La grave inconsistencia institucional y la fragilidad económica de las grandes mayorías, con abusos percibidos como endémicos, explotaron en la cara del sistema político nacional en los últimos días. Sin embargo, a principios de junio de 2015 yo ya visualizaba y escribía sobre el actual dilema, en este mismo medio. A continuación, quisiera compartir esa columna con todos ustedes:
“Hay quienes consideran que actualmente estamos frente a una falta de democracia, o más bien, ante un defecto o una grave limitante. En mi opinión, la democracia, como el régimen basado en la igualdad entre ciudadanos que son capaces de autogobernarse mediante elecciones voluntarias, racionales y transparentes, comenzó una lenta decadencia hace medio siglo; pero es durante los últimos años cuando ha perdido demasiado terreno y prestigio.
Lo anterior podría parecer un juicio sumamente duro. Mas, no significa que se hayan visto destruidas las instituciones formales de la democracia: el congreso, los partidos políticos, las elecciones. Sin embargo, éstas han extraviado una parte importante de su sentido originario. Así, la representación popular en cuanto a la idea de delegación de poder, se ha convertido en la representación en el sentido de una actuación teatral, televisiva, o más bien publicitaria. La identidad entre gobernantes y gobernados se ha transformado en la identificación mímica con el líder político de turno, donde priman los gestos y guiños para la audiencia, mientras que la voluntad del pueblo soberano se convierte en populismo. Lo cual no quiere decir que el pensamiento contemporáneo no deba trabajar por una nueva idea de gobierno, por una política humana mucho más sana e inclusiva. Y para hacerlo, deberá renovar la vieja doctrina política de la representación, y construir un nuevo ideario durante los próximos años – tanto filosófico como político -, que abarque e incluya las aspiraciones, las necesidades del ciudadano del siglo XXI.
El problema de fondo radica en que el liberalismo occidental – base y pilar de la democracia en Chile -, separa la vida del debido respeto a sí misma, sometiéndola al arbitrio de los más poderosos. No sólo eso, sino que además, en sus resultados ulteriores puede llegar a distinguir entre unos seres humanos de rango personal y otros que están desprovistos de las características de personas (transformados así en una masa indefinida, una estadística), poniendo a los últimos a disposición de los primeros. Es así como podemos ver en el país un flujo creciente de ciudadanos privados de un acceso digno a los beneficios económicos de la sociedad moderna, sometidos al control directo de la policía o de aquellas autoridades que consideran que deben protegerse de este flujo, de este drama humano. Todo lo cual va siendo configurado por la extensión indiscriminada de las legislaciones de emergencia.
Lo precedente nos lleva al tema de los derechos considerados como universales, donde se ve claramente que éstos son atribuidos a unos más que a otros y que incluso cuando, en el plano teórico, se atribuyen a todos, la mayoría de las veces resultan inefectivos. Esta situación no significa que debamos desentender la noción de derecho. Ninguna sociedad podría eliminarlos sin autodestruirse. Pero sí implica que debemos cambiar este uso equivocado que se hace de los derechos esenciales y repensarlos profundamente, de manera que realmente surtan efecto en igualdad de condiciones para todos”.
Los chilenos están demandando ahora cambios profundos al sistema. Llegó el momento de realizarlos, en democracia. (La Tercera)
José Miguel Serrano
