“Es la hora de Izurieta”. Así comentan en los pasillos del tribunal que dirige la ministra en visita Romy Rutherford quien indaga de forma exclusiva diversas aristas que involucran el denominado caso “Fraude en el Ejército” y que mantiene procesados a los exaltos mandos de la institución castrense por el supuesto desvío de millonarias sumas de dinero provenientes de gastos reservados. Hasta ahora el único que no ha sido encartado era el excomandante en Jefe Óscar Izurieta Ferrer, pero este jueves en una reservada diligencia llegó en compañía de su abogado para declarar como inculpado ante la magistrada.
La exautoridad castrense, quien tras dejar el Ejército fue subsecretario de Defensa, contrató para su defensa al estudio del conocido penalista Luis Ortiz Quiroga y pese a que Rotherford no lo ha procesado ya en los encuasamientos a los los generales (R) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo hay menciones a su persona, lo que se interpretó como una antesala a su actual situación judicial.
En el expediente que tramita la jueza hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta y que la ministra en visita descubrió mientras indagaba a otros exgenerales. Las sospechas que hay en torno al rol del retirado militar se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. Ambos en sus interrogatorios aluden al periodo de Izurieta.
El exalto oficial declaró que “en la época del general (Humberto) Oviedo, los pagos que se hicieron con recursos de “libre disposición para el comandante en jefe alcanzaron una suma aproximada de $ 750.000.000″, y que “lo mismo se hacía en el periodo del general Izurieta Ferrer”, con un gasto similar al de Oviedo. Izurieta, además, aparece mencionado en la declaración del general (R) Fuente-Alba, quien confirma a la jueza Rutherford el pago de una mesada de $ 800 mil mensuales a excomandantes en jefe y que uno de los receptores de estos montos era Óscar Izurieta.
Una vez finalizadas las diligencias en contra del excomandante en Jefe, la magistrada podría determinar su procesamiento. De concretarse esto se daría un escenario judicial peculiar y es que todos las exmáximas autoridades del Ejército chileno, que ocuparon el cargo tras la dictadura de Augusto Pinochet, estarían bajo cargos penales. A Fuente-Alba, Oviedo y ahora Izurieta, se sumaría el caso de Juan Emilio Cheyre quien -a diferencia del resto- enfrenta cargos por casos de violaciones a los Derechos Humanos.
Hace un par de semanas y en una nueva señal de respaldo al trabajo de la magistrada, el pleno de la Corte Suprema prorrogó su dedicación exclusiva para seguir indagando el “fraude en el Ejército” por al menos un año más. (La Tercera)
