La semana pasada, la relación entre el Estado de Chile y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos adquirió un fuerte protagonismo en el debate jurídico nacional, producto de dos episodios contradictorios entre sí. Por una parte, se tuvo noticia de que el gobierno había suscrito, junto a otros cuatro países de la región (todos gobernados por dirigentes de derecha), una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que se expresan “inquietudes” respecto del accionar del mencionado sistema de protección de derechos, específicamente, un supuesto desconocimiento del denominado “principio de subsidiariedad” y la necesidad de que se reconozca un “margen de apreciación” a los estados respecto de las formas más adecuadas de asegurar los derechos humanos.
Por otra parte, la Corte Suprema anunció un fallo para cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de DD. HH., en que se condenó al Estado de Chile por graves violaciones a los derechos humanos de un grupo de mapuches condenados por delito terrorista. De acuerdo a la información disponible -ya que el texto de la sentencia de la Corte Suprema se conocerá solo a mediados de mayo-, el máximo tribunal chileno no habría “anulado” las sentencias condenatorias contra los mapuches involucrados, sino que solo habría “dejado sin efecto” las mismas.
Más allá del debate jurídico que el fallo de la Corte Suprema, sin duda, suscitará en medios especializados durante las próximas semanas y meses, lo que los desarrollos anotados más arriba revelan es una muy diferente disposición de dos poderes del Estado de Chile respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por una parte, la administración Piñera aparece como reacia a la intervención del último en el país, asociándose con gobiernos conservadores, o derechamente nacionalistas (como el de Bolsonaro), para poner trabas a la acción del sistema regional. Y, por la otra, el Poder Judicial aparece dispuesto a hacer todo lo posible para cumplir a cabalidad con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo anterior sugiere que el país debiera tener un debate nacional profundo y detenido respecto a la importancia que le atribuye a pertenecer a un sistema internacional de protección de los derechos humanos que (más allá de los prejuicios de ciertos sectores respecto del supuesto carácter “izquierdista” de la Corte Interamericana, similares al prejuicio que Hugo Chávez albergaba respecto del carácter “imperialista” de la misma) ha impactado positivamente en el derecho nacional. Si, como resultado de ese debate nacional, nuestro país decide facilitar -y no obstruir- el rol del mencionado sistema, sería hora de que se legislara una forma ordenada de implementar las decisiones del mismo.
La Tercera
