español.
Los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, pues sí cuentan con un foro especial como parlamentarios, añadió Maza.
En ambos casos, la Fiscalía pide que los querellados sean citados para prestar declaración «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares» por la «gravedad» de los hechos y de los delitos imputados.
El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, de todo su gabinete y otros altos cargos, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el jueves 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un «Estado independiente en forma de república».
El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una «crisis institucional» que culminó con la «declaración unilateral de independencia» por parte del Parlamento catalán con un «total desprecio» a la Constitución española.
En el caso de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa, Maza argumentó que éstos permitieron la tramitación, debate y votación de la declaración de independencia. (Emol-El Mostrador- EFE)
