La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) criticó duramente a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de que asegurara ayer que un proyecto minero grande «no es urgente» para el país.
Sus declaraciones se desarrollaron en un seminario de la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que generó un fuerte cuestionamiento por parte del presidente de Sonami, Jorge Riesco.
«Estas declaraciones nos parecen graves e incomprensibles, considerando el importante rol que juega la minería en el desarrollo económico y social del país», afirmó el líder gremial.
Además, señaló que las declaraciones de la ministra Rojas «hacen suponer el poco interés que tendrá en sacar adelante prontamente las necesarias modificaciones para acelerar los permisos y plazos a los cuales se deben someter los proyectos y que se ha transformado en un obstáculo para su materialización».
Esto, luego de que el Gobierno anunciara dos iniciativas para reducir la denominada «permisología» en el país: un proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0).
Al respecto, Riesco subrayó que «dicha postura de la ministra Rojas contrasta con las declaraciones emitidas por el Presidente de la República (Gabriel Boric) y otros ministros, en cuanto a la necesidad de agilizar la tramitación y poner en marcha proyectos que contribuyan al crecimiento económico».
«El tema ambiental se ha transformado en un fetiche para ciertos sectores políticos que han instrumentalizado su contenido, para poner trabas y obstáculos a los proyectos mineros», enfatizó.
Con todo, el líder gremial dijo que «lo cierto es que la minería se ha hecho cargo en extenso de todas las variables que implica la materialización de un proyecto».
Por ejemplo, dijo, «el uso eficiente del agua, el monitoreo permanente de parámetros de emisiones de material, control de ruido y automatización, entre otros temas, y especialmente la gran minería ahora se encuentra avanzando en innovaciones para mejorar aún más sus operaciones y reducir su huella de carbono».
«FALTA DE TRANSPARENCIA»
Luego de que el Presidente Gabriel Boric instruyera a sus ministros a revisar si sus reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett (UDI) merecían o no estar transparentadas en la Plataforma Ley del Lobby, la mayoría de ellos optó por corregir su actuar anterior y registró dichos encuentros a pesar de estar fuera de plazo. En medio de todo ello, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue una de las principales señaladas cuando se destapó el caso. Ahora, cuando inscribió una “audiencia” –que ayer se hizo conocida– realizada en la misma casa, con personajes de los grupos Luksic y Matte, volvió a ser foco de críticas.
Rojas fue la primera, junto al titular del Ministerio de Economía, Nicolás Grau, en aparecer entre los políticos que se reunieron en la casa Zalaquett con empresarios de la salmonicultura y la pesca, sin haber registrado la reunión en la Plataforma de Ley del Lobby. La publicación de Ciper, que destapó estas “divinas comidas”, dio pie a que otros ministros y parlamentarios de distintos sectores políticos revelaran –tras ser consultados– que también habían participado de este tipo de convites.
A diferencia de otros ministros, Rojas y Grau fueron convocados a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados para aclarar la circunstancia de esa reunión. Ahí, como era el objeto de la sesión, solo se hizo alusión al encuentro con los ejecutivos de la industria salmonera y de la pesca, pero el hecho de no haber mencionado la reunión con otros importantes representantes del poder económico en Chile generó desconfianza en el Parlamento.
Y es que los nombres de los asistentes a la reunión del 19 de octubre del 2023, junto a la ministra Rojas, son empresarios de alto calibre: Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic; Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, generadora eléctrica del Grupo Matte; Ximena Corbo, directora de CMPC, la forestal de los Matte; Ricardo Ariztía Tagle, heredero de la empresa familiar; José Ramón Gutiérrez, presidente ejecutivo de la salmonera Multi X; Paulo Bezanilla, gerente general de la constructora Besalco; Nicole Solé, gerente general de la inmobiliaria Exxacon, entre otros.
Camila Musante, diputada independiente-PPD, es miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y, además, es autora del proyecto de ley que pretende perfeccionar la Ley del Lobby. Sobre esta nueva reunión recién registrada por la ministra, la parlamentaria señala: “Me parece bien que las haya registrado, pero mal que las haya registrado tarde, porque eso obviamente es un incumplimiento a la ley. A la ministra le hicimos estas preguntas en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual yo soy integrante, y lamentablemente se genera un manto de dudas sobre reformas que son importantes”.
