En un intento por poner fin a la polémica que se generó por el otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias a personas que mantenían antecedentes penales, el Presidente Gabriel Boric anunció el martes que serán 50 los beneficios que se revisarán, y el criterio para revocarlas, vía administrativa, será para quienes hayan cometido delitos de mayor connotación social.
En medio de ese debate, que enfrentó al oficialismo con la oposición, pero que en esta segunda parte ha dejado duras críticas por parte de personeros del PC y el Frente Amplio al Gobierno por recular en la decisión, es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) salió al paso de los coletazos sobre sus responsabilidades en el otorgamiento de las pensiones.
En una carta publicada hoy en El Mercurio, la directora del INDH, Consuelo Contreras, explicó «el verdadero rol» del organismo en las pensiones de gracia, y además, propone que exista una ley integral para identificar a las víctimas, conocer sus lesiones y dar garantías de no repetición.
Esto, junto con subrayar que las pensiones de gracia otorgadas en ningún caso constituyen un mecanismo de reparación a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos en el contexto del 18-O.
Contreras detalla que mediante una glosa en la Ley de Presupuesto del año 2022, el Congreso entregó al INDH «una función que no se encontraba contemplada en su ley orgánica: acreditar víctimas de violaciones a derechos humanos -desde el 18 de octubre de 2019 en adelante- que hayan sufrido un menoscabo laboral, de modo que pudieran postular a una pensión de gracia».
En esa definición, dice la directora, «no fue consultado el INDH, y el Instituto nunca solicitó cumplir con el rol que el Congreso le encomendó«.
Agrega que, sin perjuicio de ello, y en razón del principio de legalidad que rige a las instituciones públicas de nuestro país, «el INDH cumplió con la tarea encargada en dicha glosa de acreditación».
Para eso, detalló que el 4 de enero de 2022, «el subsecretario del Interior de la época dictó la resolución exenta N°16 mediante la cual estableció un procedimiento de entrega de antecedentes desde el INDH al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de que el Ejecutivo pudiera resolver el mérito de las solicitudes recibidas. En la creación de dicho proceso, tampoco participó el Instituto».
Contreras detalla además que, sin perjuicio de lo anterior, en la misma Ley de Presupuesto 2022, se creó otra glosa que facultaba al Presidente de la República a entregar pensiones de gracia a «personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019«, en virtud de la Ley 18.056 (que regula la entrega de pensiones) «y que no requería en su tramitación participación alguna del INDH».
De esta forma, se diferenciaba de la glosa de acreditación que involucraba al INDH en tres aspectos: «no se refería a violaciones a derechos humanos; no requería identificar un menoscabo laboral; y no requería pronunciamiento alguno del INDH», explicita la directora.
Contreras detalla que durante 2022, entre los gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera y el del Presidente Gabriel Boric, se entregaron un total de 418 pensiones de gracia, «todas ellas en virtud de la glosa que se refería a ‘personas afectadas’ y que no requería para su tramitación la tarea encomendada al INDH, tal como fue verificado por la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados».
«En ese sentido, en Chile no hay, ni ha habido, personas que tengan pensiones de gracia entregadas en virtud de la función de acreditación que el Congreso encargó al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esa fue una decisión del Poder Ejecutivo», subraya la directora.
Con todo, Contreras remarca la posición «que he sostenido desde que asumí la dirección del INDH en septiembre de 2022: las pensiones de gracia no constituyen, de ninguna forma, un mecanismo de reparación a las personas que sufrieron violación de sus derechos humanos en el contexto de la crisis social de octubre de 2019. Esta posición se la hicimos saber al Gobierno y al Congreso y, a petición nuestra, la glosa de acreditación impuesta al INDH se eliminó de la Ley de Presupuesto para el año 2023″.
En ese sentido, agrega la titular del INDH, «debería existir una ley integral que se haga cargo de identificar a las víctimas, conocer sus lesiones, y proponer formas de justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esta posición ha sido recogida y publicada por El Mercurio en sus ediciones de septiembre, octubre y noviembre de 2022; sin embargo, no depende del INDH su concreción, sino de los poderes colegisladores».
«Esta es la única manera de hacernos cargo, como país, de lo ocurrido hace casi cinco años, conocer la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado a todas las víctimas y evitar que estas situaciones en el futuro vuelvan a ocurrir», cerró. (Emol)
