Con una donación de $1.500.000, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), se transformó en la primera autoridad de gobierno en hacer un aporte de campaña para una de las opciones del plebiscito del próximo 4 de septiembre. El dinero lo ingresó, según el Servicio Electoral (Servel)., el pasado miércoles al Partido Comunista que se inscribió a favor de la alternativa Apruebo para el referéndum.
Aunque corresponde a la primera autoridad de este gobierno en aportar en estos comicios, es algo que ha ocurrido en todas las campañas. Anteriormente se ha cuestionado si es ético o no que los ministros hagan aportes en estos procesos. Si bien legalmente pueden hacerlo en su calidad de personas naturales, lo cierto es que el tema revive las críticas sobre la prescindencia de las administraciones cuando las autoridades hacen donaciones, considerando que sus sueldos son financiados con presupuesto público.
En la pasada elección de constituyentes de mayo del 2021 fue un tema que se tocó en el entonces oficialismo, de los partidos de derecha agrupados en Chile Vamos. En esa oportunidad, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit (UDI), hizo varias donaciones de campaña a candidatos a la Convención, como Gonzalo Blumel (Evópoli), y los de la UDI, Constanza Hube, Marcela Cubillos y Jaime Coloma. Un episodio que despertó críticas internas en el sector.
“A pesar de que los ministros tienen el legítimo derecho de aportar en las campañas como personas naturales; dado que son secretarios de Estado, yo preferiría que se abstengan de aquello”, comentaba en febrero del año pasado el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), en un debate que se había tomado el sector. A eso se sumó que luego otras autoridades de gobierno -como las ministras Gloria Hutt (Transportes) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente) y el subsecretario Álvaro Pillado (Bienes Nacionales)- también realizaron aportes.
Con todo, el aporte se da en momentos en que el Ejecutivo está siendo cuestionado por la oposición por un supuesto intervencionismo a favor del Apruebo. En ese sentido es que Chile Vamos ha acudido a la Contraloría General de la República para interponer denuncias, la cual anunció que una investigación especial sobre el tema.
Además, se da en momentos en que -en el comando del Apruebo que agrupa a los partidos oficialistas-, se debatía un plan que involucrara “cuotas especiales” de autoridades, en medio de la baja cantidad de dinero que ha recibido esa opción. Algo que no solo alcanzaría a los ministros y subsecretarios, sino que también a otras autoridades como alcaldes y parlamentarios. Al cierre de esta edición, el Apruebo sumaba $51.991.363 en aportes, de los cuales $40 millones correspondían a una donación de Revolución Democrática, mientras que el Rechazo acumulaba $361.204.055 en ingresos.
En el desglose de ingresos del Servicio Electoral (Servel), continuaron sumándose aportes de empresarios. Uno de los donantes fue Juan Cuneo Solari con $16.582.930, quien fue director de empresas como Promotora CMR Falabella S.A, Sociedad Hipódromo Chile S.A, Sodimac S.A y Plaza S.A, entre otras.
También aportaron sus hijas -igualmente ligadas a Falabella- Paola y Giorgianna Cuneo Queirolo, ambas con $16.582.930. Otra familia de aportantes son los Ossandón Larraín, de la cual los hermanos Bernardo, Gabriel y María Teresa aportaron $12.500.000 cada uno. Ellos están ligados al rubro inmobiliario y también Gabriel Ossandón Valdés donó $12.500.000.
Otros aportantes nuevos fueron el vicepresidente de la bolsa de comercio de Santiago, Eduardo Muñoz Vivaldi, con $10 millones; el abogado y académico de la PUC, Cristóbal Eyzaguirre Baeza con $5 millones y el profesional ligado al rubro publicitario, Carlos Moller con $4,7 millones.
Dentro de las organizaciones de la sociedad civil del Rechazo con más aportes está Amarillos por Chile con $52.748.790, lo que aumenta a $53.198.790 si se considera a sus otras filiales como Amarillos por Chile Quilimarí y Amarillos por Chile Puerto Varas. Luego viene la organización Lecheros del Sur por Chile con $42.500.000, Cambio con $26.207.366 y Por una Constitución Bien Hecha con $19.393.300, entre otras. (La Tercera)