Según la diputada, “ya no hay mucha credibilidad en relación a los dichos de la ministra del Medio Ambiente, porque ella comienza diciendo que no sabía que Pablo Zalaquett era un lobbista en primer lugar, lo que es bastante poco verosímil”.
Además, critica que “cuando existió la instancia de dar las explicaciones respecto de estas ‘divinas comidas’ en la Comisión de Medio Ambiente, omitió información, y ahora empezamos como el cuentagotas, como el caso Fundaciones, empezando a registrar una a una cada una de las reuniones con el empresariado. Entonces, yo creo que ya se ha perdido credibilidad en esto”.
Musante espera que “no solamente estas cosas no vuelvan a ocurrir, sino que también se tome de parte del Ejecutivo el proyecto que yo presenté el día de ayer, de reforma a la Ley del Lobby, que establece dentro de su mecanismo un registro público de las audiencias de los ministros, de los parlamentarios y de todas las autoridades que han sido electas vía votación popular”. Espera –dice– que “ojalá se dé una señal más contundente en esta materia por parte del Ejecutivo”.
Desde la oposición también critican duramente a la ministra Rojas y su manejo con el tema del lobby. El diputado José Miguel Castro (RN) declara que a la secretaria de Estado “la conocimos prácticamente activista en temas ambientales”, pero ahora –agrega– “aparece desde el activismo medioambiental a la instrumentalización del lobby, sin saber con quién se juntaba. Entonces, es una ministra que va a una casa, va a un lugar, y no sabe con quién se junta, no se sabe con quién habla”.
El parlamentario de Renovación Nacional califica el hecho como “sumamente grave” y que “la línea que hay que seguir, quizás, aunque no esté en muchas cosas de acuerdo con él, es la del ministro Grau que ya pasó por Lobby”. El parlamentario hace un llamado a que “todos los ministros pasen por Lobby, que inscriban todas las reuniones que tuvieron, que se informen antes de ir a una casa y entrevistarse con un empresario”.
Es el momento, dice Castro, de “hacerle caso a lo que dijo el Presidente: inscribir todas las reuniones por Lobby y, de una vez por todas, hacer más transparente este Gobierno que, parece, no lo es tanto”.
De hecho, ayer en la tarde, la ministra Maisa Rojas fue emplazada por parlamentarios de la misma comisión. Uno de los más duros fue el diputado Félix González (Ecologista Verde), quien aseguró que se “rompieron las confianzas para el diálogo legislativo”, agregando que durante la sesión anterior de la comisión se habló “de buena fe” y se “escuchó a la ministra”, pero dijo que, después de conocerse la tercera reunión donde Zalaquett, “las confianzas están súper rotas, no existen las confianzas para seguir haciendo el trabajo prelegislativo (…). Las reuniones se hicieron a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía ya ha mostrado su desconfianza en los políticos. Y cuando se juntan los políticos con los privados, la gente desconfía más”.
El diputado Francisco Pulgar (independiente) señaló que le dolía que la ministra “no nos haya contado toda la verdad” y añadió que creía en el desarrollo armónico, “pero acá, después de lo que conocimos, no hay armonía”. Por lo mismo, fue más allá y planteó la necesidad de reunirse con el Presidente Boric o enviarle una carta mostrando la molestia que se instaló en la Comisión de Medio Ambiente.
A esta propuesta se sumó el republicano José Carlos Meza, quien dijo que “siempre he estado dispuesto a un trabajo colaborativo, pero con confianza. Ahora se ha roto. Si estas reuniones se hubiesen informado en el momento oportuno, no se habría conocido ni tampoco estaríamos debatiendo”.
El diputado Daniel Melo (PS), por su parte, lamentó “profundamente esta situación, porque yo pensé que este tema estaba zanjado, superado. Al enterarnos que hubo otras reuniones y que después se ingresaron a Ley del Lobby por expresa petición del Presidente Gabriel Boric, esto es un problema que impacta, nos impacta a todos y al propio Gobierno”.
Finalmente, la diputada Marisela Santibáñez (PC) manifestó que “la posición más incómoda es para nosotros, los (parlamentarios) oficialistas. Lo que hemos acordado, todo queda en el aire, como el tema de la exportación de residuos peligrosos… Ni siquiera puedo confiar en lo que hemos conversado y acordado”.
La petición del diputado Pulgar fue escuchada, porque al final de la sesión acordaron enviarle una carta al Mandatario. La redacción quedó en manos de los diputados Eduardo Cornejo (UDI), Clara Sagardia (independiente-Frente Amplio) y Félix González.
