En la discusión presupuestaria de los últimos años, un grupo de legisladores ha insistido en promover un “congelamiento” de remuneraciones para altas autoridades del Estado, invocando razones de justicia social. Nos parece especialmente complejo que las rentas de ciertos trabajadores públicos queden sujetas a los vaivenes de la política contingente, sin considerar el tratamiento especial que requiere el resguardo de la independencia del Poder Judicial, en el ejercicio de su función constitucional, frente a los demás poderes.
La particular función que desempeña la magistratura debe estar revestida de protección, para asegurar imparcialidad e independencia, considerando además otros factores, como la extensión de la carrera del juez, que la serie de inhabilidades e incompatibilidades a las que se encuentran quedan sujetas, o la necesidad de permanente actualización académica y perfeccionamiento profesional.
Es por esto que promovemos un debate serio en torno a la creación de un sistema que recoja la necesaria intangibilidad de las remuneraciones de quienes imparten justicia, bajo estándares técnicos adecuados, a objeto de restar a jueces y juezas de la desgastante discusión que año a año se produce en el Congreso y que debiera serles ajena en resguardo de la independencia de la función, en línea con lo que prescriben instrumentos como el Código Iberoamericano de Ética Judicial o la propia Carta Universal del Juez.
Esto supone reflexionar sobre cómo desea el Estado retribuir a trabajadores altamente calificados, mantenerles en el servicio público, a fin de que acumulen experiencia y protegerles del “terreno ardiente de la política”, para solo así tener un poder que a todos inspire igual protección, como bien señaló el profesor Jorge Huneeus Zegers. (La Tercera)
Soledad Piñeiro
