El 23 de enero pasado, desde el Ministerio del Interior se excusaron por no asistir a la comisión de Constitución del Senado, debido a la emergencia por los incendios en la zona centro sur del país. La instancia había extendido una invitación tanto al jefe de la cartera, Mario Fernández, como al subsecretario Mahmud Aleuy con un objetivo puntual: hablar sobre la ley antiterrorista, iniciativa que varios senadores de la instancia están pidiendo acelerar y promulgar en marzo, para comenzar su aplicación lo antes posible.
Tras el incremento de la violencia en La Araucanía y el atentado en la casa del presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, los senadores de la comisión retomaron la necesidad de acelerar cuanto antes el debate sobre el tema con el fin de investigar de manera más eficiente una serie de hechos delictuales.
En la actualidad existen dos proyectos en el Congreso: uno impulsado por el gobierno durante la gestión del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y una segunda alternativa promovida por el senador y miembro de la comisión Alberto Espina (RN). Ambos proyectos fueron aprobados en general en sala y se encuentran en primer trámite legislativo. Y aunque hace varios meses el Ejecutivo quedó de hacer algunas modificaciones a su iniciativa, todas las señales de La Moneda durante el último tiempo han dado a entender que no existe disposición de avanzar en la materia. Sin embargo, en diciembre el tema reflotó en la comisión de Seguridad Ciudadana, luego que la instancia liderada por el senador Felipe Harboe (PPD) discutiera cambios legales a la normativa para enfrentar los conflictos en el sur. Y tras estallar la oleada de incendios que destruyó cerca de 600 mil hectáreas, en los últimos días los parlamentarios de la comisión de Constitución advirtieron que la situación se hace insostenible.
“La última vez que hablamos del tema con el gobierno fue con el ex ministro Jorge Burgos y él nos admitió que esto está en el congelador. Tras lo sucedido con Landerretche y los incendios en el sur, es fundamental aprobar en marzo una nueva ley”, afirmó el presidente de la comisión, Pedro Araya (ind-DC). A su juicio, para investigar si hubo intencionalidad en los incendios, es fundamental agregar en la ley la figura del “terrorista individual”, concepto que en la legislación actual no está contemplado. “En Chile esa figura no está regulada en la ley, ya que se parte de la base de la existencia de una organización terrorista”. Según el senador, en el caso de los incendios, “puede que una persona esté provocándolos con el afán de causar terror. Como no está tipificado como delito terrorista, sería delito común”, explicó.
En la misma línea, el senador Alberto Espina (RN) solicitó “sacar a la brevedad una buena ley que sancione no sólo el terrorismo cuando se trate de asociaciones ilícitas, sino también el terrorismo individual y sobre todo, que se tome en funcionamiento todo lo relacionado con los agentes encubiertos”, afirmó. Además, el senador consideró fundamental que los servicios de inteligencia estén obligados a entregar toda la información que solicite la fiscalía sobre las investigaciones por terrorismo. “En los sectores donde se han producido incendios, la fiscalía no tiene ninguna información proporcionada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Eso es de una gravedad enorme, porque damos palos de ciego”, lamentó el legislador.
Por su parte, el senador Harboe recordó que en reiteradas ocasiones ha solicitado acelerar cuanto antes el proyecto de ley antiterrorista. El parlamentario, en todo caso, lamentó que el tema deba legislarse en medio de casos coyunturales como los incendios: “Siento mucho que el gobierno no tramitara este proyecto anteriormente, porque siempre es complejo legislar cuando hay temas vinculados en la coyuntura. Pero en marzo se tramita sí o sí”, concluyó el legislador.
SUBSECRETARIO ALEUY
“Esas son atribuciones que tiene el Parlamento, así es que nosotros esperamos que la adelanten, efectivamente”. Con estas palabras, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a la petición realizada por senadores de la Comisión de Constitución para acelerar y despachar en marzo la Ley Antiterrorista.
Actualmente existen dos proyectos en el Congreso. Una de esas iniciativas fue ideada por el senador Alberto Espina (RN). Y la otra fue presentada por el gobierno bajo la gestión de Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior. En octubre de 2014, cuando se impulsó esta última, el entonces secretario de Estado dijo esperar que esa iniciativa se convirtiera en ley al año siguiente. Sin embargo, ambos textos se encuentran recién en su primer trámite constitucional y, tras ser aprobados en general en la sala de la Cámara Alta, no han registrado avances significativos.
Así, luego de la crisis generada por los incendios que afectan a varias regiones del país, los integrantes de esa comisión -entre otros, Espina, Pedro Araya (Ind.-DC) y Felipe Harboe (PPD)- iniciaron una ofensiva para reactivar la tramitación y lograr despachar en marzo la nueva Ley Antiterrorista, en base al proyecto del gobierno.
Esto, junto con incluir la figura de “terrorista individual”, lo que en la legislación actual no está contemplado, ya que sólo rige la actuación de una “organización terrorista”.
En este contexto, Aleuy fue consultado por la postura de La Moneda frente a ambas solicitudes. Respecto al concepto de “terrorismo individual”, el subsecretario evitó entrar en detalles y se limitó a señalar que se trata de una atribución de los parlamentarios, aludiendo a la posibilidad que tienen de ingresar una indicación con esa medida. Pero sobre la necesidad de acelerar el avance del proyecto, Aleuy dijo que “nosotros somos parte de ese proceso, así es que no hay problema en eso”. Y agregó: “Esperamos que salga lo más rápido posible”.
La idea de apurar el despacho del proyecto y de incluir la figura de “terrorista individual” también ha generado apoyos en la Cámara. El diputado Diego Paulsen (RN) -quien representa a La Araucanía- dijo en radio Agricultura que “la figura individual tiene similares características al terrorismo colectivo, pero lo más importante es que cuesta bastante llegar a la precisión de que son grupos armados los que están operando en nuestro país”. Y agregó: “Como ejemplo tenemos el de Celestino Córdova, juzgado por el horroroso crimen de la familia Luchsinger -Mackay. A él no se le puede juzgar con la Ley Antiterrorista, pues no se le ha podido vincular a un grupo de personas que hayan llevado a cabo este crimen, y él está condenado por el delito incendiario con resultado de muerte”.
El tema recobró fuerza en diciembre al interior de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, luego de que esa instancia analizara algunas modificaciones para enfrentar el conflicto en La Araucanía, pero la presión de los legisladores se intensificó a raíz de los incendios.
De hecho, debido a esa catástrofe no se pudo avanzar en la discusión de la Ley Antiterrorista a fines de enero, cuando la Comisión de Constitución de la Cámara Alta citó a Aleuy y al titular del Interior, Mario Fernández, para abordar el estado del proyecto. Ambos se excusaron aquella vez debido a las labores que debieron desempeñar para monitorear las acciones para combatir la emergencia. (La Tercera)
