El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este sábado su plan para cesar al gobierno catalán y reducir las competencias del Parlamento regional.
El gobierno de España tuvo que aplicar el artículo 155 para que Cataluña volviera a la legalidad, dijo Rajoy.
El mandatario presidió este sábado un Consejo de Ministros extraordinario para decidir cómo aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le da poder al gobierno central para adoptar «las medidas necesarias» para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.
Las medidas propuestas por el gobierno de Rajoy son: «proceder al cese del presidente, vicepresidentes y consejeros de la Generalitat» -el gobierno regional-, cuyas funciones pasarán a los Ministerios del gobierno central, así comoreducir las competencias del Parlamento catalán, que continuará realizando su «función representativa».
Además, Rajoy anunció su intención de convocar elecciones en Cataluña «tan pronto como se recupere la normalidad».
«La facultad de disolver el Parlament pasa al presidente del Gobierno. El presidente tendrá que convocar elecciones en un máximo de seis meses, pero mi voluntad es que sea tan pronto como recuperemos la normalidad», explicó Rajoy.
Dichas medidas deben ser ratificadas por el Senado, la Cámara alta española donde están representadas todas las regiones y donde el Partido Popular de Mariano Rajoy tiene mayoría. Se prevé que el pleno del Senado se reúna a finales de la próxima semana.
Rajoy dijo que estas medidas tienen cuatro objetivos: «volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia que se ha deteriorado mucho en Cataluña, «continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en situación de normalidad».
El Consejo de Ministros de este sábado tuvo lugar tres semanas después del controvertido referéndum de independencia del 1 de octubre, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, argumentó que el resultado del referéndum -en el que votó el 43% de los catalanes y un 90% lo hizo a favor- le dio un «mandato» para que «Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república».
LAS CINCO DECISIONES
El gobierno español de Mariano Rajoy detalló este sábado las medidas que someterá al Senado para intervenir la autonomía catalana, y que incluyen la puesta bajo tutela de la policía, los medios de comunicación y el Parlamento regionales.
Las medidas han sido acordadas en consejo de ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución, para atajar el desafío separatista del ejecutivo nacionalista catalán.
Serán presentadas en principio el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta:
GOBIERNO CATALÁN
El gobierno de Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno regional catalán, que tiene como presidente a Carles Puigdemont y como vicepresidente a Oriol Junqueras.
Sus funciones quedarán en manos de “los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la nación”. Rajoy dijo a la prensa que “en principio”, la idea es que los ministerios de su gobierno asuman dichas funciones el tiempo que dure “esta situación excepcional”.
Igualmente, se pide que Rajoy tenga potestad para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones “en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado”. Actualmente, dicha competencia le corresponde a Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Más allá del gobierno catalán, el ejecutivo de Rajoy pide poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de la Generalitat.
POLICÍA CATALANA
Cataluña cuenta con su propia fuerza de policía, los Mossos d’Esquadra, que en condiciones normales dependen exclusivamente del consejero regional de Interior. Sólo en caso de operativos desplegados por motivos de especial gravedad pueden depender del Estado.
El ejecutivo de Rajoy pide sin embargo ahora “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos.
Incluso, “en el caso de que sea necesario”, los miembros de la policía catalana “serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, esto es, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
LAS FINANZAS
Ya en septiembre, el gobierno central intervino las cuentas de la Generalitat, para intentar en vano impedir el referendo del 1 de octubre. La medida sigue vigente.
Ahora pide autoridad para ejercer todas las competencias financieras, presupuestarias y fiscales, y asegurarse así de que ni un solo euro de los impuestos locales o el dinero enviado desde Madrid sea desviado a la financiación del proyecto independentista.
TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS
Rajoy pide igualmente asumir “las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales”.
Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.
Del lado de los medios de comunicación, la televisión y la radio públicas (TV3 y Catalunya Ràdio) quedan bajo control del gobierno central, como cualquier otro ente dependiente de la Generalitat.
Dicho control permitirá a Rajoy proceder a ceses y nombramientos en dichos medios, e incluso influir en su contenido. El texto acordado en consejo de ministros dice que en los medios públicos catalanes se “garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural”.
Sindicatos de periodistas de TV3 han criticado el sesgo independentista de la cadena, al igual que sindicatos de Televisión Española (TVE) se han quejado de lo que consideran un sesgo oficialista en la cobertura de la crisis catalana.
PARLAMENTO
El gobierno de Rajoy pide también poner bajo su completa tutela la actividad del Parlamento catalán, donde los independentistas tienen actualmente una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135.
A comienzos de septiembre, estos legisladores hicieron aprobar la ley que permitía el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre, y que esta semana fue anulada por el Tribunal Constitucional.
El texto que se someterá al Senado establece que la cámara catalana “no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas”.
Para asegurarse de ello, el gobierno central designará una autoridad que, de manera sistemática, tendrá 30 días para dictaminar si un texto en trámite es conforme o no a las medidas de intervención de la autonomía regional.
Dicho control se extiende a todas las proposiciones de ley que se presenten.
