El sistema de capitalización individual tiene la gran virtud de premiar el esfuerzo y la constancia de quienes han desarrollado su vida laboral con un empleo formal. Esto tiene un enorme mérito porque ayuda a fomentar la responsabilidad y el deseo de superación, virtudes personales que redundan en beneficios sociales. Sin embargo, la manera en que se organiza nuestro mercado laboral hace que existan informalidad y muchos trabajadores independientes. Una parte importante de ellos no ha cotizado regularmente y no tiene acceso a pensiones dignas. Algunos, porque no pudieron; otros, porque no quisieron.

Es de toda lógica ir en ayuda de quienes no consiguen cobrar pensiones dignas. Nuestra sociedad no está compuesta por individuos atomizados que solo se vinculan por contratos y velan de manera egoísta por su propio interés sin preocuparse de cómo le va al resto, sino que conforma una comunidad fraterna con un pasado, un presente y un futuro común.Más que una cuestión ideológica, la solidaridad es un requisito para la buena convivencia, un deber de justicia. No corresponde, sin embargo, promover la solidaridad a costa de la responsabilidad: ambos son objetivos compatibles.

Aunque en muchos aspectos correcta, la propuesta avanzada por la Presidenta debe afinar algunas dimensiones para no afectar el principio de la responsabilidad.

Por ejemplo, la idea de reintegrar el cobro de comisiones cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa parece populismo puro. ¿Subirán las comisiones cuando las rentabilidades sean positivas? El único efecto esperable de una medida como la anunciada es que las AFP se pongan más conservadoras a la hora de invertir y que, como consecuencia, baje en general la rentabilidad y, con ello, las pensiones.

Otro aspecto que hay que cautelar es que coticen los trabajadores que emiten boleta de honorarios, porque de lo contrario podrían beneficiarse doblemente: sus ingresos no se verían afectados -como los del resto- por el pago de la cotización y, como ello resultaría en pensiones bajas, recibirían aportes solidarios provenientes del ahorro de los demás. Pese a que la cotización de los trabajadores independientes debió haber comenzado a implementarse en 2012, eso todavía no ocurre. Este año se aprobó, con apoyo del gobierno y de todas las bancadas parlamentarias, una ley que posterga hasta 2018 esa obligación. Aunque todo el mundo entiende la necesidad de esta medida, nadie parece dispuesto a pagar el costo político de ponerla en marcha. La Presidenta no ofreció definiciones claras al respecto. Tampoco acerca de modificar la edad de jubilación, otro tema sobre el que existe consenso técnico y nula iniciativa política. Sin un cambio en este punto, no hay reforma que aguante y permita pensiones dignas. Esta es la pata coja de las propuestas presidenciales. No abordarla es una falta de responsabilidad que podría terminar echando por tierra las pretensiones de solidaridad.

La Tercera