El caso de las licencias médicas falsas nos pone en alerta. La buena noticia es que Chile cuenta con una Contraloría que funciona, encabezada por una contralora proba, inteligente y valiente: Dorothy Pérez.
Fue ella quien, mediante un simple cruce de datos, sacó a la luz un escándalo impresentable: más de 25 mil funcionarios públicos habrían utilizado licencias médicas falsas para irse de vacaciones. No solo es una falta de escrúpulos, es una estafa. Esos días fueron pagados con recursos fiscales: dinero de todos los chilenos. Es un fraude en toda regla, una mentira respaldada por sueldos provenientes del Estado.
Este episodio desnuda, una vez más, la “burrocracia” del aparato estatal. ¿La respuesta del ministro de Hacienda, Mario Marcel? Proponer un Comité de Ausentismo Laboral. Un disparate. ¿Cuántos comités existen ya? ¿Cuántos realmente funcionan? Se responde con más burocracia y más gasto, justo cuando el gobierno no ha cumplido sus propias metas fiscales.
Otra buena noticia institucional, sin embargo, es la existencia del Consejo Fiscal Autónomo: un organismo serio, técnico y responsable, creado para resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese consejo ha advertido que el gobierno no alcanzará la meta fiscal de 2024. Pero al ministro Marcel no le gustaron las advertencias. Lo que preocupa aún más es la seguidilla de errores de la Dirección de Presupuestos, que depende directamente de él.
¿Sabe el ministro cuántas personas han sido contratadas durante este gobierno? ¿Y si es posible desvincular, por ejemplo, a quienes se fueron de vacaciones con licencias médicas fraudulentas?
Es urgente reformar el Estatuto Administrativo. Debe existir igualdad ante la ley para todos los trabajadores. Quien incumple o comete fraude debe ser despedido de inmediato. Hoy en Chile no se puede. Los funcionarios de planta conservan un “puesto fijo” ad eternum, sin evaluación real de desempeño.
El dinero de las arcas fiscales pertenece a todos los ciudadanos. Las deudas que aumentan, también. La ética fiscal es fundamental. Gastar más de lo que ingresa es irresponsable, y responder con reformas tributarias improvisadas solo espanta la inversión en un país que necesita recuperar certezas.
Asumir un cargo público —en el Ejecutivo o el Legislativo— exige conocer la Constitución, respetar la institucionalidad y entender la realidad económica, política y social del país. El actual gobierno, y muchos de sus ministros, parecieran no conocerla. Tampoco algunos parlamentarios.
La frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende fue una muestra clara de ese desconocimiento. El episodio involucró al Presidente, una senadora, una ministra y varios asesores. Chile no está en condiciones fiscales para adquirir casas presidenciales con dinero público.
Tampoco se puede obviar la corrupción revelada por el caso Democracia Viva, ni las investigaciones abiertas en torno a la fundación ProCultura.
Y no se puede callar el caso del abogado Luis Hermosilla, que puso en evidencia el tráfico de influencias, la fragilidad institucional y los vínculos entre fiscales, políticos e incluso jueces. Bastaron unos mensajes de WhatsApp para dejar al descubierto una red inquietante.
La defensa de la institucionalidad no admite excusas: o se reacciona ahora, o el deterioro será irreversible. (El Líbero)
Iris Boeninger
