¡Chile despertó y no quiere más abusos! Si bien los malestares asociados a la excesiva privatización de derechos sociales, como salud, pensiones o educación, estallan de forma inédita, no aparecen de un momento a otro, sino que tienen mucha historia. Un ejemplo claro de esto es el endeudamiento de millones de estudiantes y sus familias por haber ingresado a la educación superior.
La historia la conocemos: frente a los déficits y restricciones del Fondo Solidario (FSCU) y los créditos Corfo, el gobierno de Ricardo Lagos, junto a sus ministros Sergio Bitar y Nicolás Eyzaguirre, impulsó en 2005 la creación de un nuevo instrumento de financiamiento estudiantil: el Crédito con Aval del Estado (CAE). Tras más de 14 años desde su creación, este crédito ha tenido como principales beneficiarios a los bancos y a las instituciones de educación superior privadas.
Por un lado, los bancos se han beneficiado de altísimas tasas de interés, de la garantía estatal y de recompras con altísimos recargos por parte del Estado. Por otro, el CAE posibilitó una expansión inorgánica de la matrícula de la educación superior, por medio del crecimiento de las instituciones privadas, caracterizadas por ser de baja calidad y cuestionadas por lucro. Como contracara, contamos con cerca de un millón de personas endeudadas con este crédito, y el doble si consideramos todos los créditos por estudiar. Estas deudas abusivas pueden alcanzar hasta tres veces el costo de sus carreras, lo que significa que muchísimas personas ven obstaculizado el desarrollo de sus vidas, acarreando esta pesada mochila. Y así, año a año va aumentando el número de profesionales endeudados, muchos de ellos subempleados o en trabajos precarios, ¡que ni siquiera están relacionados con lo que estudiaron!
El movimiento social por la educación se ha resistido desde su inicio al endeudamiento por estudiar, y con mayor fuerza durante los años 2011 y 2012. Este problema es una demanda sentida de las familias chilenas que, durante las últimas semanas, han salido a la calle con carteles y afiches relativos al CAE y deudas educativas en general.
¿Qué hacemos con esto? Entendemos que las movilizaciones de la sociedad han corrido el cerco de lo posible, y no podemos sino intentar responder con medidas concretas y que disminuyan estas injusticias. Las repactaciones y reprogramaciones a una tasa subsidiada no son suficientes. Es urgente que desde la política adoptemos medidas que constituyan una verdadera reparación para quienes han sido víctimas del endeudamiento y la privatización.
Hemos ingresado proyectos de ley que intentan resolver parcialmente este conflicto, con un apoyo transversal en el Congreso. Chao Dicom, por ejemplo, que busca sacar de los registros comerciales a deudores educacionales. O un proyecto que busca poner término a situaciones de abuso e indefensión en las que se encuentran quienes no pueden pagar. Sin embargo, el marco institucional dado por nuestra Constitución ha impedido que, aun cuando exista un apoyo transversal, se pueda avanzar en una reparación que aborde el problema de fondo. En ese sentido, es necesario que el Gobierno escuche a la sociedad y comience un proceso de condonación universal de la deuda educativa. Continuar con las millonarias compras de CAE, como establece la Ley de Presupuestos para el año 2020, con altos beneficios para los bancos, sin que exista reparación para millones de endeudados, es seguir insistiendo en las injusticias contra las que han protestado las chilenas y chilenos en los últimos días, y que no podemos seguir reproduciendo. (El Mercurio)
Camila Rojas Valderrama
Senador Partido Revolución Democrática – Frente Amplio
