Este miércoles, la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que busca fortalecer a las universidades estatales, iniciativa que en los próximos días será revisado en tercer trámite constitucional.
En la instancia, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que el proyecto «es un gran paso y un avance poder contar con una legislación que el país no tiene, en materia del vínculo con las universidades que han sido creadas por el Estado».
La ley busca la creación de un Consejo de Coordinación, que tendrá que ordenar la comunicación entre el Estado y las universidades estatales con una visión estratégica y a largo plazo.
Además, con su aprobación se quiere fomentar las actividades de los planteles respecto a las necesidades en las regiones que están insertas y también, fortalecer su financiamiento permanente a través del Convenio Marco para Universidades Estatales, el que establece un fondo de fortalecimiento de $300 mil millones para los próximos años.
La discusión del proyecto se detuvo en los artículos referentes a la autorización especial que sólo tendrán estas instituciones para aumentar su oferta académica, cada vez que se se necesite apoyar el desarrollo estratégico en las regiones.
Frente a esto, los parlamentarios de Chile Vamos clasificaron la medida como «discriminatoria» con las denominadas universidades públicas del G-9.
GRATUIDAD UNIVERSAL
Las condiciones para alcanzar la gratuidad universal fueron aprobadas hoy por los senadores de la Comisión de Educación, por tres votos a favor, de los parlamentarios oficialistas, y dos en contra, de sus pares de la derecha.
El proyecto de Educación Superior establece por ley los llamados “gatillos” para dar cobertura con el beneficio de gratuidad a todos los estudiantes. Los requisitos establecen las condiciones económicas que se deben cumplir para avanzar más allá de los seis primeros deciles. Esto se concretará de acuerdo al crecimiento del PIB tendencial.
El artículo que contenía la gratuidad universal tenía cinco “literales”. El primero, que establece la gratuidad hasta el 60% de la población fue aprobado de manera unánime. Sin embargo, los requisitos para ir avanzando hacia la gratuidad universal fueron respaldados sólo por los senadores oficialistas Jaime Quintana (PPD), Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC), quien reemplazó a Ignacio Walker.
Los senadores Ena von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN), en tanto, sólo aprobaron la gratuidad para beneficiar a los seis primeros deciles, y rechazaron los gatillos para la gratuidad universal, los que calificaron como inconstitucionales.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, explicó en la sesión que “para llegar al octavo decil se requiere una reforma tributaria”.
En tanto, su par de Educación, Adriana Delpiano, manifestó que “con el avance hacia más deciles estamos beneficiando a la clase media y no a los ricos, que son un porcentaje menor dentro del décimo decil”.
Los senadores Allamand y Von Baer sólo respaldaron el establecimiento de la gratuidad para el 60% más vulnerable de la población y rechazaron los gatillos para ir subiendo en cobertura.
El argumento de los parlamentarios de la derecha apunta a que consideran que el avance hacia más grupos debería establecerse por ley en la medida que las condiciones económicas lo permitan y no quedar establecido desde ya en una normativa.
Von Baer afirmó que “nuestra indicación proponía que cuando se cumple el gatillo discutamos como país si el aumento de ingresos lo queremos gastar en gratuidad o en otras necesidades del país”.
Mientras, el senador Allamand dijo que “la pregunta es si puede un Congreso predeterminar el gasto de cinco, seis o siete gobiernos futuros”. (La Tercera-Emol)
