El carácter medioambiental del desarrollo urbano tiene cada vez más cabida en Chile. Y tras los últimos casos de paralización de proyectos y permisos en distintas ciudades del país en medio de la tramitación que declara humedales urbanos, esta jornada se sumó la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia que dictó una serie de medidas cautelares en contra de cuatro obras inmobiliarias en dicha zona por razones de protección.
Se trata de los proyectos Cutipay I; Cutipay II; Proyecto Pilolcura y Proyecto Canelales (Los Pellines): «Cutipay I», «Cutipay II», «Pilolcura», «Canelales» y (Cutipay Alto), ejecutadas en diversas zonas costeras de la comuna por las compañías «Sociedad Agrícola Kuriñanco Limitada» y «Sociedad Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura Limitada».
Ninguna de estas construcciones podrá continuar con su desarrollo, pues de acuerdo a lo señalado por el órgano jurisdiccional, se ordenó paralizar «y prohibir la ejecución de obras y acciones en los predios en que se ejecutan los proyectos señalados».
La decisión llega después de que el Consejo de Defensa del Estado interpusiera en el mes de enero una demanda de reparación en contra de dichas edificaciones por daño ambiental.
Según lo estipulado en las medidas adoptadas por el Tribunal, las empresas deberán retirar maquinaria, enseres y equipos destinados a la construcción que se hayan ingresado a los predios en que se desarrollan los proyectos», así como también frenar «el ingreso de nuevos equipos, maquinarias, herramientas, materiales, enseres y trabajadores a los predios».
Y a esto se suma el cese de actividades relacionadas con la tala de especies arbóreas nativas, la intervención de quebradas, construcción de viviendas y, en general, «todas aquellas obras que supongan urbanización del predio o equipamiento destinado a crear nuevos núcleos urbanos», de acuerdo al texto.
Cabe destacar que, según una serie de resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), los proyectos se encontrarían al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), al no contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el órgano especializado estimó que se configura «una situación de riesgo o peligro al medio ambiente o la salud de las personas, cuestión que además resulta particularmente sensible cuando se ha constatado la existencia de comunidades indígenas y pueblos originarios en las cercanías del proyecto». (DF)
