«Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, el Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a la calificación del plebiscito, convocará vía decreto supremo exento a una sesión al Congreso Pleno, al que solicitará en ese acto la elaboración de un nuevo texto constitucional, cuya redacción deberá quedar terminada en el plazo de seis meses, contados desde dicho requerimiento».
Esto es parte de lo que plantea una propuesta de reforma constitucional realizada por el senador Juan Castro (Ind. RN) y su equipo cuando quedan menos de dos meses para el Plebiscito de salida. Según cercanos a Castro, el texto ya ha sido enviado a sus pares de oposición, como Álvaro Elizalde, Matías Walker y Ximena Rincón, entre otros, para que puedan analizarlo.
Esta acción surge a raíz de, primero, la cantidad de encuestas ciudadanas que muestran una delantera de la opción Rechazo por sobre el Apruebo, y además, por el hecho -que han mencionado diversos parlamentarios- de que casi el 80% de la población se manifestó a favor de tener una nueva Carta Fundamental.
La fórmula para escribir una nueva Constitución que plantea el texto de Castro es a través de una comisión de expertos, cosa que la encuesta Panel Ciudadano UDD ha mostrado que la ciudadanía prefiere, con un 59%.
Una comisión mixta de cinco diputados y cinco senadores, elegidos por el Congreso Pleno, «procederán a convocar a una comisión constitucional de expertos, la que deberá estar integrada por académicos de reconocido prestigio del ámbito de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas, para que, en el plazo de seis meses contados desde su instalación, prepararen un proyecto de nueva Constitución».
Esta comisión, dice la propuesta, «estará compuesta por dos académicos destacados del ámbito de las ciencias jurídicas o de las ciencias políticas, por cada una de las universidades que componen el Consejo de Rectores, y de un académico destacado en los mismos ámbitos por cada una de las universidades no miembros del Consejo de Rectores que estén acreditadas al menos por cinco años en todas las áreas».
Además, explicita que no podrán conformar esa Comisión quienes se hayan desempeñado como Convencionales Constituyentes. Las condiciones La propuesta de reforma busca también establecer lineamientos que deberían seguir los expertos. Por ejemplo, menciona que lo redactado debe considerar la tradición constitucional chilena, incluir el reconocimiento a los pueblos originarios y «que Chile es un Estado social, y deberá incluir un catálogo de derechos sociales, que reflejarán el deber del Estado de cumplir un rol activo en la provisión de prestaciones sociales».
Asimismo, deberá garantizar «la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, la protección de la naturaleza, el reconocimiento y aseguramiento del agua para consumo humano, la equidad entre mujeres y hombres, el derecho a una pensión digna«, y agrega sobre ese último punto, tema que ha causado polémica en la actual convención: «la inexpropiabilidad y heredabilidad de los fondos de capitalización individual». (Emol)
