Un cerrado rechazo han manifestado expertos en educación de distintas organizaciones a la idea que han levantado senadores del PS y PPD de que el Estado recupere el control de Inacap, que dejó de tener en 1989 cuando Corfo salió de su directorio. Uno de los primeros en reaccionar fue Mario Waissbluth, director de Educación 2020, quien afirmó, en su cuenta de Facebook, que detrás de esa idea hay «una suerte de ‘volada ideologista'» de algunos senadores. «Con todo respeto… ¡Ni con flecos!», sostuvo. Argumentó que no existen razones para ello, ya que Inacap ha sido «un gran aporte» a la educación técnica del país, «bien conectado al sector productivo»; no hay «evidencia alguna» de que lucre; y «no se le conocen sesgos ideológicos o de adoctrinamiento a sus estudiantes».
A eso se suma el «espectáculo patético» que se ha visto con la formación de las universidades estatales de Aysén y de O’Higgins, y de los 15 CFT estatales, «minúsculos, descoordinados entre sí y sin economías de escala», lo que a su juicio «no habla precisamente bien de la capacidad del Estado para gestionar estas entidades».
En ese escenario, afirma que «lo peor de lo peor sería poner una entidad pujante y ágil bajo el espantoso yugo burocrático que aplasta a todas las universidades del Estado, sujetas a gobiernos corporativos de carácter antediluviano, forzadas a actuar como ministerios vigilados por la Contraloría (…) La tramitología interna es de terror».
A su juicio, lo que se requiere hacer en el caso de Inacap es agilizar su tránsito hacia una corporación de derecho privado sin fines de lucro, «que incorpore a algunos representantes de Corfo en el directorio, como antaño», terminar de acreditar todas sus carreras, implementar programas de nivelación para estudiantes con malas competencias lectoras, «y dejarse de fumar opio ideológico que, en este caso, nítidamente, significaría un grave retroceso para la formación técnica en el país».
Una opinión parecida tiene el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, quien dijo a Emol que «no hay nada que justifique» pretender estatizar Inacap, salvo «un objetivo ideológico de potenciar el aparato estatal, echándole mano al esfuerzo que por años ha hecho el mundo privado para plasmar su sello en la calidad de la educación superior». El experto afirmó que fue precisamente el cambio de administración, desde el Estado a los gremios empresariales, «lo que permitió el desarrollo que hoy día tiene Inacap», ya que a partir de ese hecho tanto su patrimonio como la calidad de su oferta «han aumentado en términos explosivos».
Destacó que, gracias a esto, hoy cuenta con «una excelente acreditación y entrega formación de primer nivel en todas las regiones del país», y además «hay evidencia de que todo el patrimonio se reinvierte en el mismo proyecto en beneficio de sus alumnos». Por eso, ve «muy inconveniente que se pretenda revisar esa situación», más aún «cuando ha quedado en evidencia, a raíz de los casos de la U. de Aysén o de los CFT estatales, la incapacidad del Estado de llevara delante proyectos de calidad como lo es hoy día Inacap».
Advirtió que, por el contrario, un cambio en esa dirección «sólo podría llevar a poner en riesgo ese proyecto». «Uno quiere cambiar las cosas cuando están fracasando, pero cuando se trata de un proyecto exitosos no hay ninguna razón que lleve a tomar esa determinación», subrayó.
DECLARACIÓN DE INACAP
Inacap respondió a la propuesta de senadores del PPD y PS, que exigen que el Estado tome control de esta institución educacional, en medio del debate sobre los planteles técnicos.
Mediante un comunicado señalaron que «consideramos importante enfatizar que Inacap es una corporación de derecho privado sin fines de lucro desde su creación en 1966». «Inacap no tiene ‘dueños’. Sus bienes pertenecen a la corporación Inacap, no a sus miembros ni a su Consejo Directivo. Y nunca ha sido vendida, traspasada, ni menos ‘privatizada'» aseguró.
Agregaron que «Al ser una corporación de derecho privado sin fines de lucro, Inacap tiene patrimonio y personalidad jurídica propia, desvinculada del Estado; nunca hemos formado parte de la Administración del Estado, y no recibimos financiamiento estatal directo».
«Nuestros excedentes se reinvierten en infraestructura educacional, equipamiento para la docencia, tecnología y capacitación de personal administrativo y docente» enfatizó el documento que está firmado por Lorenzo Constans, presidente del consejo directivo.
El comunicado también indicó que «Nuestra finalidad primordial es entregar educación técnica y profesional de calidad, e impartir programas de capacitación, misión que hemos cumplido a cabalidad». (Emol/Agencias)