La ministra Rojas intervino brevemente para reiterar “lo de la sesión de la semana pasada… (El año pasado) estábamos en una situación muy particular, con muchas críticas… Con una ministra que venía del sector académico y que no tenía conocimiento del mundo privado. Ayer (martes) subimos a la plataforma (las reuniones) y prontamente responderemos a los requerimientos de la Contraloría”.
INSCRIBIR O NO
La titular de la cartera del Interior, Carolina Tohá, fue la ministra que optó por no inscribir sus reuniones, pues –a su juicio– sus encuentros no cumplen los requerimientos de la Ley del Lobby. Sin embargo, los 19 invitados a su encuentro también pertenecen a lo más granado y poderoso del empresariado chileno. Ante ello, el diputado independiente-PPD Jaime Araya observa que “lo sucedido abrió un debate respecto de cómo funciona el lobby en Chile, porque se requiere un especial perfilamiento legal en esta materia”. El parlamentario advierte que se trata “de ser muy coherente y no repetir el error de quienes se subieron sobre el altar de la moral y desde allí dictaron cátedras sobre la ética y la moral, por lo tanto, es evidente que la ley actual tiene altos grados de imprecisión, que abre discusiones legítimas sobre qué es y no es lobby“.
Para Araya, “hay un debate en curso” sobre la transparencia y, a propósito de que los ministros “están cumpliendo las instrucciones que dio el Presidente Boric (…), naturalmente ha abierto nuevas preguntas, que necesariamente deben ser respondidas con el mismo estándar de transparencia que se ha utilizado hasta el día de hoy”.
El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, coincide con el diputado Araya y sostiene que “se ha abierto una discusión relevante con respecto a si hay que registrar este tipo de reuniones, o no, en la Ley de Lobby”. Sin embargo, se detiene en dos aspectos: “Uno, que no hay nada malo en reunirse con empresarios, sino al revés; es deseable hacerlo con otros actores, incluyendo actorías sociales, y en este sentido es útil la Ley de Lobby; pero, por otro lado, hay que explicitar que existen diferentes intereses en juego y que estos pueden influir en las decisiones que se toman”.
Es por eso que, al igual que la diputada Musante, subraya que “es urgente subir el estándar que existe, y es por eso que es importante presentar pronto la Ley de Lobby 2.0, comprometida por el Gobierno en la Estrategia Nacional de Integridad Pública”.
Uno de los parlamentarios que declaró a El Mostrador que fue a una reunión en la casa de Zalaquett a hablar de salud, fue el diputado Eric Aedo (DC). El jefe de bancada de la Democracia Cristiana ve como algo positivo que “se dé a conocer ese listado para saber con quién se reunió la ministra del Interior o con quién se reunió la ministra del Medio Ambiente” y admite que “acá se cometió un error, sin duda, creo que eso es lo más efectivo de decir, fue imprudente”.
Aedo reconoce que “no se midió adecuadamente el alcance que esta situación tenía”. Sin embargo, cree que “comenzar con una cacería de brujas, sobre todo de algunos parlamentarios de los que uno conoce su historia o que han participado en negociaciones a espaldas de la gente, y que hoy día estén dando cátedra de buenas costumbres, me parece francamente exagerado”.
El diputado además indica que “he escuchado a algunos parlamentarios con unos discursos bastante grandilocuentes y sería súper interesante que esos mismos parlamentarios diesen cuenta pública de todas las reuniones que tienen fuera de este Parlamento, en la cafetería que está ubicada frente al Congreso, donde usualmente varios de ellos se reúnen con distintos personajes o personeros ligados a grupos de interés”.
Aedo incluso apuesta a medir el compromiso con la nueva Ley de Lobby o el perfeccionamiento de ella. “Si de verdad nos interesa resolver este tema, hay que corregir en la ley lo que es un vacío legal que, a mí entender, fue hecho a propósito”, acusa. Esgrime esto basado en que las reuniones entre autoridades, parlamentarios y servicios que se realizan fuera de oficinas públicas “no se incorporan en la Ley de Lobby”, puntualiza. Entonces, insiste: “Corrijamos eso en la ley, démosle menos vueltas al tema y veamos cuántos pares son tres moscas y quiénes están dispuestos a hacer ese cambio”. (Emol-El Mostrador)
