El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible dos de los cinco artículos impugnados por la defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba en un requerimiento donde acusa una serie de vulneraciones por parte de la ministra en visita Romy Rutherford en el caso por fraude en la institución castrense.
Entre las acusaciones plasmadas en el escrito presentado a fines de marzo por la defensa del general (r) se encuentran supuestas violaciones de garantías constitucionales y afectaciones a los derechos humanos.
También criticó los tratos directos que tuvo la magistrada contra el indagado que procesó por malversación de $3.500 millones en el marco de la arista por uso de gastos reservados, y el hecho que no permitiera la presencia de una defensa durante los interrogatorios. Ante la disputa, la primera sala del tribunal, integrada por los ministros Iván Aróstica, Domingo Hernández, Juan José Romero, José Ignacio Vásquez y María Pía Silva, decidió dar luz roja a los artículos relativos a que los caudales públicos a los que se alude en el procesamiento «versa sobre dineros asignados por concepto de ‘gastos reservados’, y no caudales públicos ordinarios o comunes malversación de caudales públicos, administración pública diferente y gastos reservados del Ejército».
Situación distinta ocurrió con los artículos que dicen relación con normas relativas al secreto de la declaración de los testigos y la amonestación que puede imponer el Juez en los careos.
Según el abogado del ex jefe militar, la primera de estas refiere a que Rutherford lo «amonestó» para «que no hiciera uso a su derecho a guardar silencio, manifestándole el tribunal que él no tenía derecho a guardar silencio durante la tramitación de esta diligencia de careo y ampliación de declaración».
La segunda, en tanto, a que para averiguar los supuestos ilícitos tomó «declaraciones a diversas personas, en calidad de imputados y testigos, todas ellas con carácter de secretas, todas ellas sin la presencia del abogado del procesado». $3.500 Millones fue la suma por la que se encausó a Fuente-Alba. Con ello, plantea, «queda en evidencia que (…) el juez que instruye la causa cumple una multiplicidad de roles de modo permanente, tomando declaraciones las veces que estime necesaria para la investigación de forma secreta, y excluyendo completamente la defensa». El TC resolvió además que esta resolución no suspende el procedimiento que está siendo llevado adelante. Ahora le corresponderá ahora al Pleno oír los alegatos de las partes y pronunciarse sobre el fondo de la impugnación.
Emol/Agencias
