La crisis social de octubre provocó una profunda herida en el alma nacional, que aún está dolorosamente abierta. A partir del 18 de ese mes, se sucedieron manifestaciones pacíficas multitudinarias, pero también ocurrieron intensos actos de violencia. Luego vino el uso abusivo de la fuerza policial, que provocó las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno de nuestra democracia. Un año después del inicio de la crisis, el INDH sostiene que el reencuentro de los chilenos y chilenas es posible, y que llegará si abordamos con urgencia, que aún no se observa, las tareas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Independientemente de la forma como se realice, deberemos renovar nuestro pacto constitucional, que se funde en la dignidad de la persona humana.
La crisis no nació de un estallido social que fuera impredecible en sus orígenes ni tampoco inevitable en sus consecuencias. Es cierto que Chile ha experimentado un acelerado desarrollo político, socioeconómico y cultural, como pocas veces lo había vivido en su historia republicana. Sin embargo, no es menos cierto que no supimos hacernos cargo de un creciente malestar producto de un crecimiento económico que se detenía, de las desigualdades sociales, de la aguda crisis de representación política y del avance de fenómenos culturales, como el individualismo y el incivismo.
Los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos no fueron simples abusos o excesos aislados, sino que actos que, en muchos casos, se venían reiterando hace años y que ahora se intensificaron por la magnitud de la explosión social. Tampoco se nos escapa la violencia que adquirió la protesta, que implicó ataques a carabineras/os, graves daños a nuestras ciudades y la afectación profunda de los derechos y libertades de muchas personas. Siempre hemos condenado la violencia y, por ello, pedimos la más exhaustiva investigación y completa sanción de estos ilícitos. Sin embargo, jamás, bajo ninguna circunstancia, podrán justificarse las violaciones a los derechos humanos.
Es un hecho que Carabineros se ha visto sobrepasado y no ha sido capaz de garantizar ni el orden público ni el respeto de los derechos humanos en numerosas zonas del país. Ha llegado la hora de su plena sujeción al poder civil, además de una revisión a su doctrina, estructura orgánica, cultura interna y de la forma en que se regula, opera, se forma, capacita y se asciende o remueve a los funcionarios, para que toda su labor se realice teniendo a la vista el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Esta reforma debe hacerse escuchando a Carabineros, de cara y con la ciudadanía.
Como INDH estamos empeñados en las tareas de verdad, justicia, reparación y en las garantías de no repetición. La sociedad y particularmente las víctimas de lo vivido esperan una respuesta urgente y profunda, que sea proporcional a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas. Aún no la vemos con total claridad. Nos inquieta la lentitud de los procesos judiciales, la tardanza de la reforma policial y de hacer efectivas todas las responsabilidades. También, el retraso en la concepción y aplicación de mecanismos de reparación. Las causas de esta deuda son múltiples, algunas provienen del impacto de la pandemia, y otras, del sistema en general. Es perentorio fortalecer el régimen de justicia penal, toda la institucionalidad de los derechos humanos y las políticas públicas de reparación.
En nuestra historia como pueblo hemos enfrentado enormes retos, incluso superiores a los actuales. La guerra civil de 1891 o el quiebre democrático de 1973. Los terremotos de 1939, 1960 o el de 2010. En cada una de esas oportunidades nos hemos vuelto a levantar, a veces con tropezones y desaciertos, pero nos hemos levantado. Se trata de nuestra voluntad de ser, que se refleja muy bien en las palabras de Gabriela Mistral, tras el terremoto de Chillán en 1939: “La desventura no ha logrado un colapso en el país de las pruebas, que siempre las vio llegar y les dio la cara”.
Con el esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia, la adopción de medidas de reparación y la construcción de garantías de no repetición, creemos que es posible el reencuentro de los chilenos y chilenas. (El Mercurio)
Sergio Micco Aguayo
Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos
