Una profunda reorganización de sus operaciones en Latinoamérica, que implicó la creación de una nueva unidad de negocios exclusiva para la región, llevó a cabo la sueca SCA en los últimos meses.
La firma, que está siendo investigada en Colombia por colusión en el mercado del tissue, y que en Chile se declaró culpable del mismo delito en conjunto con CMPC, la papelera de los Matte, decidió a principios de año separar las operaciones regionales de las de EEUU, mercado al cual reportaban con anterioridad.
Ahora, los negocios en Latinoamérica, que incluyen su participación en 20 países y representan el 10% de las ventas del grupo, deberán reportar directamente a Magnus Groht, CEO de la firma Sueca.
Según señaló la firma, a la cabeza de esta nueva unidad -que será una de las siete en que SCA divide por áreas su negocio alrededor del mundo- quedó el mexicano Pablo Fuentes.
SCA señala que la reestructuración tiene relación con el fortalecimiento de su posición regional en el mercado de los productos tissue, donde el segmento de higiénicos representa el 85% de las ventas.
“La razón para la transformación es parte de la estrategia de SCA para fortalecer a su organización de higiene en Latinoamérica en las categorías donde compite, con el objetivo de intensificar el crecimiento y el nivel de innovación, además de consolidar su competitividad”, señaló la firma.
En el caso de Chile, el director de la operación será Gonzalo Díaz, quien ya ejercía como principal ejecutivo en el país.
CARTELES
Esto se da en el marco de las investigaciones que llevan adelante las autoridades de libre competencia de Colombia y Chile. Una investigación en 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, determinó que cuatro empresas (entre ellas una filial de SCA), durante 15 años, se habían coludido para subir el precio de los pañales en el mercado de dicho país. El cartel además operaba en la distribución, comercialización e incluso en la calidad del producto.
Además, en octubre del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) interpuso un requerimiento contra SCA Chile y CMPC por prácticas anticompetitivas, señalando que las firmas se habían puesto de acuerdo entre mediados de 2000 y fines de 2011 para fijar precios y repartirse el mercado, cuestión que ambas reconocieron. Actualmente el proceso, donde la FNE solicitó una multa de US$ 15 millones para SCA y liberó a CMPC de sanción monetaria, se encuentra ad portas de ser visto por el TDLC en audiencia.
El caso es monitoreado por la compañía. El CEO de la firma sueca, Magnus Groth, se refirió -en el marco del reporte de sustentabilidad de la firma- a las investigaciones que enfrentan en Chile y Colombia.
“En primer lugar, me gustaría señalar que no toleramos ninguna forma de fijación ilegal de precios. En referencia a estos casos particulares, estamos cooperando con las autoridades y proporcionaremos toda la información solicitada. Hemos trabajado y seguiremos trabajando intensamente para reducir al mínimo los riesgos de comportamientos poco éticos en nuestras operaciones y durante el año, hemos trabajado duro con el entrenamiento de defensa de la competencia” sostuvo.
La nueva estructura también implicó la aplicación de políticas sobre temas de libre competencia, que hasta la fecha solo se utilizaban en algunos mercados, se hicieran extensivas a Chile.
Según señaló la firma en su reporte, desde fines del año pasado que se integró a la operación chilena a un plan de “denuncia de irregularidades”, que busca que los empleados informen, de forma anónima si es necesario, conductas “impropias” en los negocios. Este ya operaba en México y el Reino Unido bajo la modalidad de piloto, y a él también se sumaron las operaciones en Centroamérica y Brasil.
DISPUTA POR PETICIÓN DE SECRETISMO
Una particular disputa entre los involucrados en el caso de colusión de las papeleras abrió la solicitud de CMPC al TDLC para mantener el secreto del juicio, la que alcanzaba a la lista de testigos, las declaraciones e incluso la audiencia pública que se realizará en los próximo meses, a fin de «proteger» la identidad de las personas que habían aportado datos al proceso. La petición fue rechazada en primera instancia por el tribunal, pero se estima que los abogados de CMPC insistirán en ella a través de un recurso de reposición.
En un escrito presentado por SCA, afirmó que la petición de la papelera perseguía «una finalidad frívola, como lo es evitar que sus testigos puedan tener que pasar la vergüenza de ser reconocidos como personas que participaron en, o tuvieron relación con, la colusión en materia de autos». Por su parte, Conadecus sostuvo que el Código Penal no contemplaba la confidencialidad en estos casos. (DF)