Igualmente, una vez cesado Puigdemont, la cámara no podrá celebrar ningún debate ni votación de investidura de un sucesor al cargo.
GOBIERNO CATALÁN INSTA A DEFENDER DEMOCRACIA
El vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, instó a los catalanes a manifestarse contra el totalitarismo y en defensa de la democracia, después que el gobierno español decidiera una serie de medidas para restaurar la legalidad en esa región frente al desafío independentista.
El Ejecutivo español propuso hoy al Senado que autorice el cese del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su equipo y limite el funcionamiento del Parlamento regional, entre otras medidas.
“Ante el totalitarismo, hoy más que nunca defendemos la democracia y los derechos civiles y políticos”, apuntó Junqueras en un mensaje en Twitter.
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, acudirá a esa manifestación, a partir de las 17.00 hora local (15.00 GMT) en Barcelona, convocada hace unos días para reclamar la libertad de los líderes de dos entidades sociales independentistas.
Ambos se encuentra en prisión provisional incondicional por orden judicial como sospechosos de un delito de sedición por “promover”, supuestamente, el asedio a la Guardia Civil (cuerpo de seguridad estatal) en Barcelona cuando efectuaba un registro en una dependencia del Gobierno regional el 20 de septiembre pasado.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticó hoy el “grave ataque” del Ejecutivo central a los derechos y las libertades, ya que las medidas decididas suponen, a su juicio, la suspensión del autogobierno de Cataluña.
La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, aseguró hoy que los integrantes de esa Cámara no permitirán la puesta en marcha de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de ministros español para restablecer la legalidad en esa región, que calificó de “golpe de Estado de facto”.
Forcadell compareció en el Parlamento catalán horas después de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, haya anunciado que propondrá el cese de todo el Gabinete autonómico, la limitación de las funciones de su Parlamento y la convocatoria de elecciones en esa región antes de seis meses.
Según Forcadell, con esas medidas el Ejecutivo español “ha traspasado todos los límites” y se mostró convencida de que son inconstitucionales.
A esas disposiciones no les acompañan “ni la legalidad ni la legitimidad política”, según la dirigentes independentista, convencida además de que lo aprobado por el Gobierno español no cuenta con el apoyo de una mayoría de los catalanes.
“Los que se llenan la boca hablando de la Constitución caerán en la más flagrante inconstitucionalidad al pretender suspender la democracia en Cataluña, agregó Forcadell.
Asimismo, recordó la oferta de diálogo de las autoridades catalanas a las españolas, frente a la cual Rajoy se ha comportado “con enorme irresponsabilidad política” y que al final ha dado como resultado un “golpe de Estado de facto con el que pretenden descabezar las instituciones catalanas y apropiarse de ellas”, dijo.
PRESIDENTE PUIGDEMONT
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, señaló este sábado que convocará al Parlamento catalán para analizar los pasos a seguir tras las medidas del Gobierno español, que propuso aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir al Ejecutivo catalán y convocar a elecciones.
«No podemos aceptar este ataque y esta humillación», señaló Puigdemont en una declaración institucional realizada en Barcelona, en la que calificó la decisión del Mandatario Mariano Rajoy como un «intento de liquidar» el autogobierno catalán.
Rajoy propone el cese del gobierno catalán y llamará a elecciones en seis meses 40 El líder político aseguró que esta medida es «el peor ataque» a su pueblo «desde los decretos del dictador Franco eliminando la Generalitat. Y se ha hecho con apoyo del PSOE y Ciudadanos».
«Pediré al Parlamento que realice una convocatoria para realizar una sesión, donde los diputados debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestra democracia», sentenció Puigdemont.
MASIVA MARCHA
La masiva marcha independentista celebrada este sábado (21.10.2017) en Barcelona estuvo marcada por la decisión de Madrid de destituir al Gobierno de Cataluña y convocar elecciones en la región y contó con la presencia de los miembros del Ejecutivo catalán.
La manifestación, que había sido convocada por la plataforma Taula per la Democràcia contra el ingreso en prisión esta semana de los líderes de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se convirtió en una protesta por las medidas puestas en marcha por el Gobierno español de Mariano Rajoy para «restaurar la legalidad» en Cataluña.
El jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, también está presente en la marcha.
«Libertad», «independencia» y «fuera las fuerzas de ocupación» fueron algunas de las consignas que más se escucharon en el centro de la capital catalana, que se llenó de banderas secesionistas (esteladas).
Además, los participantes también exhibieron pancartas en contra del artículo 155 de la Constitución española, activado por el Gobierno de Rajoy para aplicar una serie de medidas sobre Cataluña que serán aprobadas previsiblemente el viernes por el Senado español.
La principal es la destitución del «Govern», la convocatoria de elecciones en Cataluña o el control estatal de la Policía regional, de la televisión y la radio públicas y de los ingresos económicos.
El jefe del Gobierno catalán, el independentista Carles Puigdemont, decidió a última hora asistir a la marcha, así como los miembros de su gabinete. También estuvieron presentes la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, y el ex jefe del Ejecutivo catalán Artur Mas, uno de los promotores del proceso secesionista en la región. (La Tercera-EFE-DW-DPA)
