El caso de los tragamonedas de barrio y los presuntos delitos ligados a esta actividad continúa avanzando. Comenzó como casinos clandestinos en la zona oriente de Santiago, avanzó hacia supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales de diputados y ahora llegó al Senado. La Fiscalía Oriente solicitó alzar el secreto bancario de la esposa del senador Jorge Pizarro (DC), Rocío del Pilar Peñafiel, y apuntó a la existencia de un presunto cohecho.
Todos estos antecedentes que sustentan las sospechas quedaron explicados en el escrito que el fiscal Felipe Sepúlveda ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 25 de junio. “En la presente causa se indaga la ocurrencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y otros, los que se habrían cometido por personas ligadas a la propiedad y la explotación de máquinas de juegos de azar denominadas comúnmente como ‘tragamonedas’. Varias de las personas que han sido objeto de estas pesquisas son dirigentes de una entidad de nombre Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G., más conocida como Fiden, la que agrupa a los operadores de este tipo de juegos de azar”, señaló el persecutor.
Asimismo, Sepúlveda relató que en agosto del año pasado el tribunal autorizó allanar un recinto en la comuna de Independencia, donde están las oficinas de un importante número de dueños de estas empresas. Ahí apareció un elemento que los investigadores no esperaban: recibos de reiterados depósitos a Rocío Peñafiel, que van desde los $ 450 mil y que se acercan a los $ 6 millones. Incluso una planilla Excel, en una de sus columnas, tiene escrito lo siguiente: “Rocío mes pasado $3.770.000″.
En la misma línea, el escrito indica que la chequera “de la cuenta LUCKY HALLOWEEN LTDA LTDA., en cuyo anverso constan manuscritos que indican ‘Lucky 8’ y en su interior, específicamente en las hojas dispuestas para efectuar anotaciones, para el cheque N° 0000637, figuran manuscritos que señalan monto $ 6.677.061, fecha 03.AGO.013, comentario ‘Comisión Rocío’ y para el cheque N° 0000697, constan manuscritos que indican monto $ 6.269.786, fecha 12.SEP.013, comentario ‘Rocío’. Las anotaciones anteriormente descritas figuran con dos líneas paralelas que sugieren que ambos cheques fueron cruzados”. Muchas de estas empresas operan, primordialmente, en Ovalle y otras localidades de la Región de Coquimbo.
Finalizando el escrito, Sepúlveda aseguró que “la imputada Rocío del Pilar Peñafiel Salas es la cónyuge del Hon. Senador de la República Sr. Jorge Esteban Pizarro Soto, quien es militante del Partido Demócrata Cristiano, ejerciendo dicho cargo por la Región de Coquimbo –donde precisamente se encuentra la ciudad de Ovalle-. Lo anterior da cuenta de la gravedad de los antecedentes expuestos, ya que de la información de tipo contable y bancario expuesta, que es parcial, puesto que solamente corresponde a chequeras, comprobantes de depósito y planillas Excel, aparecen numerosos y abultados pagos a Peñafiel Salas, por varios millones de pesos y de manera periódica, en los que se da cuenta que estos pagos se realizan de forma mensual. No obstante lo anterior, la imputada Peñafiel Salas no tiene ninguna relación o vínculo jurídico ni con René Sepúlveda Vera, Carolina Miranda Aguilera, ni las sociedades vinculadas a estos (Importadora y Comercial Tatán y Compañía Limitada, Entretenimientos Lucky Halloween SpA, Carolina Miranda Aguilera Arrendamiento de Juegos Electrónicos SpA, etc.). En ninguna de estas sociedades Rocío Peñafiel es socia”.
El persecutor añadió que “en otros términos, aparentemente no existe razón alguna para que Peñafiel sea receptora de esas millonarias sumas de dinero, ya que no tiene vínculo jurídico alguno que la ligue con estas personas ni con las sociedades que le efectúan estos pagos periódicos, ni tampoco consta su calidad de operadora como persona natural. Como SS. habrá advertido, las glosas de los pagos se refieren a comisiones mensuales y a dividendos o utilidades”.
En esta línea, el fiscal Oriente añadió que “la periodicidad y los montos de los pagos sugieren que esta
persona es socia de manera informal con los imputados Sepúlveda y Miranda en la explotación de negocios de esta clase en la ciudad de Ovalle, o que eventualmente Sepúlveda o Miranda son una suerte de testaferros, desconociéndose en definitiva los acuerdos que existen entre todos estos y que por cierto, son objeto de pesquisa”.
Otro apartado del escrito del persecutor es aún más revelador: “También, resulta en la especie indiciario de algún delito de corrupción, como un cohecho o soborno (artículos 248 a 250 del Código Penal), que la cónyuge de un senador de la República reciba tanto dinero de forma subrepticia. No deja de llamar la atención en este sentido que estos pagos estarían relacionados con la operación en localidades de la Región de Coquimbo: Ovalle, Salamanca, Illapel, etc., zona de la cual es originario y representa Jorge Pizarro en el Congreso Nacional”.
Otro elemento que llamó la atención del Ministerio Público, es que en la contabilidad de estas empresas se encontró, en una chequera, el pago de $ 1 millón con la glosa “aporte a concejal”. Según la fiscalía, esto es “sugerente de algún eventual delito de corrupción, como los señalados precedentemente, que eventualmente puede estar ligado a la operación de los locales de tragamonedas en Ovalle o alguna otra localidad cercana”.
El Cuatro Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario, tanto de Peñafiel como de otros tres imputados, en el periodo que comprende el 1 de enero de 2012 y el 30 de mayo de 2019.
Jorge Pizarro, por su parte, señaló a La Tercera PM que “yo no tengo nada que ver con empresas ni sociedad de estas máquinas de destreza y no he recibido ningún aporte de nada ni de nadie que esté en este tipo de operaciones comerciales. Mi señora tuvo una participación que es absolutamente legal, legítima, cumpliendo todas las normativas legales y con los correspondientes pagos a impuestos internos, así que yo no tengo nada más que agregar a eso”.
Por su parte Cristóbal Bonacic, abogado de Pizarro, indicó que “en relación a lo afirmado por el Ministerio Público, es necesario precisar que doña Rocío Peñafiel mantuvo una relación comercial con empresarios vinculados a la explotación del giro juegos de destreza, siendo dentro de dicha relación receptora de ingresos, los cuales se ajustan plenamente a toda la normativa vigente. Además, descarto en forma enfática que el senador Pizarro haya intervenido de alguna manera en dicho negocio”.
La Tercera/Agencias
