A través de columnas de opinión y entrevistas, destacados profesores han manifestado su preocupación por la salud del TC. En este sentido, junto con reconocerse los cuestionamientos que ha tenido este órgano en el último tiempo, se han formulado llamados a cuidarlo, atendiendo su rol en las democracias modernas. De ahí las iniciativas que se han planteado en el ámbito político y académico para reformar el TC y superar la crisis de credibilidad y confianza institucional.
El problema es que la mayoría de los miembros del TC parecieran no tener conciencia del rol institucional que éste debe cumplir, prefiriendo asumir en sus sentencias un papel contingente en el proceso político, constituyéndose en una virtual tercera cámara legislativa, anteponiendo sus propias preferencias ideológicas al ejercicio del control constitucional. Ello se ha extendido incluso al abuso que se ha hecho del recurso de inaplicabilidad, en que, lejos de impedir aplicaciones inconstitucionales de leyes, se ha utilizado para paralizar juicios y poner en cuestión las opciones legítimas del poder legislador.
No debe olvidarse que los tribunales constitucionales surgieron como una fórmula institucional para evitar los excesos del legislador, pero sin pretender reemplazarlo ni sustituirlo. El objetivo era cautelar que las decisiones del legislador no vulneraran la democracia y los derechos fundamentales, pero sin pretender que los jueces constitucionales impusieran sus preferencias ideológicas. De este modo, partiendo de la presunción de constitucionalidad de la ley, el TC establece los límites últimos de la deliberación pública, pero haciendo una lectura abierta de la Constitución, que habilita opciones distintas e impide solo las que pugnan claramente con aquella. En este contexto, el profesor García de Enterría señala en su clásico libro sobre el TC, que una de las circunstancias que más afecta su subsistencia es la percepción de los ciudadanos de que sus decisiones descansan sobre criterios puramente políticos. Pues bien, en el caso chileno existe precisamente esa percepción, dando la impresión que el TC hace una lectura parcial y partisana del texto constitucional.
Revertir esta percepción es tarea de todos, pero principalmente del propio TC, lo que pareciera solo posible a partir de una profunda reforma que modifique aspectos claves como la selección de los ministros, el control preventivo de constitucionalidad de las leyes y las reglas de operación del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. A este desafío nos hemos embarcado algunos académicos, promoviendo en la Universidad de Valparaíso, con el concurso del Senado de la República, un ciclo de seminarios con participación de académicos, líderes políticos y jueces. Esperamos con ello estar cumpliendo con uno de los fines de la universidad pública.
Juan Carlos Ferrada/La Tercera
