Por primera vez el Presidente Boric calificó los hechos de violencia en la macrozona sur como “actos terroristas”. Luego señaló que no iba a aplicar la ley antiterrorista porque “ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado” y que, en vez, está modificando la ley contra el crimen organizado para entregar más atribuciones a carabineros. “Más allá de la denominación que se le dé al acto -continuó- es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley”.
Muchos no confían en este nuevo giro boriciano, esta vez respecto a la violencia mapuche, y con razón. Es conocido que él celebró a Temucuicui como “territorio liberado”. ¿De quién, si no es del Estado? Están en la memoria sus dichos para votar en contra del estado de emergencia, con el argumento de que era más violencia y militarizar la Araucanía. Y luego en el poder, él y sus ministros aludiendo a los “presos políticos” y al Wallmapu. O la negativa a actuar contra el dirigente de la CAM Héctor Llaitul, cuando en mayo declaró la resistencia armada al Estado de Chile, justificándolo con que el gobierno no persigue ideas o declaraciones. Ha otorgado 367 pensiones de gracia de por vida a víctimas de violaciones a los DDHH por agentes del Estado durante el estallido social, pero hasta ahora no había reconocido la calidad de víctimas, ni menos reparado, a las personas “sintientes” de sus campos y casas quemadas o bien, heridos o asesinados.
Hay un largo etcétera, que hace atendible no creerle. Y si pretende que le crean que cambió de pensamiento, tiene que ser consistente en el tiempo y dar pasos que signifiquen actuar en consecuencia con lo que expresa su boca. Lo primero es que si admite que los sabotajes de Llaitul y compañía son actos terroristas, tiene que aplicar la legislación especial en la materia, y si considera que tiene problemas, proponer una legislación alternativa. No puede limitarse a continuar oponiéndose a las iniciativas de 2011 y 2019 de su antecesor para modernizar esa ley, invocando que “criminaliza a los mapuches”. Tiene que atreverse a dar el paso de mejorar la normativa, lo que no gustará nada a sus socios del Frente Amplio y el PC. Pero, aunque las herramientas puedan parecerse, no es lo mismo enfrentar el crimen organizado, que tiene fines lucrativos, que el terrorismo, que a través del terror busca obtener una decisión de la autoridad.
Actuar en consecuencia significaría también usar su poder como jefe de Estado para apoyar que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional a la CAM y que no se produzca el absurdo de que su líder reciba la indemnización de 12 millones de pesos, que confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago. No, al menos, mientras lidere una banda terrorista que no reconoce al Estado, al cual reclama recibir una compensación por tortura en 1988 cuando militaba en el FPMR.
El Presidente tiene otros muchos desafíos si quiere que le crean porque es él quien se opuso siempre a aplicar mano dura a la violencia como acción política, la que reclama Llaitul para quemar iglesias y escuelas. Es Boric quien tendrá que convencer a sus socios que sin la derrota militar previa, estos grupos nunca negociarán una solución política. De hecho, en los 8 meses de gobierno, los atentados aumentan, se expanden territorialmente y cada vez más se dirigen contra las personas. Los estados de emergencia “acotados” con que innova no le alcanzan para la promesa que hizo a una radio de Lonquimay: “la situación en La Araucanía hay que abordarla sin atajos”.
Actuar en consecuencia a su nuevo giro, significa también comenzar a salir de la inercia frente a otro tipo de violencia, la habitual en los colegios emblemáticos. No se puede pretender imponer orden en el sur y continuar tolerando que estudiantes acuchillen, arrojen decenas de bombas molotov todos los días a carabineros, interrumpan el tránsito con barricadas y quemen buses del transporte público. Menos que sus alcaldes, como la PC Irací Hassler, instruya a los rectores de los colegios de los cuales ella es sostenedora, no aplicar la ley vigente de Aula Segura. Esta se aprobó en 2018, con los votos en contra del Frente Amplio y el PC, justamente para darle más herramientas a los rectores para manejar la violencia en las aulas. Ahora que está en el poder, Boric debe convencer o exigir a su coalición devolver los recintos escolares a la educación. Sería demasiado pedirle además revisar la Ley de Inclusión, denunciada por varios rectores como el inicio de la transición de los liceos “emblemáticos” a convertirse en montonera.
No hay duda que si quiere ser creíble, el desafío está en ser capaz de hacer cambiar de opinión a los miembros de su coalición, que siguen sin hacerse cargo y que pagarán caro la responsabilidad que tienen en la actual crisis de seguridad. Por su interpretación del delito, el abuso con las banderas mapuches con que reemplazaron la chilena o el descaro de celebrar el “matapacos”, desató la delincuencia, el crimen organizado, la migración regular y el terrorismo mapuche.
El Presidente Boric tiene al menos algo que su antecesor no tuvo: el apoyo para actuar. Como no ha podido explicar la reflexión que lo llevó a cambiar de opinión frente a la violencia, sólo si actúa los chilenos le creerán. (El Líbero)
Pilar Molina
