Si para cualquier gobierno la seguridad y el control del orden público en Chile hoy sería un desafío cuesta arriba, para el que encabezará Gabriel Boric, probablemente, será algo más difícil.
Llegan a La Moneda, para conducir al país por los próximos cuatro años, los principales representantes de una izquierda que ha fundado su proyecto político en correr (cuando no derribar completamente) todos los cercos de lo posible: orden social, economía, derechos y deberes, democracia representativa, institucionalidad, etc. También respecto de la tarea del Estado frente a la violencia y la delincuencia, a las que consideran más expresiones de las desigualdades y aleccionadoras de los privilegios, que males que deban ser reprimidos y sancionados en una sociedad que aspire a ser libre y justa.
Conscientes como pocos del poder del lenguaje, han sido persistentes en tratar a los victimarios como víctimas; a las piedras y las molotov como protesta social; a los violentistas como actores sociales; a la usurpación de la propiedad privada como justa reivindicación, y a la tarea de las policías como violencia institucional. A la luz del ambiente que se generó en Chile desde el 18 de octubre, hay que reconocerles un rotundo éxito (según la encuesta Cadem del 16 de enero pasado, un 33% de los chilenos cree que los detenidos del estallido son, efectivamente, “presos políticos”).
Entonces es legítimo, e incluso obvio, que para muchos sea un misterio cómo van a enfrentar cuestiones muy concretas a partir del 11 de marzo, en los enclaves que simbolizan hoy la violencia, la delincuencia y el clima de inseguridad: La Araucanía y Biobío, Plaza Baquedano, el norte.
Es cierto que post primera vuelta presidencial el discurso del hoy Presidente electo, Gabriel Boric, sufrió una metamorfosis y pasó de comprometer la refundación de Carabineros a exigir mayor dotación en barrios populares de la Región Metropolitana; y de respaldar la amnistía a imputados por delitos de la revuelta, a condenar la violencia y asegurar que durante su gobierno la ley se iba a respetar.
Pero ya no será solo una cuestión de lenguaje o del arrojo para tomar decisiones contradictorias con posiciones previas. El punto neurálgico del misterio es muchísimo más sensible. Quienes serán responsables de la seguridad de los chilenos dentro de un mes, y que hoy se muestran preocupados por la situación que enfrenta el país, llegan al gobierno con una nutrida historia de acción política, legislativa y de declaraciones públicas coherentes con una visión más condescendiente con la violencia, a la que han reconocido un poder trasformador de la sociedad.
Desde su aterrizaje en el espacio político, han rechazado total o parcialmente reformas para el control del orden público y la represión de la delincuencia. Son los impulsores de la impugnación ante el Tribunal Constitucional de una serie de normas de la Ley de Migración, las que a su juicio tenían un enfoque restrictivo y discriminatorio. Han insistido en que la violencia en el sur debe abordarse con “diálogo” y no con “más represión”. Y mantuvieron hasta hace pocas semanas un discurso público que desacredita a las policías en general y a Carabineros en particular.
La gracia de la política, por desprestigiada que esté, es que siempre ofrece caminos para enfrentar contradicciones, o para desatar nudos con propios y adversarios. Siempre hay una luz por allá a lo lejos, que indica dónde está la salida hacia la sensatez y que distingue entre dogmas y bien común. Veremos, a partir del 11 de marzo, cuál será la capacidad de las próximas autoridades de identificar esas salidas y, sobre todo, la voluntad para tomar ese rumbo. (El Mercurio)
Isabel Plá
