¿Qué nos falta para adoptar como sociedad medidas y protocolos que pongan fin a abusos que son inaceptables en nuestro país? Teóricamente hoy, y luego de siete días, se repondría el servicio de agua potable en la ciudad de Osorno. El hecho -probablemente por el exceso de centralismo que aún existe en nuestro país- no ha tenido la cobertura comunicacional que se esperaría frente a una situación tan grave, que ha dejado a 200 mil personas sin este básico servicio, además de la suspensión de clases en colegios y jardines infantiles, el no funcionamiento del comercio y el irregular funcionamiento de hospitales y consultorios, quienes, pese al abastecimiento del Ejército, han debido derivar cirugías menores.
La interrupción del suministro alteró completamente la vida cotidiana de la ciudad, y pese a grandes esfuerzos de organismos públicos y privados, de municipios y regiones vecinas, la actividad se vio paralizada, generando enormes pérdidas económicas a miles de personas y poniendo en riesgo la salud de los osorninos.
Como es habitual, la noticia se centra en el hecho, en las reacciones, en las medidas que se adoptan, en las presentaciones de demandas en tribunales o las ya conocidas multas económicas.
Lo trascendente es que los servicios básicos, como el transporte público, puertos, telecomunicaciones, agua y luz, no solo se requieren para la vida cotidiana de las personas, también juegan un rol básico en la seguridad nacional de los países. Sin ellos se puede establecer la diferencia en un conflicto bélico. El ejemplo sirve para explicar lo estratégico que es definir con claridad cómo se resguardará que estos servicios -hoy en manos de privados, con capitales privados y en muchos casos con carácter monopólico- se ordenan en torno a una legislación que establezca que en situaciones como ésta, las penas puedan ser de una magnitud acorde al daño o que justifique el fin de la concesión.
Sabemos que la privatización de servicios públicos es un tema que ha generado gran controversia y que la ideología ha estado presente en la discusión. También sabemos que la crítica principal hacia el Estado era su ineficacia y la ausencia de inversiones. La privatización de los servicios permitió aquello y, por cierto, más ganancias para las empresas. Sin embargo, a poco andar, hemos constatado la alta rentabilidad del negocio y la falta de inversiones destinadas a impedir la ocurrencia de episodios críticos.
Todo indica que se llegó a un límite; la ciudadanía espera planes de emergencia claros y un rol fiscalizador mucho más severo del Estado, con normas que incluyan la salida de estas empresas del negocio si su actuar así lo amerita.
Juan Carvajal/La Tercera
