Desde la UC hemos insistido en que los principales problemas radican en la ausencia de una definición del sentido de lo público, con una propuesta que daña a las universidades tradicionales no estatales; existen serios problemas que amenazan a la autonomía universitaria, con instituciones nuevas como la Subsecretaría y la Superintendencia que se exceden en sus atribuciones y el Consejo de Calidad que pierde autonomía frente al gobierno de turno. Además, hemos denunciado la ausencia de apoyo al desarrollo de las universidades regionales, claves para el crecimiento del país; así también, la educación técnico-profesional (ETP) sigue en un lugar relegado, sin la comprensión que requiere de un apoyo especial y sostenido para desarrollarse.
Por otra parte, las ciencias e investigación en todas sus áreas no están consideradas, esto es insólito si se considera que la generación de nuevo conocimiento es crucial en la misión universitaria. Por último, esta propuesta pone en riesgo el financiamiento del sistema, amenazando la continuidad de los fondos basales y derivando la mayor parte de los nuevos recursos a la política de gratuidad, la que debe ser cofinanciada por las universidades debido a la escasez de fondos y a los cálculos del arancel regulado, los que no representan el verdadero costo de la educación. Por todo lo anterior y por ser muy amplio y general, el Cruch no apoyó el reciente protocolo propuesto por el Mineduc.
Para ahondar en este enfoque erróneo, el gobierno ha presentado un presupuesto 2017 realmente insuficiente para las urgentes necesidades de la ES. Solo para resumir los problemas, se destacan a continuación los principales aspectos que revisten preocupación: el presupuesto del AFD está estancado, solo se reajusta en un 3% nominal, sin cumplir el compromiso de hace varios años de un 5% real; los fondos de las ciencias (Conicyt) no muestran crecimiento alguno; se separan las glosas de los fondos basales de las universidades del Cruch, aumentando el camino de la discriminación.
Además, no se ve un aporte de recursos significativo al crecimiento de las universidades regionales; el presupuesto de gratuidad para las universidades se mantiene, solo crece para los estudiantes de la ETP.
No hay un nuevo cálculo del arancel regulado, lo que desfinancia a las instituciones por el aporte que deben hacer a la propuesta de gratuidad; desaparece el AFI, este año no se reintegra a las universidades del Cruch-a pesar de un compromiso formal firmado al año pasado-, afectando el presupuesto operacional de todas las instituciones. Por último, disminuyen las becas estudiantiles de todo tipo, el CAE crece de manera significativa, y no se expresa la voluntad de modificarlo a futuro.
En resumen, la propuesta de reforma a la ES y el presupuesto 2017 del sistema universitario en su formato actual son perjudiciales para nuestras instituciones, y más importante que lo anterior, para el futuro y desarrollo del país. Lo que está en juego es de real importancia. (La Tercera)
Ignacio Sánchez
