A través de un decreto, el Gobierno de Turquía ordenó este domingo (24.12.2017) la destitución de 2.766 empleados públicos, a los que el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan (en la foto) acusa de formar parte de una organización terrorista. Entre los afectados hay militares y académicos. El documento fue emitido al amparo del estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe de Estado en julio de 2016.
Los decretos, difundidos en el Boletín oficial del Estado, enumeran a 637 militares, entre ellos 327 de la Fuerza Aérea, 155 del Ejército y otros 155 de la Armada, a los que se añaden 360 del cuerpo de gendarmería. Otras instituciones afectadas son el Ministerio de Educación, del que fueron expulsados 392 profesores, la Dirección de Asuntos Religiosos, con 341 empleados destituidos, y el Ministerio de Justicia, con 245.
La de este domingo es la última ronda de purgas desde el fallido golpe, del que Ankara responsabiliza al clérigo islámico Fethullah Gülen, quien vive en Estados Unidos, y a su «servicio”, quienes habrían ordenado y dirigido el intento de sacar a Erdogan del poder. Las autoridades turcas se refieren a dicho movimiento como FETO (Fethullah Terrorist Organisation). Gülen niega cualquier relación con el fallido golpe.
MÁS DE 120 MIL EXPULSADOS
La decisión también afecta a 105 empleados de varias universidades y ordena el cierre de 17 instituciones, sobre todo asociaciones estudiantiles, pero también dos periódicos y un centro de salud cardíaca. En todos los casos, la medida se motiva por «ser miembro de una organización terrorista o de una estructura, organismo o grupo que mantiene actividades contrarias a la seguridad del Estado, o por mantener vínculos o lazos con ella».
Los destituidos no pueden volver a trabajar en ningún empleo público, ni en empresas de seguridad privada, se les anulan licencias de armas o de piloto y se cancela su pasaporte, especifica el decreto. Estas medidas, al ser tomadas al amparo del Estado de emergencia, no pueden ser recurridas ante la Justicia. El mismo decreto de este domingo, sin embargo, restituye sus empleos a 155 personas destituidas con anterioridad.
Desde la asonada, los sucesivos decretos del Gobierno han expulsado de su empleo a unos 120.000 funcionarios, a los que se añaden aproximadamente otros 20.000 profesores de la enseñanza concertada. Unas 50.000 personas se hallan en prisión preventiva, en espera de ser juzgados por supuestos vínculos con la cofradía de Gülen. La oposición critica estas medidas argumentando que el Gobierno se ha concentrado en debilitar a la oposición, a los periodistas y a los prokurdos. (DW, EFE, AFP)
