Siguen las reacciones a la solicitud que realizó en octubre el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones. En concreto, la cartera que lidera Ignacio Briones pidió al regulador los rut de los afiliados que realizaron el retiro del 10% y los montos de los recursos girados. Esta solicitud generó diversas críticas en la oposición, mientras que hoy se sumaron cuestionamientos en Chile Vamos en contra del ministro.
El presidente de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens, expresó en radio Cooperativa su rechazo a la solicitud de la cartera de Teatinos 120. «No me parece bien que el Ministerio de Hacienda esté pidiendo a la Superintendencia la información, porque no es bueno, no es transparente, y si lo van a hacer, digan por qué lo harán, pero no puede ser. O sea, del primer 10% fue para todos, hay algunos que lo han retirado, otros no, y eso queda en libertad, lo podrán hacer más adelante, como quiera, pero el Ministerio a mi gusto no puede meterse en la vida privada de la gente».
La senadora de la DC, Yasna Provoste, indicó que «encontramos que hay una clara vulneración a la protección de datos personales» y que en caso de uso de esos antecedentes «requiere la autorización de cada persona para obtenerlos».
«¿Ministro desde cuándo necesita los rut de las personas para ver el impacto de los retiros en las administradoras de fondo de pensiones? Esto es grave y amerita un pronunciamiento urgente de la Contraloría General de la República, del Consejo de la Transparencia y, por cierto, la aclaración del propio ministro de Hacienda», aseguró.
Los diputados y diputadas de la bancada del PPD hicieron una presentación a la Contraloría para que se pronuncie sobre el oficio que envió el ministro de Hacienda.
«Es del caso que nuestra legislación, en específico la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, en su artículo 7°, consagra el principio del secreto en el tratamiento de datos, los cuales no pueden ser utilizados para una finalidad distinta a la inicialmente establecida para su almacenamiento y tratamiento. Además, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 numeral 4°, consagra como derecho fundamental, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales», indicaron en la presentación al organismo fiscalizador.
Desde Contraloría aseguraron que se han recibido denuncias por esta solicitud de información y que se encuentran analizándolas.
Mientras que la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, aseguró que a partir de las dudas que se generaron, se oficiará al Ministerio para que aclare esta acción.
INGRESAN ESCRITO AL CPLT
Esta mañana el diputado de la DC, Gabriel Silber, ingresó un escrito al Consejo para la Transparencia para que «investigue, fiscalice y sancione», sobre lo que a su juicio es una «flagrante infracción a la ley de Protección de la Vida Privada».
Según el escrito del parlamentario, «la petición del sr. ministro es inconstitucional e ilegal, toda vez que no se ampara en norma alguna que lo autorice a recabar la información de los millones de chilenos que optaron por retirar su 10% de las AFPs.
Consecuente con ello, la Superintendencia de Pensiones, al amparo de las normas de derecho público que la regula, se encuentra impedida de entregar esa información, bajo riesgo de incurrir en grave infracción y responsabilidad legal».
En esa línea, planteó que «lo único que podría entregar el requerido, es una estadística anónima de cifras y montos globales, con los grados de desagregación que se le requiera, pero sin nombre, monto y RUT de cada uno de los beneficiarios. La única excepción sería que cada beneficiario del retiro del 10%, y el nuevo probable usuario, autorice expresamente la entrega de la información por algún medio idóneo e irredaguible». (Emol)