Estamos siendo testigos del deterioro progresivo de la institucionalidad, pudiendo afirmar, sin ambages, que vivimos la gestación de un nuevo conflicto que puede afectar de diversas formas el futuro de nuestro país. A la falta de conducción política del gobierno se suman la vacilante dirección de los partidos y la desorientación del Congreso, todos ellos afectados por una amenaza inesperada: la irrupción de un Poder Judicial sobre-empoderado y que, a través de la persecución a la corrupción, puede llegar a quebrar la sustentabilidad del sistema político chileno.
En medio de esta carencia de gestión política, la paciencia de la sociedad comienza a manifestar signos de agotamiento, anunciando la llegada de problemas que, al igual que los temblores de tierra, sugieren la descarga inevitable de gran cantidad de energía acumulada. Son los grupos sociales con expectativas sobredimensionadas a partir de las ofertas demagógicas, quienes, seguramente, comenzarán a manifestar en las calles el incumplimiento de lo prometido. De este modo, podemos visualizar, por ejemplo, nuevas manifestaciones de rechazo estudiantil una vez que se confirme el mayor de sus temores: que la gratuidad comprometida por el Gobierno para el próximo año no responderá a sus expectativas.
Lo mismo para gremios tales como los de la administración pública, donde ha quedado en evidencia la grosera desigualdad existente entre los funcionarios de carrera y los miles de “apitutados”, contratados con altísimos honorarios, mientras los que hacen el trabajo reciben disminuidos beneficios por su esfuerzo. Ni hablar de los gremios de empleadores y los sindicatos de trabajadores, a quienes se les indujo un innecesario enfrentamiento, mediante una muy mal planteada “reforma laboral”, perfectamente funcional, sin embargo, para quienes sobreviven políticamente a través de la confrontación social.
Todos factores de un conflicto que emerge como inevitable, tanto por los objetivos contrapuestos que le dan origen, como por la incapacidad de gestión de quienes podrían haberlo evitado. Sin estrategias creíbles, sin honestidad y transparencia en la administración y enfrentado a la corrupción a todo nivel, el gobierno y la coalición bipolar que lo apoya, no ofrecen salida a la preocupante situación sobreviniente. La oposición, por su parte, tampoco se presenta capaz de revertir el desprestigio en que ha quedado, merced a la pésima gestión política del gobierno de Piñera y la exacerbación de las divisiones internas, debido al personalismo y ambición de un mal dirigente político.
Así, hemos llegado a un momento de la vida nacional que nos hace recordar momentos tristes de nuestra historia, cuando la institucionalidad y la paz social sufrieron heridas profundas que han subsistido por largos años. Sin pretender contar con una bola de cristal, quisiéramos visualizar aquí las posibles formas de expresión del conflicto que se avecina, descartando, desde ya las soluciones típicas de los 60 y 70 y que derivaron en el golpe de Estado. No hay hoy condiciones en Chile para que ello vuelva a ocurrir, no obstante el arrinconamiento a que han sido sometidos los militares que cumplían funciones en esos años, tanto por moros como por cristianos. Sin embargo, no se podría garantizar la reacción que los actuales cuadros pudieran tener ante un eventual caos interno que ponga en real peligro la estabilidad de la nación.
Descartada la solución militar directa, es altamente posible que, en lo sucesivo, seamos testigos de graves enfrentamientos entre diversos grupos sociales en conflicto, circunstancias que pudieran sobrepasar la capacidad de las fuerzas de Carabineros para encarar a turbas armadas como las que se han estado entrenando por años ante nuestros ojos. Tarde o temprano, el gobierno pudiera verse sin otra opción que la de recurrir a los militares para reestablecer el orden. Una decisión de tal naturaleza, junto con requerir de la aprobación del Congreso, exige también de una respuesta consistente de oficiales y suboficiales frente a sus mandos, así como de la disposición de éstos últimos para acatar el cumplimiento de las órdenes provenientes de un mando político desgastado y sin legitimidad popular y que, dada la persistente campaña en contra del mundo militar, podría no ser capaz de garantizarles que en 30 o 40 años más no serán perseguidos por “violaciones a los derechos humanos”.
Tan abusiva ha sido la campaña en contra de los viejos soldados del 73 que no sería extraño que unidades o al menos mandos claves se resistieran a cumplir órdenes de empleo de la fuerza en contra de manifestantes civiles, aun cuando éstos se encontrasen poderosamente armados. La experiencia de sus antecesores, a quienes muchas veces les ha correspondido custodiar por largos períodos de injusta detención, es motivación suficiente para que piensen dos veces antes de creer en una orden recibida, que implique usar las armas en este tipo de conflictos, provenga ésta de quien provenga.
Esta es –lamentablemente− la cosecha de la siembra de odios que ha primado en el trato jurídico-comunicacional dado a los militares en retiro, exponiendo al país a encontrarse indefenso ante una escalada de violencia social y el caos consiguiente, derivados de la insatisfacción de ciudadanos, gremios y grupos sociales que salgan a las calles a exigir el cumplimiento de las promesas electoreras.
La historia demuestra que en Chile hemos enfrentado en forma reiterada varios casos similares, siendo quizás el más conocido aquel que, en 1957, fuera denominado como “la batalla de Santiago”, donde un gobierno incapaz de administrar la crisis, debió recurrir a las fuerzas militares, provocándose una veintena de muertos y más de 500 heridos.
Nadie desea el conflicto “per se”, salvo aquellos movimientos políticos que han hecho de éste su modo de acción estratégica para llegar al poder. Por pura coincidencia, se da el caso que −al igual que en 1957 y en 1973− hoy tenemos a un partido que ha declarado reiteradamente una visión violentista, integrando el actual gobierno. No vaya a ser que la historia se repita, sin contar con la necesaria fuerza para administrar la crisis, haciendo que nos preguntemos con preocupación: ¿Quo Vadis Chile?
